Las constructoras advierten del serio peligro de perder fondos europeos por retrasos

Las grandes compañías de infraestructuras del país, por boca de la asociación Seopan, han advertido del serio riesgo que existe de perder gran parte de los 34.490 millones de euros de ayudas europeas previstas para este año, debido al retraso que lleva Europa en la tramitación de las mismas y al reto que supone para las administraciones españolas gestionar esta elevada cifra en tan corto periodo de tiempo. Máxime, cuando ni siquiera han sido capaces de adjudicar casi tres de cada 10 euros presupuestados el año pasado.

"Debería de darse algo más de plazo", ha señalado Julián Núñez, presidente de Seopan, quien ha insistido en la idea de que "se hace realmente difícil poder gestionar más de 34.000 millones en este tiempo y no queremos perder esos fondos por problemas que no son de nuestro Gobierno ni de las comunidades autónomas". En su opinión, la razón del retraso en la aprobación de las normas reglamentarias de los Fondos Europeos puede responder a que, cuando la Comisión Europea presentó esta iniciativa, el verano pasado, todavía se confiaba en que en 2021 iba a primar más la normalidad que la crisis, y la realidad ha terminado siendo muy diferente a lo que se esperaba entonces.

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Los interrogantes en torno a la inyección de fondos comunitarios hace que resulte muy incierto pronosticar el futuro del sector, ya que el potencial crecimiento de entre el 1% y el 2,7% estimado está condicionado por la capacidad de las administraciones españolas de gestionar las ayudas europeas, por el cumplimiento de la ejecución presupuestaria (especialmente Adif, ya que ella sola representan el 24,4% de la obra civil nacional) y por los pasos que se den para impulsar contratos de colaboración público-privada.

La experiencia invita a confiar poco en la ejecución presupuestaria, sobre todo después de comprobar cómo los dos grandes ministerios inversores (Transportes y Transición Ecológica), el pasado año, dejaron sin ejecutar algo más de tres de cada 10 euros, después de que esta no superara el 68,7%. Si se echa la vista atrás 14 años, se comprueba como el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, cuyo impacto se traduce en 48.000 empleos anuales no creados y 20.145 millones de euros de retorno fiscal por impuestos y cotizaciones sociales dejados de percibir a lo largo de todo este tiempo, según los cálculos de Seopan.

Opinión

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Respecto a la búsqueda de fórmulas que incentiven la colaboración público-privada, Nuñez ha subrayado la decisión del Ejecutivo de elevar dos puntos la remuneración de los proyectos que se enmarquen dentro del mecanismo Next Generation del 2% al 4%, pero se lamenta de que el PIC (Plan de Inversión en Carreteras) quede fuera. No obstante, recuerda que cabe la opción de que el Ministerio de Hacienda pueda incrementar también aquí la tasa de descuento de los proyectos, para lo cual debería dar su autorización expresa.

Aunque, desde el punto de vista técnico, Seopan considera que no habría demasiado problema para elevar también la remuneración del PIC, sí advierte que, en función de qué riesgos se transfieran (de demanda, expropiaciones...), el nuevo 4% también sería insuficiente para estos proyectos y requeriría cifras más elevadas.

Caída de licitación y ejecución

El impacto que ha tenido el covid en el sector de construcción y concesiones de infraestructuras se ha saldado con la caída de la licitación pública en obra civil del 26% y del 40% en la contratación pública, recortes que en ambos casos sitúan a la industria en niveles de 2014, según datos de los datos de Seopan.

Además, desde el primer estado de alarma (marzo) hasta diciembre, el tráfico en las autopistas y autovías estatales y autonómicas cayó un 37% y un 35%, respectivamente; mientras que entre marzo, abril y mayo y se destruyeron 80.200 empleos de media al mes en total en el sector construcción, habiéndose recuperado en su práctica totalidad a final de año.