Ábalos busca abogados expertos en despidos y conflictos laborales para las autopistas quebradas
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Sindicatos piden mejorar sus condiciones

Ábalos busca abogados expertos en despidos y conflictos laborales para las autopistas quebradas

Sagardoy, Ramón y Cajal o Cuatrecasas pugnan por un contrato de Seittsa que requiere "asesoramiento en procedimientos de modificaciones de condiciones de trabajo, movilidad geográfica o despido individual o colectivo", entre otras tareas

placeholder Foto: El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

El Gobierno busca asesores legales expertos en materia laboral para lidiar con el personal que heredó de las autopistas quebradas. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ultima la contratación de un gran despacho de abogados que preste "servicios de asesoramiento jurídico y legal en materia laboral y demás materias conexas y la defensa en juicio de los intereses de Seitt en el ámbito de la jurisdicción laboral", según consta en documentación oficial.

La empresa pública que gestiona las autopistas quebradas, presidida por Julián López Milla, exdiputado del PSOE próximo al ministro José Luis Ábalos, pide al despacho que contrate, entre otras cuestiones, "asesoramiento en procedimientos de modificaciones de condiciones de trabajo, movilidad geográfica o despido individual o colectivo".

En el alcance de los servicios a prestar, la firma dependiente del departamento dirigido por Ábalos también solicita "asesoramiento en procesos que conlleven sanción o despido, sean estos por causas objetivas o disciplinarias". De la misma forma, esta licitación pide que se dé "representación y dirección letrada en procedimientos judiciales o arbitrales en los que no intervenga la Abogacía del Estado".

Puja de Sagardoy, Ramón y Cajal o Cuatrecasas

Para dicha tarea, se están postulando los despachos en materia laboral más expertos y habituales en la representación de grandes empresas. Hace pocos días, Seittsa detallaba que a este contrato de asesoría aspira Sagardoy Abogados, uno de los bufetes más reconocidos en el mundo de la empresa y el principal asesor de compañías que quieren abordar procesos de extinción de empleo y conflictos de las compañías con sus trabajadores. Trabaja en grandes ERE como los de El Corte Inglés, Banco Santander, Indra u otros procesos traumáticos en el pasado como el de Coca-Cola.

Foto: Edificio de El Corte Inglés en Madrid. (EFE)

También puja por el contrato Ramón y Cajal Abogados, que subraya que su área laboral "destaca en la asesoría de procesos extintivos tanto de carácter individual como colectivo, relaciones laborales de alta dirección, mecanismos de flexibilización de condiciones de trabajo, auditorías laborales, negociación colectiva o litigios".

Otras grandes firmas que pujan por el contrato son Cuatrecasas, Écija o Ayala de la Torre, que aseguran son referencia en litigación y solución de conflictos. Este corte se produce después de que se quedaran fuera Garrigues y Monfort y Bonell Abogados.

En plena batalla de los sindicatos

La búsqueda de asesores laborales se produce meses después de que el personal de las autopistas quebradas que fue subrogado en Seittsa anunciara movilizaciones. Los sindicatos convocaron una huelga por la paralización de la mesa negociadora en la que pedían la armonización de las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores de las ocho autopistas que entraron en concurso de acreedores —Radial 2, Radial 3 y R5, Radial 4, M-12, AP-41 (Madrid-Toledo), AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-7 Circunvalación Alicante, AP-7 Cartagena-Vera—. La plantilla de la sociedad pública pasó de 17 empleados en 2017 a más de 598 en 2019, todos ellos procedentes de las autopistas quebradas, según detalla en las cuentas de 2019, las últimas presentadas en el Registro Mercantil.

No obstante, la huelga fue desconvocada posteriormente por el estado de alarma, que restringía la movilidad y dejaba sin actividad a la mayoría de trabajadores, dedicados muchos de ellos a la gestión de los peajes. José Antonio Fernández Redondo, responsable de Acción Sindical del sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, señala que la compañía no les ha dado ninguna actualización sobre la mesa de negociación para la actualización de convenios, pese a que este asunto lleva encima de la mesa desde 2019.

Foto: (EFE)

Este representante de los trabajadores señala que los empleados de Seittsa arrastran convenios de las empresas privadas a las que pertenecían (ACS, OHL, Cintra, Sacyr, etc.) y llevan sin actualizar desde antes de 2014. Además, asegura que muchos peajistas han perdido parte de su salario (el plus de nocturnidad) tras liberarse las barreras de 12 de la noche a seis de la mañana, una medida que tomó el propio Ministerio de Transportes tras asumir su gestión a principios de 2019.

Actualmente, se queja de que entre el Ministerio de Transportes, encargado de la gestión de esta sociedad, y la Dirección General de Patrimonio del Estado, ente dependiente de Hacienda (María Jesús Montero) y dueño de la compañía, se pasan la pelota y no encuentran un interlocutor claro para sus reivindicaciones para buscar una solución.

CCOO se queja de que Transportes, que gestiona Seittsa, y Hacienda, dueña de la sociedad, se pasan la pelota y no dan una solución

El representante sindical de CCOO señala que no le constan intenciones de procedimiento de despido por parte de la dirección de la empresa, pero asegura que no le extrañaría. Según explica, hay medidas, como el levantamiento de los peajes (como ha hecho Transportes con otras autopistas cuya concesión ha vencido) o la automatización de los mismos antes de su relicitación (Seittsa se ha comprometido a la gestión hasta diciembre de 2022), que provocarían un gran exceso de personal.

De hecho, detalla que otras empresas concesionarias de autopistas como Abertis han automatizado la mayoría de sus peajes y han mandado a los peajistas a mantenimiento de carreteras. Una opción, no obstante, que no contempla, ya que el mantenimiento de estas autopistas que entraron en concurso de acreedores ya ha sido externalizado.

Por si todo lo anterior fuera poco, los ingresos de Seittsa se han hundido. Las restricciones a la movilidad derivadas del confinamiento han desplomado la facturación al no pasar coches, lo que hace que la carga para el Estado sea aún más pesada, ya que los trabajadores no han estado en ERTE durante la pandemia. Los peajes, además de eliminarse para el tramo nocturno, se redujeron un 30% el 15 de enero de 2019.

Foto: Un coche circula por la autopista de peaje R-3 en Madrid. (Reuters)

En la documentación para la búsqueda de asesores legales, Seittsa explica que "la asunción de la gestión y explotación de estas autopistas, el aumento de la actividad y del número de trabajadores existentes, incide en la complejidad y especialidad de la actividad laboral que la sociedad desarrolla, lo que hace necesario contar con el apoyo de profesionales especializados en el ámbito jurídico laboral para el asesoramiento jurídico y asistencia letrada, que dote a Seitt del respaldo y asesoramiento profesional necesario para la determinación de estrategias, procesos de negociación y para resolver cuestiones de cierta complejidad en materia laboral y de Seguridad Social que puedan surgir, así como, cuando se considere necesario, la representación y defensa de los intereses de Seitt ante juzgados y tribunales".

Desde el Ministerio de Transporte se limitan a señalar que, "como dice el pliego, desde que SEITT se ha hecho cargo de las autopistas, pasando de unos 30 trabajadores a casi 600, tiene unas necesidades en materia de gestión de personal distintas a las que tenía antes. Después del tiempo que llevan gestionando esta situación han constatado que requieren de conocimientos y una especialización en estos temas, lo que les ha llevado a licitar el contrato".

El contrato se prolongará durante 20 meses y salió a concurso por más de 120.000 euros. El Gobierno se comprometió a relicitar estas vías y tratar así de aminorar el agujero que recibieron las cuentas públicas. Ya en 2018, el Ejecutivo de Rajoy (PP) asumió unas pérdidas para las arcas públicas de 2.000 millones de euros por esta causa. Esperaban recuperar entre 700 y 1.000 millones con la relicitación antes de la crisis sanitaria desatada por el covid-19. Este proceso se paralizó y se prorrogó la gestión de las autovías bajo el paraguas de Seittsa hasta diciembre de 2022. Aún mantiene conflictos con los antiguos concesionarios.

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