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Los dos españoles que tienen a Argentina contra las cuerdas en Nueva York por YPF
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POR LA EXPROPIACIÓN

Los dos españoles que tienen a Argentina contra las cuerdas en Nueva York por YPF

Un administrador concursal y un abogado español han diseñado la estrategia legal para obligar a Argentina a responder ante los jueces norteamericanos por la expropiación de YPF

Foto: Entrada de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York. (EFE)
Entrada de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York. (EFE)

Dos abogados españoles han puesto contra las cuerdas a Argentina en Estados Unidos. Son el administrador concursal Armando Betancor y el abogado Blas A. González, que han diseñado una demanda que podría costar a Argentina más de 2.000 millones de euros.

Recientemente, han conseguido que el Tribunal Supremo norteamericano se pronuncie a favor de que su demanda se tramite en Nueva York, a pesar de los recursos diseñados por algunos de los mejores bufetes norteamericanos, contratados por la República Argentina, con el apoyo de Chile y México. Esta batalla de alto calibre incluye un nuevo proceso en España, que interpusieron Argentina y la petrolera YPF hace unos meses, como publica hoy este medio.

Foto: El presidente argentino, Mauricio Macri, en unas instalaciones de YPF. (Reuters)

Esta guerra surge a raíz de la expropiación de la petrolera a Repsol en 2012, que provocó que entraran en concurso las sociedades españolas de uno de sus socios, Grupo Petersen —de los banqueros Eskenazi—, con un 25%. El administrador Betancor diseñó un plan de liquidación, aprobado por el juez, que pasaba por reclamar en Estados Unidos contra Argentina por ofrecer a Repsol una compensación —5.000 millones en bonos— de la que no se benefició Grupo Petersen. González es quien coordina la estrategia legal.

La demanda se interpuso en el Distrito Sur de Nueva York en 2015, en el mismo juzgado en el que los grandes fondos reclamaron a Argentina por el impago de su deuda en 2001. La jueza Loretta Preska, encargada del caso, se vio pronto desbordada por los recursos de Argentina e YPF, por lo que elevó el caso al Tribunal Supremo.

La decisión llegó hace poco, antes de verano, cuando el tribunal norteamericano dio la razón a las sociedades españolas, permitiendo que el caso se tramite en Nueva York. Los magistrados argumentaron que una sociedad que decide cotizar en Wall Street —por YPF— para beneficiarse de la seguridad jurídica del país no tiene inmunidad ante demandas.

placeholder La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. (Reuters)
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York. (Reuters)

Tras este fallo, el caso se ha visto rodeado de nuevas polémicas en Argentina tras la decisión de Preska de paralizarlo hasta que se conozca el resultado de las elecciones en el país latinoamericano, el 27 de octubre. Esta noticia daba a entender que Argentina cambiará de estrategia legal si sale Mauricio Macri del Gobierno. Distintas informaciones en medios latinoamericanos señalan que los Eskenazi pudieron usar dinero de los Kirschner para comprar el 25% de YPF. Dichas especulaciones obligaron a Preska a disculparse con la República de Argentina, señalando que la “incorrecta interpretación no fue intencionada”.

La disputa Argentina-YPF-Petersen tiene más aristas judiciales, ante investigaciones por un presunto blanqueo de capitales de los Eskenazi, que fuentes del proceso señalan que no deberían afectar a la demanda en Estados Unidos.

Ejército de abogados

Las distintas partes implicadas tienen ejércitos de abogados destinados al caso. Betancor y González se apoyan en bufetes y firmas de 'forensic' tanto en España como en EEUU, donde coordina la estrategia King & Spalding.

También han trabajado en este caso grandes bufetes como Garrigues, con Grupo Petersen, Allen & Overy, con Burford, Uría Menéndez, con Repsol, y, ahora, José María Alonso, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, con Argentina.

Dos abogados españoles han puesto contra las cuerdas a Argentina en Estados Unidos. Son el administrador concursal Armando Betancor y el abogado Blas A. González, que han diseñado una demanda que podría costar a Argentina más de 2.000 millones de euros.

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