El Estado hace un roto de 500 M por retrasar el pago del rescate de las autopistas quebradas

No iba a costar un euro al contribuyente y ya va para algunos miles de millones. El rescate de las concesionarias de nueve autopistas quebradas (las cuatro radiales, la M-12, la AP-41, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera) se ha convertido en una auténtica losa para las cuentas públicas, que además de hacer frente a la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) se enfrenta a otro agujero de entre 500 y 800 millones en intereses de demora.

Esta cifra es adicional a los 1.021 millones de euros en que, hace un año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifró el coste final del rescate de las autopistas, importe ya entonces provisional y que promete incrementarse tras una sentencia del Tribunal Supremo de principios de este 2022 que echa para atrás algunas de las minoraciones que utilizó el Estado para abaratar la factura de la RPA.

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Rafael Méndez

Hace casi cinco años que se declararon en liquidación las primeras de estas vías de pago, momento a partir del cual los fondos que compraron la deuda de las concesionarias empezaron a poner en marcha el marcador de los intereses de demora, una factura que cifran ya en casi 500 millones de euros, según ha podido contrastar este medio, pero que amenaza con llegar hasta 800 millones si continúa la misma dinámica que hasta ahora.

Según la metodología aprobada por el Gobierno y corregida por el Supremo, este compromiso de pago devenga intereses de demora al 4,5% o al 8%, dependiendo de la autopista, desde que se debió determinar la RPA, plazo que empieza a rodar a los cinco meses de la fecha en que adquirió firmeza el auto declarando la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria. Y los primeros se remontan a 2017.

Consciente de que aquella primera estimación de 1.021 millones no era definitiva, el método de cálculo que estableció el Gobierno ya fijó que la factura final podía terminar siendo muy superior, de hasta un máximo de 3.300 millones de euros. Solo cada mes de retraso en el cálculo y pago de la RPA conlleva un coste adicional de entre siete y 11 millones de euros para las arcas públicas.

La perversa y generaliza práctica de la Administración, con gobiernos de todo signo, consistente en dilatar y judicializar las reclamaciones, ha llevado a que, tres años después de que se aprobara el método de cálculo de la RPA, sigan todavía estando pendientes de publicar los valores iniciales de la R2 y de practicar varias liquidaciones adicionales en las otras ocho autopistas, según denuncian los acreedores.

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Para los fondos, resultan especialmente destacables los casos de Ciralsa (Circunvalación de Alicante) y Aucosta (Cartagena-Vera) cuyas RPA sostienen que deberían haberse pagado hace casi cinco años, cuando los juzgados dictaron orden de liquidación irrevocable, y por el momento solo cuentan con una cifra provisional, lo que hace que continúen acumulándose intereses, que suponen ya un 36% de incremento, unos 230 millones de coste adicional.

En el caso de la AP-36, ya se ha publicado el valor inicial de la RPA y el Gobierno ha realizado el pago, pero el sobrecoste por el desembolso tardío ha supuesto para todos los contribuyentes casi 100 millones de euros en intereses de demora.

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EFE

Cuando el Estado, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), ha ido publicando sus resoluciones de pago, las cifras que ha dado han sido siempre al margen de intereses, una factura que amenaza con casi duplicar los números reconocidos por el Gobierno como RPA. Y eso, a la espera de que se aclare cuál va a ser la cifra final del rescate, ya que concesionarias y fondos han encontrado en el fallo del Supremo un potente argumento para exigir un desembolso superior a los 1.000 millones fijados como RPA.

Los acreedores siempre han defendido que la factura final debía rondar los 2.300 millones y continúan peleando cada nueva liquidación, porque consideran que los técnicos del ministerio continúan aplicando incorrectamente la norma, lo que se traduce en retenciones indebidas, reclamaciones y nuevos intereses de demora. Este medio ha intentado contrastar con Transportes los cálculos de los acreedores, pero al cierre de esta edición no ha tenido respuesta.