Criteria y el FROB suben al 50% del capital en CaixaBank con el BCE en guardia

Los dos principales accionistas de CaixaBank, la Fundación la Caixa y el Estado a través del FROB (Fondo de Reestructuración), están a un paso de superar el 50% de su capital en el banco. Estas dos instituciones pasarán en un par de meses del 49,5% que tienen actualmente al 50,4% tras la última recompra de acciones. Todo si deciden, como todo apunta, no vender títulos cuando CaixaBank proceda a la amortización de los 129 millones de acciones adquiridos en los últimos meses.

Esta situación se produce en un momento de tensión en el sector empresarial por la ola intervencionista del Gobierno, tras casos como los de Telefónica e Indra, y de muchos rumores en torno al interés de los partidos catalanes de entrar en la Fundación la Caixa.

Este escenario tiene en guardia al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco de España, cuya prioridad desde el último rescate financiero ha sido que el sector financiero se mantenga aislado frente a los políticos. De hecho, como publicó este medio, el deseo del supervisor español sería que las fundaciones bancarias redujeran su peso en el sector para alejar este riesgo.

CaixaBank es el mayor banco por activos en España, con un balance de 611.000 millones (cifras de septiembre), que bajan a unos 570.000 sin contar el negocio portugués de BPI. Se sitúa muy por delante de los 490.000 millones de Santander y los 440.000 millones de BBVA. En el mercado, se espera que gane unos 4.800 millones de euros, de los que más de la mitad se repartirá entre sus accionistas.

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En este contexto, está el control accionarial de CaixaBank. La entidad tiene establecidos cortafuegos para evitar que los grandes accionistas dominen el banco: dos tercios de los consejeros son independientes, frente a dos ejecutivos y tres dominicales (dos de La Caixa y uno del FROB). El BCE pondría trabas a cualquier cambio en esta línea. Una de las líneas de defensa del banco han sido hasta ahora la Fundación la Caixa y Criteria. Presididas por Isidro Fainé, han mantenido lejos a los partidos políticos incluso en momentos complejos como los de 2017, cuando la declaración unilateral de independencia (DUI) puso en peligro la estabilidad del sector financiero catalán.

El peso que han ganado Junts y ERC en la actual legislatura ha hecho que se hable cada vez más sobre su interés en controlar la fundación y forzar el regreso de sus participadas (CaixaBank y Naturgy, entre otras) a Cataluña. A día de hoy, es un plan lejano, dado que las fundaciones bancarias son tuteladas por el Ministerio de Economía (salvo las vascas) y estas son soberanas de elegir a sus propios patronos.

En este entorno, en el entorno supervisor y la propia CaixaBank preferirían que el Estado hubiera aprovechado la subida de la acción de los últimos años para reducir su participación. Lejos de ello, la posición es la contraria, como señaló en una entrevista a este medio Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, cuando era secretario general del Tesoro: "En principio, la decisión con respecto a la participación en CaixaBank por parte del Estado es de seguir apoyando y apostando por la recuperación de valor de las acciones de CaixaBank (...) No entraremos a vender".

Cuerpo ha diseñado esta estrategia en los últimos años con la que era presidenta del FROB, Paula Conthe, que fue nombrada para liderar el Tesoro la semana pasada. En el sector se cuestionan si el Estado podría haber perdido una oportunidad de oro antes de que empiecen a bajar tipos de interés en los próximos meses. Otros países como Países Bajos, Reino Unido, Italia y Grecia sí dieron pasos en esta línea en 2023.

El rescate de Bankia costó unos 24.000 millones de euros (incluyendo a BMN). De estos, a día de hoy, el FROB tiene una participación de 5.000 millones, teniendo en cuenta la futura amortización. Y ha recuperado entre ventas parciales y dividendos unos 4.500 millones, incluyendo el correspondiente a 2023. En total, unos 9.500 millones, que acercan al 40% la recuperación de las ayudas del mayor rescate de la historia. La apuesta del Gobierno es que la cifra aumentará manteniendo las acciones. Y mientras, también retendrá la influencia, a pesar de los peligros del pasado.