Reclaman al amparo del RD-ley 8/2020

Los loteros ultiman una demanda contra el Gobierno tras negarse a indemnizarles

Las administraciones de lotería preparan una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Estado después de la negativa de Hacienda a resarcirles por los daños causados durante la alarma

Foto: Foto de archivo de una administración de lotería cerrada. (EFE)
Foto de archivo de una administración de lotería cerrada. (EFE)
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Los administradores de lotería preparan una guerra contra el Gobierno en los tribunales. Cientos de titulares de puntos de venta en España han formado un frente común para reclamar al Estado lo que entienden les corresponde, después de que se vieran obligados a cerrar con motivo del estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta primavera.

Después de agotar las vías administrativas, el sector ultima una demanda por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional para exigir a Hacienda que se les indemnice al amparo del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19. Según interpretan de ese mandato del Gobierno, sus concesiones administrativas deberían ser resarcidas por los daños económicos que les causó el Estado por obligarles al cierre entre marzo y junio.

El representante legal de muchos de estos loteros, el socio del despacho Roca Junyent Manuel Silva, decidió pedir explicaciones formales tanto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) como al Ministerio de Hacienda, responsable último de la anterior. Sin embargo, ninguno de las dos ha dado respuesta —ni positiva ni negativa— a sus peticiones.

Por ello, concluido el plazo legal que tienen para responder, dan por hecho el silencio negativo de la Administración y los loteros han decidido elevar a la Justicia sus reclamaciones. En resumen, lo que pide el representante legal de los titulares de los puntos de venta de loterías es que la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda, instruya a Selae —de la que es responsable— para que, al amparo de lo que dictó el Gobierno en el RD-ley 8/2020, resarza a los administradores de lotería por el periodo en el que fue obligada la suspensión de sus servicios (durante el estado de alarma).

Aunque ni Selae ni sus instancias superiores han dado respuesta a los loteros, sí que lo ha hecho el Gobierno a una pregunta parlamentaria que lanzó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en la que pedía explicaciones al Ejecutivo por la situación de los administradores de puntos de venta de lotería.

Aunque fuera del plazo establecido, el Ejecutivo ha hecho pública recientemente su respuesta. "El Ministerio de Hacienda quiere hacer constar que las diversas peticiones presentadas por los titulares de puntos de venta de loterías y apuestas del estado ante la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado SME SA (Selae) han sido objeto de análisis jurídico. Tras este análisis, se ha considerado que las pretensiones de los solicitantes no encajan en el marco de la normativa desarrollada con motivo del estado de alarma", responde el departamento dirigido por María Jesús Montero.

Hacienda "considera que las pretensiones de los solicitantes no encajan en el marco de la normativa desarrollada en el estado de alarma"

Tras conocer la negativa del Ejecutivo a indemnizarles, los loteros han tomado la vía de los tribunales. Una forma de englobar sus intereses y acelerar la resolución del conflicto es a través del contencioso-administrativo que pretenden lanzar en los próximos días en la Audiencia Nacional, pero además los 10.000 puntos de venta que hay en España pueden emprender una guerra de guerrillas interponiendo demandas individuales en los juzgados de primera instancia. Sin embargo, esta vía es más lenta, dado el colapso que existe en los juzgados españoles.

Por otro lado, el representante legal de muchos de los loteros que se han levantado en armas para reclamar que se les compense por los daños económicos sufridos durante la pandemia pretende recurrir también al defensor del pueblo como vía alternativa para reclamar.

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