De los 'socios' billonarios a la lista de morosos: la trastienda del sueño extremeño del genoma

José Larrasa no solo tiene problemas con sus acreedores, su abogado y su auditor. Según consta en el registro oficial de la Agencia Tributaria, Global Invest Agrotech, una de las sociedades por las que ha sido demandado, adeuda 13,7 millones de euros al Ministerio de Hacienda, después de haber recibido ayudas públicas por una cantidad similar. Fuentes próximas al empresario extremeño aseguran que ya ha abonado dicho importe y que las acusaciones de blanqueo de capitales son falsas, al tiempo que ha intentado hacer una megagranja de pollos en Arabia Saudí por 1.600 millones de euros.

Un abogado que se hace llamar Luis Martínez aseguró este jueves a El Confidencial que Larrasa ya ha hecho efectivo el pago de esos 13,7 millones y que, por lo tanto, Global Invest Agrotech ya no aparecerá en la próxima lista de morosos de Hacienda, en la que está desde 2020. El citado letrado, al cual José María García Santos, el que hasta el pasado 18 de enero defendía la presunción de inocencia del investigador extremeño, no conoce, añade también que dispone de un certificado del Banco de España en el que se asevera que su cliente no ha cometido ningún delito de blanqueo de capitales.

Global Invest Agrotech, Laboratorios Dr Larrasa, Larrasa Animal Genetic, José Larrasa y Angela Lacombe han sido acusados de este delito, según consta en el auto de diligencias previas del Juzgado número 2 de Badajoz del pasado 15 de enero. Según este documento, tras la denuncia de la Agencia Tributaria, la jueza ordena que “dada cuenta el anterior escrito presentado por la abogada del Estado, únase y visto su contenido y a efectos de librar comisión rogatoria internacional a las autoridades brasileñas, requiérasele la concreción de forma pormenorizada y detallada de la información que precise y en relación a qué cuentas bancarias y sociedades”.

[Diligencias en el juicio por blanqueo de capitales]

Según fuentes jurídicas, el presidente del grupo declaró el pasado 18 de enero sobre esta acusación, el mismo día que José María García Santos, abogado del Estado en excedencia, renunció a su defensa, al considerar que le había ocultado determinada información relevante sobre otros procesos. Entre otros, según su versión, la querella presentada por Deloitte contra Larrasa por presunta falsificación de la firma y el sello de la auditoría de la compañía, "animado por el deseo de obtener ilícito beneficio, tratando de aparentar mayor solvencia de la que ostentaba la sociedad con el fin de conseguir financiación de la entidad estadounidense MSD Partners".

Dos gigantes

Así consta en un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en el que el Ministerio Fiscal pide en junio de 2023 la apertura de juicio oral, al exponer que Larrasa ordenó a un empleado que "llevaba escasos días trabajando en la empresa" que enviara a MSD Partners “un informe supuestamente elaborado por Deloitte” en el que se incluyeron "datos económicos que no se correspondían a la realidad". La citada firma no es otra que el family office de Michael Dell, el billonario empresario estadounidense fundador de Dell Tecnhologies, con una fortuna de 80.000 millones de dólares, que finalmente no prestó dinero a Larrasa "al descubrirse el ardid", según el documento del juzgado de Sevilla.

[Querella de Deloitte]

Tampoco lo hizo Cargill, el gigante estadounidense con el que la compañía pacense había firmado presuntamente un acuerdo para concederle financiación por 115 millones de euros. Con ese dinero, Larrasa pretendía devolver los 100 millones que en 2019 le prestó el fondo británico Pemberton, que ha dado créditos en España por casi 1.000 millones. La multinacional, uno de los mayores productores mundiales de cereales, suspendió el acuerdo al comprobar que los contratos de venta de huevos fértiles a dos empresas de Brasil eran supuestamente falsos, según la demanda interpuesta por Eureka Corporate, la consultora que intermedió la operación y que exige 3,5 millones a Larrasa.

El presunto abogado de la compañía extremeña asegura en la conversación telefónica con El Confidencial que no existió ninguna relación de financiación con Cargill y que Javier Saavedra, responsable de Eureka Corporate, es un "chantajista y lo puedo demostrar". Luis Martínez se comprometió ayer a enviar documentos sobre Saavedra, pero finalmente no lo hizo. Por el contrario, este medio tiene en su poder fotos y contratos entre el consejero delegado de Larrasa, el ejecutivo de Eureka y responsables del gigante norteamericano.

Laboratorios Larrasa recibió en 2017 del Ministerio de Industria un préstamo a tipo bajo de 12,7 millones para financiar una línea de secuenciación de genomas humanos mediante nanotecnología, así como de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) por 1,5 millones y de Extremadura Avante, un vehículo de ayuda a las empresas locales, por 2,9 millones.