12.000 barriles de crudo al mar: indignación (y amenazas) a Repsol por su vertido en Perú

El pasado 15 de enero, algo salió mal en la descarga de crudo del buque italiano Mare Doricum, en la refinería de La Pampilla que Repsol opera en el municipio limeño de El Callao, en Perú. El accidente acabó con el equivalente a cerca de 12.000 barriles de crudo volcado en el mar. La contaminación ya ha afectado a unas 24 playas y más de 11.600 hectáreas de litoral. Una mancha negra que ha puesto en peligro los ecosistemas de la costa norte de la capital y que también amenaza al próspero negocio de la petrolera española en el país latinoamericano.

El vertido masivo de petróleo en aguas del Pacífico ha desatado una grave crisis ecológica y un clima de indignación general contra Repsol, que se ha traducido de momento en medidas judiciales contra sus máximos responsables y que podría forzarle a pagar una indemnización millonaria.

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Entre las áreas afectadas están espacios naturales protegidos como el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi y se han hallado ejemplares muertos de diferentes especies de aves marinas locales, como pingüinos, guanayes y piqueros. Miles de pescadores se han visto privados de su sustento a causa del siniestro. El presidente peruano, Pedro Castillo, lo ha definido como “uno de los ecocidios más grandes” acaecidos en la costa del país y un equipo de expertos enviado por Naciones Unidas catalogó como “grave” la crisis medioambiental.

Repsol se ha comprometido a la limpieza del litoral afectado y ha puesto en marcha un operativo en el que ha desplegado 76 embarcaciones y 44 unidades de maquinaria pesada, así como 2.000 trabajadores contratados, según datos ofrecidos por la propia compañía. Pero esto no ha bastado por ahora para calmar los ánimos de los peruanos que en la calle y en los medios piden un castigo ejemplar para la compañía que preside Antonio Brufau.

¿26 litros?

De momento, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú tramita expedientes sancionadores por valor de 226 millones de soles (53 millones de euros) y un juez ha prohibido salir del país durante 18 meses al máximo responsable de la compañía en el país andino, Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, así como a otros altos gerentes. Además, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció a principios de semana la paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano, sin fecha concreta de reanudación.

Pero lo peor podría estar por venir. El Gobierno de Castillo, quien basó su campaña en sus promesas de limitar el papel de las multinacionales que explotan los recursos naturales de Perú, ha advertido de que se le impondrá a la compañía una indemnización millonaria y algunos de sus activos podrían ser expropiados para garantizar el pago. Las voces más radicales en el entorno del Ejecutivo piden incluso que se la expulse del país, como hicieron también centenares de manifestantes en las calles de Lima.

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Lo cierto es que la actuación de Repsol en el incidente ha estado envuelta en la polémica desde el principio. En un primer momento, los responsables de la refinería minimizaron la gravedad del vertido e informaron de que no habían sido más que 26 litros los que se habían vertido al mar. También, atribuyeron lo ocurrido a un episodio de “oleaje anómalo”, provocado por la erupción de un volcán en Tonga.

Entre los que más activamente han criticado a los responsables de la refinería está Giacomo Pisani, capitán del petrolero implicado, quien denunció que el personal de Repsol desplegó una barrera de contención insuficiente en torno al buque y que pasaron horas desde que solicitara que un práctico subiera al buque para corregir su posición hasta que atendieron su petición.

Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, máximo responsable de la compañía en el país, reconoció en una entrevista televisada un “error de percepción” sobre la magnitud de la catástrofe y que “no fueron conscientes” de la gravedad de lo ocurrido hasta que el petróleo empezó a llegar a las playas. Más tarde, Repsol acordó con las autoridades la entrega de unos bonos de compensación a los pescadores afectados, pero muchos de ellos han denunciado que las indemnizaciones han sido claramente insuficientes.

Vertido de credibilidad

Pero el remate a todo el escándalo llegó con la filtración de que responsables de la compañía se habían reunido en la residencia del embajador de España con el secretario de despacho del presidente Castillo, lo que despertó muchas suspicacias en un país carcomido por la corrupción y los pagos bajo cuerda. Tras el revuelo, Repsol dijo en un comunicado que la reunión “tuvo cómo único fin escuchar las quejas y exigencias de la administración peruana, con vistas a discernir mejor los mecanismos que permitan canalizar el pago de las indemnizaciones que pudiera corresponder a los afectados, así como los compromisos vinculados a la limpieza y remediación del mar y el litoral peruano”.

No parece que los esfuerzos de la compañía por aclarar las cosas hayan dado resultado. Un sondeo publicado el domingo por el diario La República arrojó que el 77% de los encuestados considera a Repsol como responsable del vertido, y un 46% cree que no está haciendo nada para remediar sus efectos, mientras que un 45% cree que hace “algo pero no lo suficiente”.

Repsol ha llegado a acuerdos con asociaciones de pescadores de Ancón y otros distritos afectados para que, ahora que no pueden pescar, trabajen en la limpieza de las playas. En algunas, como Playa Cavero, en Ventanilla, el olor a químico en algunas zonas hace difícil respirar. El trabajo sigue lejos de haberse completado. La compañía estima que ha recuperado el 32% del crudo vertido y no se espera que se termine con la retirada de crudo hasta finales de marzo, "en un escenario optimista", según admite el responsable del equipo de Control de Emergencia encargado de la limpieza del vertido, José Torel,

Sin embargo, su crisis de credibilidad en Perú después de lo ocurrido es tal que la columnista Rosa María Palacios asevera que “nada se le puede creer”.

La compañía ha descartado que el desastre de la Pampilla vaya a afectar de manera significativa sus balances, pero la crisis reputacional provocada por el vertido podría acabar por tener un impacto negativo en las cuentas.

Riesgos en un mercado clave

El presidente Castillo, cada vez más cuestionado por su aparente incapacidad y las sospechas de corrupción en su entorno, podría optar por mostrar la autoridad que no exhibe en otros ámbitos sancionando a la petrolera española, lo que probablemente aliviaría en algo la decepción de muchos de sus votantes desencantados. Y Repsol ya vivió en Argentina con la expropiación de YPF en 2012 como la vena nacionalista de un gobierno populista cercenaba una parte vital de su negocio global.

La compañía define a Perú como “un país clave en la región en términos de energía”, y sus actividades en el país abarcan desde la exploración, producción y comercialización. Entre otras cosas, Repsol produce gas natural en la selva amazónica peruana, y sus estaciones de servicio son las que con más frecuencia se encuentran en las deficientes carreteras peruanas.

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Perú es el tercer país del mundo que más contribuyó a los ingresos de la matriz en 2020 (2.954 millones de euros) y también el tercero en número de trabajadores, por lo que cualquier acción sobre sus activos aquí podría tener consecuencias para toda la compañía.

A su favor juega, quizá, el papel crítico que desempeña en el abastecimiento de combustible. La refinería del desastre, La Pampilla, es el principal suministrador del país y no parece que el Estado peruano esté en este momento en condiciones de asumir su gestión. Rosa María Palacios se pregunta: “¿Cuál es el plan del Estado, como política de largo plazo frente a una refinería que atiende el 45% del mercado de combustibles del país, frente al mar?” Ella misma ofrece la respuesta: “No hay una idea, ni siquiera esbozada”.