La CNMV cuestiona la auditoría de Metrovacesa en plena opa de Slim

Por primera vez desde que salió a bolsa, Metrovacesa ha publicado un requerimiento de ampliación de información de sus cuentas anuales, debido a que la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) le ha cuestionado sobre un rosario de aspectos de su auditoría del ejercicio 2020: desde cómo valora los terrenos del fallido Eurovegas hasta qué ha pasado con el solar que vendió a una fundación ligada a la Iglesia católica, operación que está siendo investigada en los tribunales.

Aunque la promotora recibió el requerimiento de la CNMV el pasado diciembre y lo respondió el 20 de enero, este documento se ha mantenido fuera del ojo público hasta el pasado viernes, justo dos días después de que el empresario Carlos Slim, a través de FCC Inmobiliaria, lanzara una opa sobre el 24% de la promotora que pone en el centro de la diana a los minoritarios, ya que son siempre el flanco débil de este tipo de operaciones.

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Coincidencia o consecuencia, la realidad es que este ha sido hecho público nada más anunciarse la opa, aspecto crítico para la CNMV en el momento actual, puesto que debe velar por que todos los accionistas tengan completo conocimiento de las cuentas de la empresa.

La respuesta al requerimiento es un documento de 20 páginas donde el supervisor cuestiona a Metrovocesa por cómo valora sus inmuebles, solares y existencias, la incertidumbre material emitida por los tasadores, el impacto de la pandemia en sus inversiones inmobiliarias, cuándo prevé retornar a los flujos de efectivo precrisis, el grado de cumplimiento de los planes de negocio, los préstamos suscritos con sus accionistas (Santander y BBVA) o el reconocimiento de sus alquileres, entre otros aspectos.

Además, la CNMV pone el foco en tres suelos concretos: los terrenos de Alcorcón donde se proyectó levantar el complejo de casinos bautizado como Eurovegas, los suelos de la antigua fábrica de Clesa en Madrid y el solar del barrio de Valdebebas, también en la capital, que Metrovacesa vendió a Fusara, operación que ha llegado hasta los tribunales, donde hay una investigación judicial abierta por la presunta existencia de una trama que habría expoliado patrimonio de fundaciones ligadas a la Iglesia católica.

Respecto a los terrenos de Alcorcón, la promotora asegura que en abril de 2021 se presentó la propuesta de planeamiento y que, para finales de este año, confía que tenga ya la aprobación definitiva de la modificación del plan general, lo que permitirá iniciar las obras en el tercer trimestre de 2024. La CNMV también le inquiere sobre las cuatro sociedades tenedoras de estos terrenos, conocidas como las Valdepolos.

En concreto, le pregunta por el préstamo de 90 millones que tenía concedido a estas sociedades y que se ha demostrado imposible de recuperar, precisamente, porque los terrenos nunca terminan de recibir luz verde. De hecho, como publicó El Confidencial, la promotora ha terminado por adquirir la totalidad del capital de las Valdepolos para evitar reconocer un roto de 88 millones y pasar a anotárselo como inversión inmobiliaria.

En esta misma línea, la CNMV ha inquirido a la promotora respecto a la reversión de la parcela de Valdebebas, que vendió a Fusara por 47 millones de euros, de los que cobró 15 millones, dejó otros 23 en pago a plazo y los nueve restantes estaban condicionados a lograr la aprobación de un estudio de detalle. Pero la investigación abierta en el seno de Fusara echó por tierra estos planes, ante lo que Metrovacesa intentó ejecutar a la fundación de la Iglesia, ofensiva que paró Registros.

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El resultado es que Metrovacesa se quedó sin el terreno, ya que sigue a nombre de Fusara, y con solo 15 millones de los más de 40 que se había anotado contablemente. En un movimiento que recuerda al de Alcorcón, los administradores de la promotora han buscado evitar reconocer el agujero alegando que la operación se ha revertido y activando el terreno en su balance, aspecto que cuestiona ahora el supervisor.

En Clesa, las dudas de la CNMV van dirigidas a garantizar la recuperabilidad de un préstamo de 23,4 millones concedido para la adquisición de esos terrenos y sobre la situación urbanística de los terrenos, aspecto este último sobre el que la compañía no responde en la información hecha pública.