Escándalo en la escalera: un juez tumba las obras del tríplex de la jefa de la patronal inmobiliaria

En el número 204 del Paseo de la Habana, en uno de los barrios más elitistas de Madrid, una comunidad de propietarios está en pie de guerra por las obras que ha realizado el vecino del ático y que la justicia ordenó parar hace un año, porque carecía de las autorizaciones necesarias. Hasta aquí, esta historia podría ser una de tantas disputas entre vecinos. La diferencia radica en que su protagonista es Carolina Roca, próxima presidenta de los inmobiliarios madrileños, al ser la candidata oficial para tomar el relevo a Juan Antonio Gómez Pintado al frente de Asprima.

Desde el pasado 19 de mayo, la empresaria se enfrenta a un duro fallo de la Audiencia Provincial Civil de Madrid, que rechazó el recurso de Roca contra una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid, que ordenó parar las obras de su ático en julio de 2021, una sentencia ya firme.

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Ruth Ugalde

El problema para la próxima presidenta de Asprima, según denuncian los vecinos y acreditan con varios informes de un perito judicial, es que a pesar de la sentencia de hace un año, siguió adelante con los trabajos, hasta convertir su dúplex de 224,25 metros cuadrados en un tríplex con jacuzzi, piscina y ascensor, obras que requirieron actuar sobre elementos comunes y realizar modificaciones e instalaciones que amenazan con comprometer la seguridad del edificio, según los demandantes.

Un riesgo especialmente relevante en el caso de la vecina de enfrente de Roca, sobre cuyo piso se ha construido un jacuzzi de varias toneladas de peso, obra para la que carecía expresamente de permiso por parte de los vecinos, una comunidad de propietarios que ha defendido haber acudido a los tribunales por la responsabilidad que recaería sobre sus espaldas si ocurriera algún accidente, ya que los trabajos se estaban realizando sin los permisos correspondientes.

De hecho, el pasado marzo ya se dejó aprobado en junta interponer un nuevo procedimiento para que Roca restituya a origen, es decir, para que la vivienda vuelva al estado original en el que estaba antes de las obras que fueron tumbadas por la justicia, mandato que ha ganado fuerza tras el fallo de la Audiencia Provincial de mayo.

Historia de una escalera

Fue en octubre de 2020 cuando Roca adquirió la vivienda a través de una sociedad, Prolasa (Promociones Levantino Aragonesas SA), que es la que figura como demandada en todo el procedimiento, al ser la propietaria del inmueble.

En febrero de 2021, cuando iba a arrancar las obras, remitió al resto de vecinos "una copia del Estudio Básico de Seguridad y Salud donde se incluían los planos de la reforma, del proyecto de demolición, de particiones y redistribución de la vivienda, así como de la declaración responsable que amparaba las obras", según recoge la sentencia que alegó la demandada.

Los vecinos denunciaron que la obras ocupaban zonas comunes y amenazaban la seguridad del edificio. El juez les dio la razón y ordenó parar

Sin embargo, según la magistrada Beatriz López Frago, en el proyecto que se presentó "en ningún caso se contempla la intervención sobre el forjado, la modificación de las escaleras, la instalación (o sustitución) del ascensor, desplazamiento de muros, etc. En dicho documento y en los planos aportados, lo único que se contempla es una demolición de la tabiquería interior y una redistribución de la misma, así como la demolición y nueva ejecución del solado de la cubierta".

Es más, la jueza destaca que "la única actuación por la que se insta el presente procedimiento que sí se ha reconocido que se conocía, la instalación del jacuzzi, fue expresamente rechazada por la Comunidad de Propietarios", negativa a la que se hizo oídos sordos, ya que se ha terminado construyendo.

Desde Prolasa, en respuesta a preguntas de este medio, se ha defendido que todas las obras se han hecho en la terraza de la vivienda de Roca, que es a la vez la cubierta del edificio, y mediante una declaración responsable, figura que tras una reciente modificación de la Ley del Suelo de Madrid permite ejecutar trabajos con solo presentar su registro en el Ayuntamiento. El punto que no han aclarado desde Prolasa es el alcance de las obras que legalmente se pueden realizar bajo dicha declaración responsable.

Además, rechazan que se les pueda acusar de haber desobedecido a un juez, porque aseguran que cuando llegó la orden de paralización, en julio de 2021, solo cinco meses después de haber iniciado los trabajos, ya les había dado tiempo a concluir toda la obra (jacuzzi, piscina sobre la cubierta del dúplex, ascensor interior, barbacoa, una nueva escalera, desplazamiento de muros, etc.) y que solo estaba pendiente la colocación de la carpintería exterior y las barandillas, trabajos que fueron autorizados por un auto judicial.

La demandada defiende que la obra se ha hecho bajo declaración responsable y que es correcta

Respecto a los informes del perito judicial acreditando que se siguió adelante con las obras a pesar de la orden de paralización, replican que se trata de un perito de parte y aseguran que ellos ahora han interpuesto un procedimiento ordinario declarativo de dominio en el que se resolverá la licitud, o no, de estos trabajos.

Desde el lado de los vecinos se sostiene que en ningún momento se comunicó al ayuntamiento el alcance real de las obras, ya que unos trabajos de esta envergadura no pueden abordarse con una simple declaración responsable. En este debate, el fallo de la jueza del 69 inclina la balanza en favor de los vecinos al reconocer la "ausencia de mención en la documentación presentada ante la autoridad municipal y ante la Comunidad de Propietarios de que se trató de actuaciones que no estaban previstas inicialmente y cuya necesidad y oportunidad fueron surgiendo durante el curso de la obra".

Roca adquirió su actual vivienda hace dos años a través de una sociedad: Prolasa

En su opinión, "es de una claridad meridiana que una actuación tal como una modificación de la escalera interior, así como la instalación/sustitución de un aparato elevador, instalación de un jacuzzi en la cubierta, desplazamiento de muros, etc., son partidas que por su magnitud y trascendencia difícilmente pueden pasar desapercibidas o ser ignoradas por quien elabora un proyecto en supuestos como el presente en que se aborda una reforma integral de una vivienda".

La magistrada llega a afirmar que "aunque a efectos meramente dialécticos llegara a admitirse que esto fue así, lo que en ningún caso puede admitirse es que por ese motivo la demandada pudiera acudir a la vía de hecho y quedar exonerada de la obligación de poner en conocimiento de la Comunidad de Propietarios esa actuación surgida 'a posteriori' y solicitar y obtener su autorización para poder ejecutarlas".

A la espera de acontecimientos, y de los pronunciamientos judiciales que deberán llegar por los nuevos procedimientos que han instado las dos partes, el Ayuntamiento de Madrid se enfrenta también a tener que pronunciarse, ya que si la obra se ha hecho bajo declaración responsable, esta no impide que ejerza sus funciones de comprobación, función e inspección. Especialmente, cuando al otro lado de la mesa está la mujer del César, la cara visible de los promotores madrileños.

Nada más dictarse la orden de paralización de las obras, en julio de 2021, la comunidad de vecinos acudió al Ayuntamiento de Madrid pidiéndole que velara por su cumplimiento. Sin embargo, desde el consistorio se respondió que al ser un procedimiento judicializado entre partes, "no se puede ordenar la paralización de las citadas obras", según aparece en un escrito al que ha tenido acceso este medio.

En el mismo, el consistorio también reconocía que "su cumplimiento es obligado para la entidad" Prolasa y que "en caso de que incumpla será la autoridad judicial quién ordene lo que considere oportuno por delito de desobediencia".