BBVA da información distinta a la SEC y a la CNMV sobre el caso Villarejo

BBVA ofrece información distinta sobre el caso Villarejo a sus dos principales supervisores bursátiles: la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y su homólogo en Estados Unidos, la SEC. La entidad presidida por Carlos Torres da una versión más escueta y resumida ante la SEC sobre la investigación por la que está imputada en la Audiencia Nacional, mientras que al supervisor español se le ofrece un "complemento" en el que asegura que no hay "ningún tipo de implicación" por parte del banco, de sus consejeros y del presidente ejecutivo.

Desde la entidad, explican que en el informe de la SEC (20-F) hay referencias a la documentación colgada en la CNMV y en la propia web del banco. "Está disponible para todo el mundo y coincide con los mensajes" que se han dado desde el principio. Aun así, la SEC no supervisa los documentos de los que se hace referencia indirecta.

Expertos legales consultados por este medio señalan que todas las empresas cotizadas revisan con mucho cuidado la información que dan a la SEC, ya que este organismo norteamericano es más severo y exige responsabilidades por cualquier desvío de información.

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Dichas fuentes ven especialmente sensible como para ser publicado ante la SEC el siguiente párrafo del informe de gobierno corporativo de la CNMV: "De la documentación relevante obtenida en la investigación interna contratada por la entidad en 2019 para contribuir al esclarecimiento de los hechos, no hay ningún tipo de implicación de ninguno de los actuales miembros del consejo de administración, ni del actual presidente ejecutivo de la entidad, ni se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del banco. BBVA defiende que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad".

Estas afirmaciones giran en torno a uno de los puntos más polémicos del caso BBVA-Villarejo: la investigación interna de BBVA, liderada por Garrigues y Uría Menéndez y cuyo forensic se encargó a PwC. Este trabajo ha sido cuestionado por las acusaciones del caso, la Fiscalía y el juez Manuel García-Castellón. De hecho, Anticorrupción llegó a hablar de "manipulaciones" en referencia al forensic.

¿Investigación parcial?

Una de las críticas que se le hacen es haber dejado de lado a una parte de los potenciales investigados, el presidente Torres y algunos de sus directivos de confianza, como Ricardo Forcano, a pesar de estar incluidos en listas previas realizadas por sus Servicios Jurídicos. El banco ha defendido que estos directivos y otros han sido investigados indirectamente, dentro de los correos de los ejecutivos que sí han sido examinados. Pero la Fiscalía ha pedido recientemente que se analicen medio millón de correos (hits) que hasta ahora no se habían tenido en cuenta y que podrían cuestionar las afirmaciones ante la SEC, en el caso de que surgieran pruebas que hasta ahora no estaban sobre la mesa. Es decir, podría haber un riesgo en el hecho de no haber investigado la involucración directa de sus actuales consejeros y decir ante los supervisores que de la "documentación relevante obtenida" no aflora "ningún tipo de implicación".

Fuentes del caso Villarejo creen que la entidad podría exponerse incluso a alguna investigación de la CNMV por posibles incumplimientos de la Ley del Mercado de Valores y del Reglamento 596/2014 sobre abuso de mercado, al dar a entender que se ha investigado al consejo, con mención expresa al presidente, y no haberlo hecho.

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En concreto, el reglamento europeo especifica como información engañosa "la omisión intencionada de información de hechos importantes, así como en la transmisión conscientemente imprecisa de información". Fuentes legales consultadas por este medio ven difícil que se le abra un frente al banco por estos hechos, pero defienden que la entidad debería dar más contexto o ampliar la investigación interna. Y, en cualquier caso, entienden que no se incluyan estas afirmaciones ante la SEC.

A este respecto, la entidad concreta ante el supervisor de EEUU la fecha en la que se abrió el caso "por supuestos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios" y que "determinados directivos y empleados del grupo, tanto actuales como de una etapa anterior, así como antiguos consejeros también están siendo investigados en relación con este caso". "El banco ha venido colaborando y continúa haciéndolo de manera proactiva con las autoridades judiciales, habiendo compartido con la Justicia la documentación relevante obtenida en la investigación interna contratada por la entidad en 2019 para contribuir al esclarecimiento de los hechos. A la fecha de este informe, no se ha realizado contra el banco acusación formal por ningún delito", añade.

Prórroga

El caso sigue en instrucción a la espera de que en los próximos meses se decida su archivo o pase a juicio oral, momento en el que podría haber ya una acusación formal contra BBVA. El juez García-Castellón decidió hace dos semanas ampliar la investigación hasta finales de julio, aunque el banco acaba de recurrirlo. Argumenta que ninguna de las pruebas pendientes —entre ellas, la revisión del forensic— son esenciales. De hecho, califica como "superfluas, hipotéticas y futuribles" las diligencias "que se contienen en el auto de prórroga".