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El Gobierno incumple su propio Plan de Reformas: la inversión en I+D+i será inferior al 2% del PIB en 2010
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EL SECTOR PÚBLICO INVIERTE MENOS DE LO PREVISTO

El Gobierno incumple su propio Plan de Reformas: la inversión en I+D+i será inferior al 2% del PIB en 2010

“El déficit investigador de nuestras empresas implica que éstas no desarrollan conocimiento propio. (…) Un claro síntoma de este déficit tecnológico es que las empresas residentes

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El Gobierno incumple su propio Plan de Reformas: la inversión en I+D+i será inferior al 2% del PIB en 2010

“El déficit investigador de nuestras empresas implica que éstas no desarrollan conocimiento propio. (…) Un claro síntoma de este déficit tecnológico es que las empresas residentes en España solicitan diez veces menos patentes por millón de habitantes que la media de la UE-25. Por todo ello, es fundamental desarrollar actuaciones que potencien la colaboración público-privada en I+D+i”. La frase suena bien. E incluso muy bien. Y la incluyó el Gobierno en el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas en octubre de 2005. Sin embargo, tres años y medio después de ese compromiso político la realidad es bien distinta.

España incumplirá en 2010 una buen parte de los objetivos planteados. Y no sólo los relacionados con el cuadro macroeconómico, lo que parece coherente con el nuevo escenario mundial. España incumplirá objetivos que dependen exclusivamente de la acción del Gobierno, en particular en todo lo relacionado con la política de inversión en investigación, desarrollo e innovación.

El compromiso cuantitativo del Gobierno era duplicar la inversión de España en I+D+i  hasta alcanzar la media europea, pero la realidad es bien distinta. El año 2007 (último ejercicio con cifras oficiales) se cerró con unas inversiones -tanto públicas como privadas- equivalentes al 1,27% del PIB, lo que, según los expertos, hace inviable la posibilidad de alcanzar ese objetivo. Para 2008 se había previsto cerrar con una inversión del 1,6% del Producto Interior Bruto, pero con toda seguridad no se alcanzará ese porcentaje. Sobre todo en un contexto de restricciones presupuestarias, tanto por parte de las empresas privadas como públicas. El incumplimiento supone, igualmente, dejar en papel mojado la Estrategia de Lisboa en esta materia, donde se había situado el objetivo en de inversión y desarrollo en el 3% del PB en 2010, más del doble que el nivel actual.

La causa del incumplimiento no es achacable, de ningún modo, al comportamiento del sector privado. El Programa Nacional de Reformas había previsto que la contribución de las empresas privadas a la inversión nacional en I+D pasara del  48% en 2003 al 52,5% en 2008, y al 55% en 2010. Y ya en 2007 contribuyó con el 55,9% de toda la inversión en I-D-i, lo que significa que ha mejorado en 3,4 puntos los objetivos del Gobierno.

Por el contrario, quien no está cumpliendo es el sector público. En el Programa Ingenio 2010 -que articula la estrategia tecnológica del Gobierno- se preveía que la inversión del Estado creciera año tras año “en un porcentaje no inferior a un 25% anual a lo largo de esta legislatura y la siguiente”, pero lo cierto es que durante el último trienio la media de la inversión pública en I+D+i se ha situado lejos de ese objetivo (un 17% en 2005, un 16,7% en 2006 y un 17,6% en 2007, según datos del Instituto Nacional de Estadística).

En 2008, los presupuestos del Estado destinados a inversión en I+D+i civil ascendieron a 7.768 millones de euros, lo que supuso un incremento del 18,8% con respecto a 2007, es decir, también por debajo del 25% previsto inicialmente.

En la valoración que hizo CCOO sobre el grado de ejecución de los compromisos gubernamental en I+D+i en el marco del Programa Nacional de Reformas, se llamaba la atención sobre el hecho de las políticas basadas en la mera expansión de recursos económicos “no son las apropiadas”. En su opinión, lo prioritario es conocer las necesidades reales del entramado ciencia-tecnología y empresa. La patronal CEOE, por su parte, consideró que era esencial “diseminar la información relativa a los programas de I+D+i entre las empresas a fin de aumentar al máximo el número de empresas que accedan a los mismos. De otro modo, su eficacia quedaría limitada”, advertía.

“El déficit investigador de nuestras empresas implica que éstas no desarrollan conocimiento propio. (…) Un claro síntoma de este déficit tecnológico es que las empresas residentes en España solicitan diez veces menos patentes por millón de habitantes que la media de la UE-25. Por todo ello, es fundamental desarrollar actuaciones que potencien la colaboración público-privada en I+D+i”. La frase suena bien. E incluso muy bien. Y la incluyó el Gobierno en el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas en octubre de 2005. Sin embargo, tres años y medio después de ese compromiso político la realidad es bien distinta.

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