La crisis del espionaje pasa factura a Aguirre y le obliga a recular ante Rajoy

Dos semanas. Este es el tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha resistido a dar credibilidad a la trama de espionaje y a permitir su investigación. Más aislada que nunca en la Puerta del Sol, Aguirre reculó ayer ante la presión de Mariano Rajoy y aceptó que la Asamblea regional investigue los supuestos seguimientos parapoliciales a altos cargos de la política madrileña.

Durante el fin de semana, Aguirre se vio obligada a pedir consejo a su estrecho círculo de amigos y empresarios de confianza. Desde la Comunidad de Madrid ya no se esconde que la crisis se ha gestionado mal desde el primer día, y que es preciso rectificar. Aguirre se ha negado hasta ahora a entregar la cabeza de ninguno de sus colaboradores, y su estrategia defensiva la ha llevado a recrudecer su enfrentamiento con Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón, con la pugna entre El Mundo y El País como paisaje de fondo.

Pero la presidenta del PP en Madrid ha terminado cercada por varios frentes abiertos: su frustrado asalto a la presidencia de Caja Madrid, la guerra de los dossiers, el malestar de otros ‘barones’ del partido, y el clima de temor a una catarata de denuncias sobre supuestos casos de corrupción de Francisco Granados e Ignacio González. En el caso de Caja Madrid, su maniobra para desalojar a Miguel Blesa sin pactar con sus compañeros de partido puede suponer, gracias a su reforma de la Ley de Cajas, la entrega de la presidencia al PSOE. Un hecho que, de producirse, difícilmente podrá justificar ante su partido y sus votantes.

El número de dossiers circulantes por la capital también se fue pronto de las manos de la presidencia de la Comunidad. A los documentos revelados por El País se unieron los de El Mundo o Público, así como el cruce de informes entre Génova y la Puerta del Sol. En el Gobierno regional se extiende el miedo a que se haya “abierto la veda” de las denuncias, ciertas o falsas, sobre adjudicaciones o concesiones presuntamente irregulares. Así, ya se han detectado los primeros desmarques de miembros del Ejecutivo de Aguirre que, ante el previsible desgaste de su líder, comienzan a acercarse a las posiciones de Génova.

Además, el deterioro de la imagen del PP está afectando a la carrera electoral en Galicia y País Vasco, ya que los candidatos Alberto Núñez Feijóo y Antonio Basagoiti se ven obligados a responder constantemente sobre la supuesta trama de espionaje, en lugar de centrar su mensaje en los comicios autonómicos. Ayer, este fue uno de los asuntos sobre la mesa en la reunión de presidentes regionales del PP que se celebró en Madrid con Rajoy al frente.  

Suspensión del informe Cospedal

La decisión de Aguirre de permitir una comisión de investigación en la Asamblea regional fue correspondida por Rajoy con la suspensión de las pesquisas internas. El famoso informe de María Dolores de Cospedal queda así congelado hasta que los tribunales o la comisión del parlamento madrileño prueben que existen responsabilidades políticas de militantes del PP. No obstante, la declaración de Cospedal precisa que se trata de “dejar en suspenso sus trabajos” y no de un cierre definitivo. Si del procedimiento abierto por la Justicia o por la Asamblea “se derivase cualquier responsabilidad política, el PP actuará de forma inmediata conforme a los Estatutos del Partido”, advirtió la secretaria general ‘popular’.

Por su parte, el PSOE aprovechó la interrupción de la investigación interna del PP para tratar de minar la imagen de Rajoy. Los socialistas acusaron a Rajoy de ser “incapaz de imponer una investigación sobre el PP de Madrid”, y sostuvieron que en la investigación interna “se deben dilucidar responsabilidades política hacia sus electores”.