Portazo de la Audiencia a la estrategia de BBVA, FG y Cano en el caso Villarejo

La Audiencia Nacional cierra la puerta a los últimos intentos de BBVA, su expresidente Francisco González (FG) y su ex consejero delegado, Ángel Cano, de zanjar o limitar el caso Villarejo. El juez Manuel García-Castellón ha dictado varios autos en los últimos días que se posicionan en contra de estos imputados, algunos de los principales del caso que se instruye desde 2018.

Varios de ellos se dirigen contra los intereses de BBVA. Así, el magistrado y los fiscales niegan al banco presidido por Carlos Torres su intento de que se cierre ya la instrucción y de que las acusaciones no puedan acceder directamente a su investigación interna, sino que tengan que hacerlo a través de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional.

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Jorge Zuloaga

Junto a ello, la Audiencia rechaza la tentativa de FG y Cano de que se archive por prescripción parte de la causa por la que están investigados, al considerar que todo lo anterior a 2008 sí puede ser investigado.

"La petición formulada por la representación de Francisco González debe ser desestimada. De las diligencias de instrucción practicadas hasta este momento se desprende que existen indicios de la comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen, y la figura del delito continuado orillaría la prescripción de los hechos de 2004", expone el auto dictado por García-Castellón.

Los imputados argumentaban que el plazo de prescripción era de 10 años, agarrándose a la doctrina Galán (por el archivo del caso Villarejo para el presidente de Iberdrola). Con ello, habría que archivar la investigación respecto a los primeros contratos del banco con Villarejo, de 2004 y 2005, durante el asalto de Sacyr. Pero la Audiencia fija el plazo de prescripción, de momento, en 15 ejercicios. Entre otros motivos por los que los presuntos delitos serían continuados.

Dardos de la Fiscalía

El último cruce de escritos deja un nuevo choque entre la Fiscalía Anticorrupción y BBVA. Se debe sobre todo a la petición del banco vasco de que se anulara la prórroga del caso dictada a finales de abril, cuestionando los argumentos de los fiscales y acusándoles de dilatar la instrucción innecesariamente.

Frente a ello, desde la Fiscalía aseguran en su escrito que "no ha sido posible concluir la instrucción como consecuencia de la aportación múltiple, sesgada y claramente meditada conforme al derecho de defensa de la persona jurídica". "La prórroga no se basa en futuribles diligencias que se puedan derivar, sino que se basa, en que no se deje a la voluntad de una única defensa la instrucción de la causa", añaden.

Anticorrupción también dedica un extenso escrito (45 páginas) a explicar por qué las acusaciones deben poder acceder con cierta libertad a los 2,3 millones de archivos de la investigación interna de BBVA. Al menos hacerlo a través de un perito nombrado por ellas.

"Toda parte ha de tener acceso a las fuentes de prueba que sirven de sustrato a los informes periciales, pues el derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la igualdad de armas procesales, de tal manera que, únicamente se podrá presentar un contrainforme pericial, si se dispone, al menos, de la fuente de prueba que ha utilizado el primer perito", señalan los fiscales.

En este escrito, la Fiscalía deja clara su posición sobre el forensic que hizo para el banco PwC, al considerar que no fue independiente por las instrucciones que la Big Four fue recibiendo de Garrigues y Uría Menéndez.