El administrador del caso YPF toma acciones contra Repsol y deja en el aire 1.483 M

Guerra abierta en el caso español de la expropiación de YPF. El administrador concursal y Repsol han pasado de las amenazas a los hechos en una batalla que se libra por, al menos, 1.483 millones de euros. El choque llega tras años de desencuentros en el concurso de Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa), las dos sociedades españolas con las que los Eskenazi compraron un 25% de YPF antes de la expropiación de 2012.

La 'declaración de guerra' llegó el pasado 3 de diciembre, con un requerimiento notarial del administrador de PESA y Peisa, Armando Betancor, a la petrolera española. En este, "se hizo saber a Repsol" que había dejado de tener derechos de crédito por valor de 1.483 millones en el concurso de estas sociedades, según un escrito de Betancor al juzgado mercantil al que ha tenido acceso El Confidencial.

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Según el mismo, el administrador sostiene que la petrolera presidida por Antonio Brufau ha renunciado 'de facto' a sus derechos por el acuerdo que firmó en 2014 con el Gobierno argentino, por el que recibió bonos valorados en 5.000 millones de dólares: "La firma del Convenio Amigable suscrito entre Repsol y otros, con la República de Argentina, ha producido efectos directos para las concursadas (...). Dado que [el convenio] se rige por la ley argentina, la administración concursal ha encargado a un reputado experto y acreditado jurista argentino, un análisis legal y de los efectos del citado convenio. Las conclusiones alcanzadas determinan que las concursadas se han beneficiado de la extinción de las obligaciones de pago frente a Repsol", expone Betancor.

Desde la petrolera española niegan que hayan renunciado a ningún crédito —que tienen ya reconocido en el juzgado—, ya que el acuerdo que firmaron con Argentina solo afecta a posibles reclamaciones con este Estado latinoamericano. Por ello defienden que tienen derecho a seguir en el proceso concursal de PESA y Peisa y a recuperar el dinero que les debían estas sociedades, en caso de que la liquidación lo permita. Será el magistrado del Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid el que lo decida.

Los honorarios del administrador

Junto a ello, el escrito de Betancor al que ha tenido acceso este medio refleja que Repsol envió un burofax al administrador concursal justificando que el intento de echarle del concurso se debe a otra disputa, por sus honorarios. Así, la petrolera y otro de los acreedores, Burford, se opusieron a la petición de ampliación del dinero que está gastando el administrador en el concurso, tras haber agotado entre 12 y 15 millones, según fuentes jurídicas. De hecho, Repsol ha llevado esta cuestión a otro juzgado, según figura en otro escrito de la administración concursal al que ha tenido acceso este medio, de septiembre de 2021.

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Todo apunta a que estos choques podrían ser solo la punta del iceberg y que les seguirán nuevas acciones legales. Así lo reconoce el propio Betancor en su escrito de diciembre: “Adicionalmente, se informa que esta administración concursal se encuentra analizando los efectos derivados del posible incumplimiento por parte de Repsol" del acuerdo de acreedores de PESA y Peisa. "No descartemos nuevas acciones de Repsol contra esta administración concursal para tratar de encorsetar y callar al mensajero", añade.

Aunque este concurso se sigue desde 2014 en los juzgados madrileños, su éxito final depende en gran medida de lo que ocurra en un pleito que han abierto los administradores en Nueva York, donde reclaman 12.500 millones a Argentina. Lo que potencialmente se obtenga de este juicio que está en marcha será en un 70% para el fondo que está financiando el pleito, Burford, según las fuentes consultadas. Lo demás iría al resto de acreedores de las sociedades españolas, entre los que inicialmente figuraban Repsol, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard y Santander. Ahora el que más peso tiene es el fondo oportunista Anchorage.

Este proceso norteamericano está todavía en la fase de 'discovery', en la que las partes pueden reclamar documentos al resto de actores. Esta fase también ha provocado un enfrentamiento entre Repsol y Betancor, ante las críticas del administrador concursal por su "posición totalmente obstaculizadora". Algo que también niegan desde la petrolera: "Hemos aportado toda la documentación que nos han pedido".

Frente a las críticas, Repsol señaló en un escrito que "por razones que solo ellas conocen, las administraciones concursales de Petersen defienden la práctica de la prueba con mayor vehemencia que la propia YPF, sin reparar en que ello puede ir en claro perjuicio de sus representadas. Postura esta por la que, llegado el caso, tendrán que dar las oportunas explicaciones y rendir cuentas en el momento procesal oportuno”. Un nuevo reflejo de que la guerra no ha hecho más que empezar.