Santander y CaixaBank lideran una ofensiva para que los ICO no cuenten como morosos

Batalla contable de los grandes bancos españoles. Santander y CaixaBank están liderando la última cruzada financiera frente a supervisores y auditores. El objetivo es claro: no tener que contabilizar como morosidad la parte de las líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial) con aval público. La discusión lleva semanas en marcha y se espera una resolución entre este mes y comienzos de enero, para que sea cual sea la decisión se incorpore a las cuentas anuales de las entidades.

Los bancos se juegan mucho en este frente. Por el momento, han concedido 121.700 millones en créditos ligados a estas líneas, de los que el Estado avala 92.500 millones, casi un 76%. En caso de que impagaran un 10% de estos préstamos, las entidades se expondrían a provisiones por la parte no cubierta —casi 3.000 millones—, pero tendrían que contabilizar como si fueran morosos ante el mercado 12.000 millones. Esta es la alteración que las entidades quieren corregir.

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Usando estas mismas cifras de ejemplo, si los bancos no se salen con la suya, un 10% de impagos del ICO llevaría la tasa de morosidad sectorial al 5,3%, frente al 4,3% actual. En caso de conseguir que auditores y supervisores compren sus argumentos, la ratio de dudosos escalaría tan solo en dos décimas, hasta el 4,5%.

De ahí la importancia que los bancos están dando a estas discusiones. Las entidades que más están poniendo la carne en el asador son Santander y CaixaBank, las dos mayores en España y también las dos que más líneas ICO distribuyeron entre sus clientes: 30.800 millones en el caso del grupo presidido por Ana Botín —con cifras de 2020— y 23.500 millones en el del grupo catalán —incluidas cifras de Bankia—. En total, casi la mitad de toda la financiación que se concedió a nivel sectorial. Esta cuestión también se está tratando en reuniones de patronales, según las fuentes consultadas.

PwC vs. KPMG

Coincide, además, que las dos mayores entidades españolas están auditadas por PwC, firma que, según las fuentes consultadas, ve con buenos ojos la posibilidad de que las entidades no asuman como morosos la parte de los ICO con aval público. Las mismas fuentes señalan que la otra gran auditora del sector financiero, KPMG, que revisa las cuentas de BBVA y Sabadell, tiene más dudas sobre este cambio contable.

En paralelo a las discusiones con los auditores, las entidades también están sondeando a los supervisores —Banco de España, Banco Central Europeo (BCE) y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)—, sin todavía una orientación clara.

Este es uno de los mayores escollos que tienen que superar, como le ocurrió hace algunos años a Banco Sabadell. Tras comprar CAM, la entidad catalana consiguió el visto bueno de su auditor para no tener que contabilizar como créditos morosos la parte de los problemáticos de la caja alicantina con protección del EPA (esquema de protección de activos) que recibió, que cubría el 80% de las pérdidas. Sin embargo, el BCE decidió anular esta decisión y obligar a Sabadell a contabilizar también los morosos protegidos por el EPA.

Los presagios no son mejores actualmente, ya que la banca está en medio de una batalla con los supervisores por las provisiones. Todas las entidades dicen que las dotaciones hechas hasta ahora son más que suficientes, incluso han anunciado ante los inversores que las liberarán en cuanto sea posible. Algo a lo que se oponen un BCE y un Banco de España que incluso creen que harán falta más provisiones.

Complejidades

La discusión de los ICO depende de detalles técnicos y legales. Los bancos argumentan que el hecho de que una pyme o autónomo impague la línea del ICO supone una división en dos del crédito: por un lado, la parte que tiene que ir pagando el Estado —en torno a un 76%— y, por otra, la de los bancos. Esto supone identificar la parte avalada como un "instrumento financiero frente al ICO".

Una de las condiciones para ello es que haya un traspaso de flujos: que todo lo que genere esa parte de los créditos ICO sea, para bien o para mal, del organismo público. La dificultad es que los avales se activan cuota a cuota —no todo de golpe— y que el Estado no cubre los intereses del crédito. Dos detalles que pueden dificultar esta batalla legal de los bancos.