Metrovacesa se anota en sus cuentas un suelo de la Iglesia y evita aflorar un roto millonario

"Los administradores han revertido la venta de la parcela y han registrado nuevamente el suelo en el activo de la sociedad". Con esta frase, recogida en su informe anual 2020, Metrovacesa aseguró ayer ante la comunidad inversora que ha vuelto a contabilizar en su balance la parcela de 9.000 metros cuadrados de superficie que vendió a Fusara, una fundación ligada a la Iglesia católica, el pasado marzo por 47,6 millones.

La realidad es que dichos terrenos continúan estando a nombre de Fusara, titularidad que se ha visto reforzada por la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antigua Dirección General de los Registros y el Notariado) del pasado enero, que impide a la promotora ejecutar unilateralmente la condición resolutoria para recuperar el terreno y la emplaza a acudir a los tribunales para intentar conseguirlo.

TE PUEDE INTERESAR

Los fondos de la trama de la Iglesia intentan echar de su casa a una anciana en plena pandemia

Ruth Ugalde

Con este movimiento, la promotora evita tener que reconocer un agujero de más de 30 millones de euros, ya que esta es la cifra que todavía tenía pendiente de cobro por la venta del terreno, ubicado en el madrileño barrio de Valdebebas. Al preguntar este medio cómo ha podido registrar en su activo un suelo a nombre de otra entidad y cuándo se acordó la reversión de la venta, la promotora se ha limitado a asegurar que la contabilidad permite hacerlo así y ha declinado aclarar nada más.

Otras fuentes explican que Metrovacesa podría estar acogiéndose al pacto que, durante toda la segunda mitad del año pasado, estuvo negociando con Fusara, conversaciones que llevó a cabo mientras, en paralelo, intentó ejecutar por dos veces a la fundación para quedarse con el terreno y con los 15,4 millones del primer pago que hizo Fusara.

Como la fundación incumplió el segundo pago, que suponía el desembolso de 23,07 millones en agosto (los otros 9,23 millones estaban condicionados a la aprobación de un estudio de detalle que acaba de autorizar el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida), Metrovacesa intentó ejecutar una cláusula penal que incluyó al vender el terreno, y que le permitía recuperarlo sin tener que devolver los 15,4 millones ya cobrados y sin necesidad de acudir a los tribunales.

Pero todo este diseño se vino abajo cuando, por dos veces, el registrador aceptó la oposición de Fusara al cambio de titularidad, y la Dirección General de los Registros refrendó su postura. Tras este pronunciamiento, si quiere recuperar el terreno, Metrovacesa está obligada a pleitear, algo que intentó evitar con la polémica cláusula resolutoria, o llegar a un acuerdo pactado, pero ahora sin que la otra parte tenga la espada de Damocles sobre su cabeza.

La propia Metrovacesa, en el párrafo de la memoria inmediatamente anterior al que señala que ha vuelto a contabilizar el terreno, reconoce que "a 31 de diciembre de 2020, no se ha ejecutado por parte del Registro de la Propiedad la condición resolutoria, habiéndose instado a la sociedad a solicitar la ejecución de la misma por la vía judicial".

TE PUEDE INTERESAR

Historia de un pecado: así se han expoliado los bienes de las fundaciones de la Iglesia

Ruth Ugalde

Desde Fusara, reconocen que tenían un principio de acuerdo con la promotora, todavía pendiente de los últimos flecos, y que seguían negociando cuando, el pasado diciembre, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid inició una megacausa al unir a la investigación abierta desde hace un año sobre las operaciones inmobiliarias de Fusara otra querella por la venta de la parroquia de San Jorge y de los terrenos que la rodean junto al paseo de la Castellana, propiedad de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), y por el intento de venta de dos edificios de la Fundación Molina Padilla.

Al unirse todos estos casos, se suspendieron las conversaciones entre Fusara y Metrovacesa, porque "a la luz del devenir judicial, se decidió aplicar el principio de prudencia". "No podemos vivir al margen de las decisiones judiciales, sería una locura y una irresponsabilidad por nuestra parte", reconocen desde la fundación. Esta prudencia marca una línea completamente distinta a la vista en el pasado marzo, cuando la promotora aprobó la operación a pesar de que hacía casi tres meses que la jueza había admitido a trámite una querella por las operaciones inmobiliarias de Fusara.

A esto se une que la magistrada ha ordenado una tasación del terreno, elemento clave de cara a cualquier posible resolución pactada, en la que también entran en juego otros espinosos aspectos como los ocho millones de euros de IVA ya pagados, que se saldaron en su totalidad con dinero de Fusara y que, si se deshace la operación, habría que reclamar a Hacienda.