El Estado exige a los bancos plenos poderes para decidir en Sareb

El Gobierno no quiere perder ni un minuto en la toma de control de Sareb. Tras asegurarse un 50,15% del capital del banco malo, como avanzó este medio, el FROB (Fondo de Reestructuración) está renegociando el pacto de socios que tiene con los accionistas privados de la sociedad, 10 bancos que mantendrán el restante 49,85%. La intención del fondo público es asegurarse plenos poderes en la sociedad que preside Javier García del Río, para lo que tiene que reducir el poder de veto del resto de socios.

Esto es lo que está actualmente sobre la mesa de negociación entre Sareb, el FROB y las entidades, bajo la batuta legal de Uría Menéndez y Deloitte, según fuentes financieras consultadas por este medio. El objetivo es alcanzar un acuerdo rápido, ya que se pretende ejecutar el cambio de control en apenas tres semanas, el 25 de marzo.

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J. Zuloaga

El FROB ya tiene asegurados la mayoría del capital y el control del consejo, pero no quiere dejar cabos sueltos en el único frente que no ha logrado dejar atado: la junta de accionistas. Al fondo presidido por Paula Conthe le preocupa verse bloqueado por la banca en decisiones que podría tomar en el futuro, como hacer una escisión de la sociedad para vivienda pública o ampliar el plazo de la sociedad, más allá de 2027. Tras las pérdidas de los últimos años, el Estado es el único que se sigue jugando algo en Sareb, con los avales del Tesoro que respaldan los 34.500 millones de deuda de la sociedad.

Por su parte, los 10 bancos que siguen en Sareb no tienen problema en alejarse de la gestión del banco malo, que les ha generado pérdidas de 2.600 millones —otros 2.200 millones, de momento, al Estado—. Por ello, no solo han accedido a regalar un 4,2% la sociedad al FROB, sino que cederán encantados los cuatro asientos que tienen en el consejo de administración. Aun así, hay una línea roja: que la gestión de Sareb no vaya contra sus últimos intereses en el banco malo: los créditos fiscales millonarios que mantienen.

Tras los últimos cambios, el capital de Sareb quedará controlado por el Estado con el 50,15%, con otros 10 accionistas privados: Santander (22,2%), CaixaBank (12,2%), Sabadell (6,6%), Kutxabank (2,5%), Ibercaja (1,4%), Unicaja (1,3%), Cajamar (1,2%), Mapfre (1,1%), Mutua Madrileña (0,66%) y Caja Laboral (0,6%).

El objetivo del FROB es que el poder de veto de los bancos baje considerablemente. Así, las materias estratégicas de Sareb tienen que ser aprobadas a día de hoy por un 95% de los accionistas. El fondo público quiere bajar el porcentaje al 75%, de modo que solo Santander y CaixaBank tendrían, por sí mismos, poder de veto.

Blindaje a consejeros

Junto a ello, el Estado quiere excluir de la consideración de materias estratégicas la posibilidad de escindir parte de la cartera en vivienda pública, algo que se está considerando al hilo de la nueva ley de la vivienda. También se quiere incluir una frase que diga que el Estado se puede saltar el pacto "si es legalmente obligatorio", algo que 'a priori' no gusta a la banca, ya que da al Gobierno el comodín para saltarse al resto de accionistas cuando quiera.

Junto al pacto de socios, Sareb, el FROB y los bancos también están cerrando estos días la salida de los cuatro consejeros que representan a los accionistas privados: Javier García-Carranza y Jaime Rodríguez Andrade, de Santander; Jorge Mondéjar, de CaixaBank, y Enric Rovira, de Sabadell. Una de las preocupaciones ha sido que salgan con un seguro de responsabilidad ampliado ante las pérdidas que ha sufrido la sociedad en los últimos años.