El BdE se perfila como supervisor de fondos y gestores de recobros

El sector de firmas de recobros, los tachados en su día como fondos buitre, cada vez es más importante en España. Tras las operaciones iniciales después del rescate de la banca, ha habido una recurrencia de compras de carteras que han elevado el volumen de activos gestionados hasta rozar los 400.000 millones. Pero no tienen regulación ni supervisor. Este vacío se prevé que acabe en los dos próximos años, con el Banco de España en el centro. La decisión dependerá del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño.

En esta industria conviven desde fondos noruegos que se rigen por criterios sostenibles (ESG, por sus siglas en inglés) hasta el cobrador del frac. Todos buscan elevar el cobro de volúmenes de crédito moroso. La diferencia está en el 'modus operandi'. Se puede perseguir a una persona, amenazarla y acosarla para que pague, o se puede tratar de llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes.

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Este último punto es posible, ya que los bancos venden la deuda impagada con descuento, pero gracias a los fondos consiguen sacar de balance crédito tóxico que penaliza en capital y obliga a provisiones contra resultados. Los gestores de recobros tienen equipos especializados para mejorar la capacidad de cobro, ofreciendo quitas o reestructuraciones en función del deudor con mayor flexibilidad que el banco, mejorando así la tasa de recobro y obteniendo rentabilidad. Mientras que el deudor puede dejar de ser moroso. En otros casos, simplemente, acaban en el juzgado y puede que con adjudicación de un bien si está de colateral.

Sea como fuere, no hay regulación para estas prácticas. Solo una autorregulación por parte de los gestores de recobros que vienen de sus matrices, muchas de ellas escandinavas y adheridas a criterios sostenibles, o a nivel sectorial a través de la patronal Angeco y de distintos foros. Pero este vacío va a cambiar con una directiva europea que regulará fondos, gestores de recobros y ‘servicers’, y que busca dinamizar el mercado de compraventa de carteras para que se reduzca la morosidad, así como dotar de un esquema de protección a las familias y empresas que han impagado.

El punto de partida es la preocupación de la Comisión Europea por la variedad en los modelos de negocio, la heterogeneidad a lo largo de Europa y el bajo número de ventas de carteras de crédito moroso (NPL, por sus siglas en inglés) y reducida competencia, aunque estos dos últimos casos no afectan a España.

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La directiva ya se ha aprobado en el Parlamento Europeo, y se prevé que la transposición por parte de los países llegue para 2023. En este proceso, cada país miembro debe decidir cuál será el supervisor. En la industria española, se da por hecho que será el Banco de España, que ya vigila a prestamistas e intermediarios inmobiliarios.

El marco regulatorio quiere dinamizar el mercado europeo. Cuando se apruebe, cada entidad podrá realizar actividades de recobros en todos los países con la autorización desde un Estado miembro, aunque los fondos oportunistas descartan que haya una gran competencia de inversores que no tengan estructura local.

Por otro lado, los fondos tendrán la obligación de avisar al deudor del cambio de titular de la deuda. En realidad, los gestores de recobros suelen enviar una carta que se conoce como ‘Hello letters’ para anunciar la operación, ya que quieren que el deudor les pague. Pero no era necesario, salvo en excepciones como Andalucía, Navarra, Cataluña, Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha, ya que en estas regiones sí se establece una obligación, explica Beatriz Causapé, socia de Cuatrecasas.

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Sobre esta comunicación, apunta Causapé, la directiva establece que los Estados miembros se deben asegurar de que se produzca antes de la reclamación del primer pago e incluya información sobre la cesión, incluyendo la fecha; información y datos de contacto del comprador del crédito; identificar los datos del ‘servicer’ si es designado así como su autorización; información sobre los importes adeudados; una declaración de que continúa aplicándose la normativa nacional y la europea, y los datos de contacto del supervisor.

La experta enumera varias obligaciones específicas que la directiva, en la misma línea, prevé en la relación que deben tener los ‘servicers’ y los compradores de deuda respecto a los deudores: actuar de buena fe, “de manera justa y profesional”; proporcionar información a los deudores que “no sea engañosa, poco clara o falsa”; “respetar y proteger la información personal y la privacidad de los deudores”, y que las comunicaciones eviten el acoso o la coerción. Estos puntos ya están en el código de normas de conducta de Angeco.