MACRI PIERDE EL PRIMER ASALTO

Argentina intenta dinamitar un concurso español para no pagar 2.000 M por YPF

Argentina encarga al decano José María Alonso una demanda contra el concurso de Petersen Energía en la que han recibido una declinatoria a las primeras de cambio

Foto: El presidente argentino, Mauricio Macri, en unas instalaciones de YPF. (Reuters)
El presidente argentino, Mauricio Macri, en unas instalaciones de YPF. (Reuters)

La Justicia española da un portazo a la República de Argentina en una de las mayores batallas legales del momento. El país presidido por Mauricio Macri e YPF, la petrolera que fue expropiada a Repsol, presentaron en febrero dos demandas para bloquear un concurso de acreedores español en el que se juegan al menos 2.000 millones de euros.

Para ello, han contratado a uno de los abogados estrella españoles, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y a un exsocio de Garrigues y Freshfields, Fernando Bautista.

Sin embargo, las primeras noticias son malas para sus intereses, ya que dos juzgados, el 47 y el 99 de Primera Instancia de Madrid, han estimado la declinatoria interpuesta por las sociedades en concurso, remitiendo el proceso al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. Argentina e YPF han recurrido ante la Audiencia Provincial, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.

Estas demandas se dirigen contra el plan de liquidación de dos sociedades españolas, Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa), con las que los banqueros argentinos Eskenazi compraron un 25% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011. Lo hicieron a petición de los Kirchner; con financiación de la propia Repsol y un 'pool' de bancos, y el compromiso de la petrolera argentina de que siempre repartiría un 90% de su beneficio vía dividendo ('pay out') para repagar la deuda.

Todo cambió con la expropiación del 51% de Repsol en YPF por parte del Gobierno argentino en 2012, que abocó a PESA y Peisa al concurso, declarado en julio de ese mismo año. Estas sociedades ya no tienen ningún activo, ya que las acciones en YPF fueron transmitidas a los acreedores (inicialmente, Repsol, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard y Santander), por lo que el administrador concursal, Luis Armando Betancor, decidió que la mejor forma de sacar valor del proceso era reclamar internacionalmente a Argentina e YPF.

Entrada de Burford

Ante la falta de recursos para ello, Betancor abrió un concurso para encontrar un financiador de la reclamación, al que se presentaron varios fondos y ganó Burford, uno de los mayores fondos de litigios. El plan de liquidación fue aprobado por el juez concursal en marzo de 2015, y un mes más tarde se puso una demanda en el Distrito Sur de Nueva York, donde se dirimen algunos de los casos más importantes del país, y donde recientemente han recibido buenas noticias las sociedades españolas. El coordinador de esta ofensiva legal es el abogado Blas A. González, contratado por la administración concursal.

Aparentemente, la decisión de Argentina e YPF de reclamar en España persigue boicotear el proceso en Estados Unidos. Están demandando por “simulación de contrato” al acordar con Burford la financiación del proceso legal en EEUU, cuando, según sus abogados, se trataría de una venta de los derechos de reclamación. La diferencia es clave, ya que si hubiera sido un traspaso de los derechos, Estados Unidos tumbaría la demanda de acuerdo a la doctrina Champerty, que prohíbe la compra de deudas para luego acudir a los tribunales.

Argentina está intentando evitar que su recurso caiga en el juez concursal que decidió reclamarle 2.000 millones en EEUU

La dificultad de Argentina es que tiene que tumbar una decisión del juez concursal, que no fue recurrida por ninguno de los protagonistas en 2015. Por ello, los letrados Alonso y Bautista decidieron acudir primero a otros juzgados, encontrándose con la declinatoria. Será la Audiencia de Madrid la que decida cuál es el tribunal competente, aunque hay muchas probabilidades de que acabe en el Mercantil número 3 que lleva el concurso de PESA y Peisa. Se trata de un proceso que puede durar años y que no paraliza el que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York.

Tras años de concurso, los acreedores de PESA y Peisa han cambiado radicalmente. Sigue Repsol, que era el máximo financiador, y la mayoría de bancos han vendido sus posiciones a fondos oportunistas. El que más peso tiene es Anchorage.

Como antiguos dueños de la sociedad, parece muy complicado que los Eskenazi lleguen a recuperar algo de dinero aunque el tribunal norteamericano les diera la razón. Aun así, estos banqueros argentinos, envueltos en escándalos en su país, estarían interesados en que el concurso se salde satisfactoriamente para volver a ser considerados solventes por los bancos internacionales.

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