El Gobierno se enfrenta a su segunda gran derrota en el Congreso por los alquileres de Aena

Este medio día, en el Congreso de los Diputados se celebra una votación que amenaza con convertirse en la segunda gran derrota del Gobierno tras la sufrida en septiembre de 2020, cuando se derogó el decreto ley de los remanentes municipales, que recibió el rechazo de toda la oposición.

La segunda podría llegar hoy, derivada de la guerra que desde principios de año enfrenta a la compañía pública Aena, donde el Gobierno controla el 51% del capital a través de Enaire, empresa dependiente del Ministerio de Fomento, con las tiendas y restaurantes de sus aeropuertos.

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El epicentro de la disputa está en que Aena defiende que la oferta de ajuste de rentas que planteó a sus inquilinos en enero era equitativa, y suponía para el operador aeroportuario renunciar a 800 millones, mientras que los comerciantes la califican de abusiva, hasta el punto de que si la aceptan dicen que se enfrentan a la quiebra.

Para obligar a Aena a ajustar los alquileres a la evolución real del tráfico de pasajeros, Coalición Canaria presentó una enmienda a la Ley de Transporte Terrestre, que fue aprobada la semana pasada en el Senado con los apoyos de PP, ERC, Junts, Ciudadanos, Vox, Bildu, Compromís, UPN, PRC, Més per Mallorca, independientes y Agrupación Socialista de La Gomera.

El Senado aprobó la semana pasada una enmienda de Coalición Canaria que obliga por ley a bajar los alquileres comerciales

Únicamente votaron en contra PSOE, PNV y el Partido Aragonés, mientras que Teruel Existe, Geroa Bai, Más Madrid y Adelante Andalucía se abstuvieron, lo que permitió incorporar esta enmienda al cuerpo de la ley y remitirla al Congreso para la votación de este jueves.

Si se extrapolan las posiciones ya vistas en la Cámara Alta a la Baja, los socialistas volverán a perder la votación y Aena se enfrentará a un agujero que diferentes analistas estiman entre 1.200 y 2.000 millones de euros, según publicó 'Expansión'.

La tensión es máxima y hasta el último momento se espera que haya todo tipo de contactos por parte de los socialistas para intentar conseguir que alguno de los dos grandes partidos de la oposición, PP y ERC, cambie de postura. Un giro que 'a priori' se vislumbra complicado, ya que las dos formaciones se han posicionado desde el principio en favor de negociar mejores condiciones para los inquilinos.

Aunque más del 80% de los ingresos que obtiene Aena de estos comerciantes procede de cuatro grandes grupos —Dufry, SSP, EatOut y Áreas—, la inmensa mayoría de los 120 inquilinos de locales comerciales de los aeropuertos son pequeños comerciantes y empresas familiares.

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De estos, unos 90 aceptaron la propuesta que hizo Aena en enero, y que les ha reconocido una quita del 50% en las rentas hasta septiembre, momento a partir del cual Aena pasa a exigirles el 100% del alquiler, aunque desde el Gobierno ya se ha trasmitido el mensaje de que el tráfico de pasajeros estará este año, si nada excepcional ocurre en el último trimestre, un 50% por debajo del registrado en 2019.

Ante la inminencia de la votación, además de la treintena de pequeños comerciantes que rechazaron el pacto de Aena, y que se agruparon en Aeoca, algo más de una docena de agrupaciones empresariales han firmado una carta pidiendo "el apoyo del Congreso para evitar la quiebra del sector y la pérdida de miles de empleos".

Una docena de asociaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO respaldan la enmienda

También los sindicatos UGT y CCOO se han posicionado del lado de "ajustar los alquileres de las zonas comerciales de Aena al tráfico real, en línea con la enmienda aprobada por el Senado", ya que, aseguran, volver a cobrar el 100% de los alquileres, como conlleva la propuesta de la empresa pública, "impactaría de forma directa en la viabilidad económica de las 120 empresas que operan en los aeropuertos y en los más de 12.000 empleos que generan".

La enmienda de Coalición Canaria que hoy podría convertirse en ley defiende que Aena renuncie al cobro de las rentas entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y las ajuste a partir de ese momento a la evolución real del tráfico de pasajeros. Esta modificación se mantendría hasta que se recuperaran los niveles de 2019, un horizonte que la propia compañía presidida por Maurici Lucena retrasa hasta 2026.

Además, este cambio no solo afecta a previsiones de beneficios futuros, sino que también modifica los términos de los contratos del ejercicio de 2020, cuando Aena se anotó 620 millones que con la nueva ley no debería haberse ingresado. Las cuatro primeras sentencias judiciales que han entrado al fondo de la cuestión han coincidido también en ligar las rentas a la evolución real del tráfico.