¿Se gana el sueldo Enrique Múgica?

Distinguido en Francia con los máximos honores, la legión de honor, pero cuestionado en la vida política nacional. Enrique Múgica, 76 años y Defensor del Pueblo desde el año 2000, continúa en el ojo del huracán de los partidos nacionalistas por su empeño en dotar de un marcado partidismo su labor como alto comisionado para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Su pecado original, el recurso de inconstitucionalidad que presentó contra el Estatuto de Cataluña, y la “pasividad” con la que, dicen sus detractores, desarrolla sus funciones.

El paso del tiempo no ha templado los ánimos en las filas nacionalistas, que el año pasado, de forma inédita hasta la fecha, pidieron la dimisión de Enrique Múgica por recurrir el Estatuto de Cataluña. PP y PSOE son los únicos que defienden públicamente su permanencia, aunque los socialistas intentaron sin éxito en el año 2005 que Carmen Alborch sustituyese en el cargo a Múgica, ex ministro de justicia y socialista en excedencia. La elección requiere una mayoría de 3/5 y el concurso del PP, firme defensor de Múgica, fue imposible.

“Es un defensor que se caracteriza por opinar mucho sobre política y poco sobre Derechos Humanos”, opina el portavoz de ICV, Joan Herrera. “Por ejemplo, en materias en las que hay muchas quejas como inmigración o memoria histórica no ha jugado ningún papel, ni se conoce su opinión. Es una ofensa que como no ha hablado sobre lo que debía conviene que siga tanto al PP como al PSOE. Al primero por su discurso político centralista y al segundo porque no plantea ningún tipo de problemas al Gobierno”.

“Algunos creen que si las instituciones no opinan como ellos, entonces esas instituciones no están legitimados”, señala a favor de Múgica el portavoz popular en la comisión mixta del Defensor, Ricardo Tarno. “Es una persona prestigiada y prestigiosa. Lo que pasa es que a algunos les encanta mirarse al ombligo y lo que no es igual que su ombligo no les gusta. Mal favor le haría a la sociedad española si el Defensor no presentase un recurso de inconstitucionalidad porque cree que no se están respetando los derechos de todos los ciudadanos”, añade.

División sobre su papel

¿Cuál debería ser la labor del Defensor del Pueblo? ¿La de un pepito grillo del Poder? ¿La de una continua denuncia de las irregularidades de la administración? Según Emilio Olabarría, se trata de una institución de contrapoder, papel que, a su juicio, no se cumple con su actual titular: “Mugica tiene una actitud muy pasiva, de mero contable de las denuncia que recibe y tramita, a las que no aporta ninguna solución. Lee el informe anual como si estuviera leyendo el informe del Banco Santander”.

“Yo no soy un contrapoder, sino un comisionado de las Cortes Generales para defender los derechos fundamentales”, replica Múgica. “Yo no tengo potestas. Tengo simplemente la autoritas que me da el trabajo que hacemos en la institución. La potestas es propia del Poder Ejecutivo, sea Ejecutivo del Estado, del Gobierno de España, de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos”. Una autoritas que cada vez es más apreciada por los ciudadanos, según demuestra reiteradamente el CIS, que sitúa su institución como “una de las más elogiadas, entre las menos criticadas y entre las más aplaudidas por los ciudadanos”, recuerda Múgica. “No creo que su papel sea el de proponer soluciones, eso le corresponde al poder ejecutivo”, añade el portavoz popular. “Si el Defensor descubre un mal funcionamiento, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, no suple la labor de los alcaldes ni de los concejales de ese ayuntamiento, que deben buscar la fórmula de solucionar el problema”, señala.

Pero los ataques más duros le llegan al Defensor por parte del también vasco Iñaki Anasagasti, quien no duda en cargar las tintas muy duramente hacia la labor de Múgica a quien a acusa de “vividor y malversador de su cargo y traídor de la militancia socialista”. “Amante de los toros y del dolce far niente, todo un sinvergüenza y un vividor cuya única defensa como Defensor ha sido hasta ahora la de su barriga y el recurso contra el estatuto catalán, aunque acepte y no diga absolutamente nada de artículos idénticos del estatuto valenciano o del andaluz”, señalaba recientemente el senador nacionalista en su blog personal. “El PSOE lo quiso quitar y sustituir por Carmen Alborch, pero como es bastante maniobrero, logró el apoyo del PP. Pero está en las últimas. Es un bont vivant que solo vive de la política”, añade Anasagasti a preguntas de este diario.

Múgica, por su parte, niega ser pasivo a la hora de proponer soluciones a los problemas detectados por su institución. Cita, por ejemplo, las visitas sin previo aviso que cada 15 días se realizan a las cárceles españolas para comprobar el estado de los presos y velar porque no se produzcan casos de malos tratos. Durante el 2007, el periodo sobre el que acaba de presentar su informe anual, el equipo del Defensor del Pueblo tramitó las quejas de 38.738 ciudadanos. “Todos los grupos nos deberíamos plantear su figura para que fuera más eficiente”, concluye Montserrat Surroca, de CIU. “Su equipo recoge en el informe anual un registro detallado de cuál es la situación de los ciudadanos frente a la Administración. Hace falta que, ante estos datos, sepamos reaccionar y que las recomendaciones del Defensor sean tenidas en cuenta. Su figura se debería adaptar a los tiempos”.