Las aseguradoras se aferran a Sareb y dejan a la banca el peso de la nacionalización

El Gobierno tendrá que acudir a la banca, únicamente, para poder nacionalizar el banco malo o Sareb. El Ejecutivo aprobó un decreto ley para poder alcanzar el 50%. Actualmente, tiene el 45,9%, pero para llegar a ese umbral necesita que haya accionistas que renuncien a una parte de sus créditos fiscales, y las aseguradoras no están por la labor.

Mapfre fue tajante este jueves, al presentar resultados, asegurando que no puede pedir al consejo de administración que apruebe perder los 12,5 millones de euros que tiene de créditos fiscales. Esta cuantía es el 25% de los 50 millones de participación en el capital, ya reconocidos como pérdidas. Fueron 10 millones de inversión y otros 40 millones en deuda que se convirtió en capital.

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La aseguradora que preside Antonio Huertas cuenta con el 1,11%. Su gran rival, Mutua Madrileña, tiene el 0,66%, una participación en el capital de 30 millones y créditos fiscales de 7,5 millones. Según fuentes financieras, Mutua Madrileña también tiene previsto rechazar la oferta del Gobierno.

El Estado ofrece una cantidad simbólica de 194,76 euros por el 54,1% que no tiene. El objetivo, en realidad, es sobrepasar el 50% para tener el control total nacionalizando la sociedad de activos inmobiliarios. La problemática es que los accionistas que han soportado las pérdidas de Sareb también perderían créditos fiscales si venden ahora en vez de esperar a que se extinga la sociedad.

Esta cuestión no es baladí. Los bancos ya han reconocido pérdidas mil millonarias, que ya están provisionadas. Pero tienen activos fiscales de más de 700 millones que quieren conservar. De hecho, si se desprenden de sus participaciones con las reglas fiscales actuales, tendrían que apuntarse nuevas pérdidas al dejar de tener ese activo.

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Estas reglas están vigentes para sociedades que realicen una inversión superior a los 20 millones o tengan más del 5%. Tanto Mapfre como Mutua están por encima de los 20 millones. Solo podrían cambiar de postura si hay una consideración diferente de la Dirección General de Tributos (DGT), órgano consultivo dependiente de Hacienda, que permita vender la participación manteniendo los créditos fiscales.

No obstante, otras aseguradoras no alcanzan estas cotas, así como bancos pequeños. Tanto el Estado como el sector financiero esperan que todos estos minoritarios, que son más de una docena, vendan. Pero aún harían falta otros dos puntos porcentuales de capital para que el Estado alcance el 50%, y es aquí donde el Gobierno espera que, con las reglas actuales, haya entidades que asuman pérdidas.

Con las dos grandes aseguradoras fuera, queda en manos de la gran banca que el Gobierno supere el 50% con esta oferta. Según fuentes financieras, los grandes bancos tienen previsto vender una pequeña parte de sus participaciones para facilitarlo, minimizando las pérdidas.

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En este sentido, los créditos fiscales de los bancos son mayores en proporción, ya que el tipo impositivo de sociedades para ellos es del 30%, en vez del 25%. Así, si un banco invirtió 100 millones, que están perdidos, tiene en el activo 30 millones de crédito fiscal. Si vende una décima parte de esa participación por un precio simbólico, pasará a tener un crédito fiscal de 27 millones y se anotará una pérdida de tres millones.

Los bancos no van a impedir que el Estado pase del 50%, pero la ampliación de la participación en el capital no irá mucho más allá. Ahora mismo, Santander es el principal accionista, con un 22,23%, seguido de CaixaBank (12,24%) y Sabadell (6,61%). Por detrás, en peso, están Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%), Bankinter (1,37%), Unicaja (1,27%) y Cajamar (1,21%). El siguiente accionista más importante ya sería Mapfre.