Cientos de loteros reclaman al Estado los beneficios perdidos durante el confinamiento
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Ya se ha puesto en conocimiento del Gobierno

Cientos de loteros reclaman al Estado los beneficios perdidos durante el confinamiento

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado está ignorando el aluvión de solicitudes de indemnización y pago de lucro cesante de las administraciones de lotería

Foto: Foto de archivo de una mujer esperando para entrar en una administración de lotería de Madrid. (EFE)
Foto de archivo de una mujer esperando para entrar en una administración de lotería de Madrid. (EFE)

Las debilitadas arcas públicas pueden verse aún más deterioradas después del frente que han abierto los loteros del Estado. Cientos de administraciones de lotería han presentado solicitudes de indemnización y pago del lucro cesante contra la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) por verse obligadas a parar su actividad durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

A diferencia de cualquier otro negocio, las administraciones de lotería son concesiones otorgadas por el Estado, y para este tipo de actividades el Gobierno reconoció una serie de derechos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19, explica Manuel Silva, abogado y socio del despacho Roca Junyent, que es quien está gestionando estas reclamaciones.

Según señala, las administraciones de lotería están bajo el paraguas del artículo 34.1 y 34.4 de ese real decreto: "Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del covid-19". Dicho decreto señala que, si "la ejecución de un contrato público quedara totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de suspensión".

placeholder Foto de archivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Jesús Huerta Almendro, presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. (EFE)
Foto de archivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Jesús Huerta Almendro, presidente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. (EFE)

En este sentido, el decreto elaborado por el Gobierno sostiene que "la situación de hecho creada por el covid-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato", y añade: "Dicho reequilibrio, en todo caso, compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el periodo de duración de la situación de hecho creada por el covid-19".

Basándose en afirmaciones como las anteriores, el socio de Roca Junyent, que defiende a los administradores de loterías entiende que es legítimo que se les indemnice, no solo con los gastos en los que hayan incurrido sino también el lucro cesante durante el periodo en que estuvieron suspendidos los sorteos y las competiciones deportivas con que se comercializan la quiniela y otras loterías.

Sin embargo, Salinas lamenta que desde la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado aún no se le haya dado respuestas a las más de 200 reclamaciones que ha hecho su despacho, pese a que han pasado meses desde que se presentaron las primeras. Por ello, el despacho fundado por el padre de la Constitución Miquel Roca ha decidido poner esta situación en conocimiento del Gobierno. El abogado ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda, que es responsable último de la Dirección General de Patrimonio, de quien depende la Selae.

El Confidencial se puso en contacto con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado para conocer su posición, pero ha rechazado responder. A su vez, este periódico ha contactado con el Ministerio de Hacienda, que también ha declinado hacer comentarios sobre esta cuestión. Ambas instituciones están dirigidas por viejos conocidos, ya que el presidente de Selae, Jesús Huerta, fue director general en la Consejería de Hacienda de Andalucía que dirigía la actual titular de Hacienda, María Jesús Montero, hasta que Sánchez llegó a Moncloa en junio de 2018 y ambos pasaron a sus actuales cargos.

Foto: Imagen de archivo de una Administración de Lotería.

Este problema tiene otras vertientes, porque otras administraciones de lotería repartidas por toda España han decidido obviar la vía administrativa y acudir directamente a la Justicia para defender su posición, con lo que ya se están planteando litigios por esta cuestión. Salinas advierte de que si continúa la ignorancia por parte de la Administración, no lo quedará más remedio que tener que acudir también a la Justicia.

De esta forma, la firma estatal de loterías afronta un duro problema. Fuentes del sector aseguran que entre los reclamantes está la Bruixa D´Or. La mayor administración de lotería de España por nivel de facturación ha rechazado hacer comentarios sobre esta cuestión. La casuística es muy variada porque cada administración de lotería ha tenido que parar, por más o menos tiempo, en función de la evolución del estado de alarma y la desescalada. Hay administraciones en centros comerciales de Madrid que hasta finales de junio no han podido levantar la persiana, con lo que las reclamaciones aumentan respecto a otras.

De prosperar estas reclamaciones, fuentes del sector señalan que el agujero para el Estado sería muy elevado, una amenaza para unas cuentas ya de por sí muy deterioradas por el coronavirus.

Las debilitadas arcas públicas pueden verse aún más deterioradas después del frente que han abierto los loteros del Estado. Cientos de administraciones de lotería han presentado solicitudes de indemnización y pago del lucro cesante contra la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) por verse obligadas a parar su actividad durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

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