La jueza vuelve a dar la razón a los 'duty free' y acusa a Aena de ser "ajena a la situación actual"

Nuevo y muy duro revés judicial para Aena. La magistrada del juzgado de primera instancia número 39 de Madrid ha desestimado la demanda de oposición que presentó el operador aeroportuario contra las medidas cautelares concedidas a Dufry, empresa dueña de World Duty Free (WDFG), y Canariensis, su socio en las Islas Canarias, para evitar que la empresa pública pudiera ejecutarles 385 millones de euros correspondientes a las rentas mínimas garantizadas (RMGA).

Por su cuantía, se trata del pleito más importante al que se enfrenta Aena de todos los que tiene abiertos con varios comercios y restaurantes que han rechazado la propuesta presentada por la compañía el pasado enero, que consiste en cobrar el 0% desde que se decretó el estado de alarma y hasta la tercera semana de junio de 2020, y una quita del 50% a partir de ese momento y hasta el próximo 8 de septiembre, cuando volverá a cobrar el 100%. De hecho, este auto ha obligado a Aena a hacer un comunicado ante la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) adelantando que lo recurriá ante la Audiencia Provincial.

TE PUEDE INTERESAR

El fallo del Supremo pone en jaque la estrategia legal de Aena contra sus inquilinos

Pedro del Rosal Ruth Ugalde

Los inquilinos del espacio comercial de los aeropuertos españoles que se han opuesto a la oferta de Aena consideran que ésta no se ajusta a la realidad de la actividad aeroportuaria española, ya que los números chocan con las previsiones de la propia Aena de que el tráfico no recuperará los niveles precovid hasta 2026, un razonamiento que ha suscrito también la magistrada en un auto, al que ha tenido acceso este medio. En él, la jueza respalda muchos de los motivos esgrimidos por los duty free, que defienden la aplicación de la cláusula 'rebus sic stantibus' para rechazar la propuesta de la empresa pública y exigir que se siente a negociar un nuevo acuerdo, que permita el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

Entre otros puntos, la magistrada observa un doble rasero de la empresa pública en esta disputa, al negar a los comerciantes las mismas condiciones que sí concede a las empresas de alquiler de vehículos e, incluso, a sí misma en la concesión del aeropuerto de Murcia. "Sí parece haber asumido la eficacia de la cláusula 'rebus' en la gestión de los arriendos con las empresas de alquiler de vehículos y cuando a ella le revierten beneficios, como en la gestión de la subvención solicitada y concedida por el Gobierno de Murcia".

La jueza destaca que Aena se ha beneficiado en Murcia del beneficio que niega a Dufry

En concreto, la magistrada hace referencia a una subvención concedida por el Ejecutivo regional a la codemandada Aena Murcia, "precisamente, por restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante compensación, por la situación de hecho creada por el covid-19, en importe ascendente a 2.592.123,72 euros".

Para la jueza, "es claro que el posicionamiento de la demandada en este punto parece anclado en unas coordenadas fácticas que no toman en consideración lo extraordinario de la crisis propiciada por la pandemia de covid, abocando a las entidades arrendatarias a una situación de nulos ingresos corrientes, por cierre de las tiendas y de los aeropuertos, con perpetuación de unos compromisos económicos que, incluso en la concreción de las denominadas RMGA, parecen soportados en situaciones absolutamente ajenas a la realidad actual que nos azota", recoge al auto del pasado 4 de junio.

Entre los argumentos que el operador aeroportuario defiende para oponerse a un acuerdo, está la fortaleza de Dufry, gigante mundial de las tiendas libres de impuestos, postura que el auto rechaza con la tajante afirmación de que "predicar de inicio a este grupo empresarial, vinculado de lleno al negocio aéreo, tan fuertemente sacudido por la crisis, una posición de tesorería consolidada 'cómoda', que le puede permitir 'seguir invirtiendo en oportunidades de crecimiento', atenta absolutamente a la lógica de las cosas en clave de pandemia".

La magistrada llega incluso a echar en cara a Aena haber tergiversado el análisis de la situación financiera del gigante suizo, que ha aplicado un ERTE por fuerza mayor sobre 1.989 trabajadores y un ERE que ha afectado a 75 trabajadores de los servicios centrales, además de haber solicitado un ICO de 25 millones de euros. Canariensis, por su parte, ha suspendido temporalmente el empleo de 412 trabajadores, sobre una plantilla de 422, y solicitado un préstamo de 20 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Aena rechaza negociar con sus inquilinos y opta por judicializar el futuro de la empresa

Ruth Ugalde

"A mayores, ocurre que las conclusiones de la parte demandada al examen de las citadas cuentas de 2019 han mutilado de forma interesada la información que se desprende del examen de tal documentación". Y continúa: "La situación de pandemia ha merecido consideración especial, a la hora de justificar la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. La parte demandada, en efecto, ha extractado parcialmente el contenido en este punto porque se indica que los administradores consideran que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien, a fecha de formulación de las mismas, hay una incertidumbre sobre la continuidad de la sociedad derivada del impacto económico negativo del covid-19. Tal reseña aquí subrayada, obviada en la argumentación de la demandada, es en efecto trascendente", recoge el auto.

Dufry y Canariensis, así como otras grandes empresas inquilinas de los locales comerciales de Aena, como SSP, Áreas o Ibersol, defienden que debe reconocerse la circunstancia excepcional y sobrevenida del covid para restablecer el equilibrio del contrato y ajustar las rentas a la evolución real del tráfico, máxima a la que Aena se opone, ofreciendo como alternativa la citada oferta de principios de año. Todas estas empresas han conseguido cautelares que impiden a Aena ejecutarles los avales.