¿Vuelta a la época de las cajas? La banca, en guardia ante la ola de intervencionismo

Se encienden las alertas en la banca. El sector financiero ha visto acercarse en los últimos meses la sombra del mayor intervencionismo desde la época de las cajas, que marcó un antes y un después en la relación de la política y la banca. Tras más de una década con relativa calma en esta materia, las entidades están preocupadas por las críticas permanentes que reciben desde el Gobierno, el incremento de la influencia del BOE (Boletín Oficial del Estado) en su día a día, y movimientos recientes que ha habido en torno al consejo de gobierno del Banco de España, según banqueros consultados por este medio.

El último síntoma de este problema ha tenido lugar esta semana, con unas declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra Ione Belarra, ambas nombradas por Unidas Podemos, pidiendo la intervención del precio las hipotecas, ante la subida del euríbor y los "impúdicos" beneficios de los bancos.

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Pero para las entidades esto es solo la punta del iceberg. Tan solo una semana antes, las críticas llegaron del frente socialista del Gobierno, con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza.

Las fuentes consultadas temen que, ante las próximas elecciones, los partidos del Gobierno entren en "una espiral peligrosa que no sepan detener" y difumine la separación fijada en el rescate financiero de 2012. A este salvamento se llegó tras una crisis formada durante las décadas anteriores en la que se consideró que la gobernanza fue determinante. Lo fue debido a la injerencia política en las cajas de ahorros, receptoras de buena parte de los 60.000 millones de ayudas públicas.

A cambio del rescate, la troika europea (BCE, FMI y la Comisión Europea, a través de la DGComp en la que estuvo Calviño) exigió el desarrollo regulatorio en España que asegurara la separación de política y entidades financieras. El entonces ministro, Luis de Guindos, respondió con una ley que fue criticada por parte la oposición (PSOE y nacionalistas) que separaba por completo la gestión de las entidades, sus accionistas (fundaciones bancarias) y los políticos.

Junto a ello, en 2014 se pusieron en marcha distintas regulaciones europeas por las que se cedió el timón de la supervisión bancaria y la resolución, que tres años después se testó con Banco Popular. "No hay motivo, desde entonces, por el que el Gobierno o administraciones locales puedan influir en entidades privadas supervisadas por el BCE", exponen las fuentes consultadas.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos meses ha encendido muchas alarmas en la banca. Las entidades pasaron de ser unos de los héroes del covid, adelantando pensiones y suministrando liquidez a las pymes, a convertirse en el problema. Desde entonces, se han enfrentado a críticas más o menos justificadas por los ERE (Expediente de Regulación de Empleo) de 2020 y 2021, por los sueldos y, más recientemente, por los beneficios derivados de la subida de tipos. Junto a ello, han tenido que preparar bajo encargo del Gobierno soluciones por el éxodo rural, la mala atención a los clientes mayores, la subida del euríbor y encajar el nuevo impuesto.

"Cuando te critican tienes que asumirlo, aunque no seas partidario. Tenemos que ser profesionales, reflexionar si son las críticas son adecuadas e interiorizarlas si es necesario", señaló este viernes el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri. Este banquero ya estuvo en el ojo del huracán por las críticas de Calviño a los sueldos del sector, que llevaron al segundo accionista de este grupo, el FROB (Fondo de Reestructuración) a votar en contra de su remuneración en 2021 y abstenerse en 2022.

Reacciones

Lejos de la corrección de las palabras del financiero vasco, en el sector se ve con mucha preocupación que las críticas al sector sean cada vez más frecuentes e intervencionistas. Eso ha llevado a otros presidentes como Ana Botín, de Santander, y Carlos Torres, de BBVA, a recordar que determinadas medidas pueden ser desastrosas para la economía y expulsar a los vulnerables de productos financieros como las hipotecas.

Pero más allá de las declaraciones, hay un movimiento que preocupa mucho en la banca: el de la renovación del consejo de gobierno del Banco de España, en el que, según publicó El Mundo, ha habido movimientos del PSOE para romper el pacto y quitar sillas al PP. A través de este órgano se pueden condicionar determinadas decisiones de gestión de los bancos, así como en las críticas abiertas a la gestión económica del Gobierno.

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Los principales puestos del Banco de España (gobernador y subgobernadora) se reparten entre PP y PSOE. El gobernador Pablo Hernández de Cos fue nombrado in extremis por Mariano Rajoy, y la subgobernadora Margarita Delgado fue elegida por el equipo de Calviño. Junto a ellos, hay otros seis cargos que suelen repartirse con tres para el partido del Gobierno, dos para el de la oposición, y uno de la cuota catalana. Sin embargo, el PP solo tiene uno actualmente y ha estado cerca de perderlo. Finalmente, se le dejará proponer a un sustituto para Fernando Eguidazu, el saliente.

En el sector se ve con mucha preocupación que la guerra que ha habido en torno al poder judicial y otras instituciones llegue al Banco de España, donde la independencia es clave como contrapeso (a la hora de evaluar impactos de las políticas económicas) y como última línea de defensa para que no vuelvan a repetirse los errores de la última crisis financiera.