Goldman y Azora llevan a Ayuso ante los tribunales por la venta de los pisos del IVIMA

Nuevo frente judicial derivado de la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo IVIMA (actual Agencia de la Vivienda Social AVS) de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs. Diez meses después de que el Tribunal Supremo avalara un fallo anterior del TSJM (Superior de Justicia de Madrid) que anulaba la venta de estos pisos que llevó a cabo el Ejecutivo regional, entonces presidido por Ignacio González, la sociedad a través del cual el banco de inversión adquirió estos hogares, Encasa Cibeles, ha decidido demandar a la AVS para dar pleno cumplimiento a la sentencia, según un comunicado oficial emitido por la sociedad.

De las 2.935 viviendas que, en el año 2013, vendió el gobierno regional a Encasa (compañía donde Goldman posee el 97,95% del capital y la gestora Azora el resto), actualmente hay 1.722 viviendas bajo propiedad del fondo, ya que el resto fueron siendo adquiridas por los inquilinos. Según el TSJM, “la Comunidad no documentó suficientemente la fase administrativa interna de preparación del proceso de adjudicación de las viviendas”, lo que lleva ahora a la compradora a defender que “se ve afectada por la sentencia en la medida en que da lugar a la cancelación total y no parcial de la venta realizada en 2013”, añade el comunicado.

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Ruth Ugalde

Las fuentes consultadas por El Confidencial sostienen que la diferencia de fondo entre Encasa y el Gobierno ahora dirigido por Isabel Díaz Ayuso radica en que los primeros consideran que la devolución de las viviendas debe de hacerse en bloque, mientras que la Comunidad sostiene que ha de llevarse a cabo poco a poco, conforme los inquilinos vayan presentando las demandas. Una diferencia técnica que, sin embargo, puede tener importantes consecuencias de seguridad jurídica, ya que una devolución paulatina dilataría en el tiempo la aceptación del fallo del TSJM.

En juego hay una indemnización millonaria, ya que Encasa pagó en su momento 201 millones de euros por hacerse con estas viviendas, cifra a la que deberían descontarse los alquileres pagados durante estos siete años transcurridos, pero a la que a cambio habría que añadirse todos los gastos de inversión en las viviendas y actualización del precio del dinero, entre otros aspectos. Un desembolso que, además, llega en un momento crítico para las arcas públicas, que se enfrentan a una dura crisis económica derivada de la pandemia del Covid.

A pesar de la presentación de la demanda, desde Encasa afirman que “reiteramos nuestra propuesta de trabajar con la AVS para facilitar un tránsito ordenado de la viviendas”, y subrayan que “hemos intentado colaborar con la AVS para encontrar una solución amistosa lo antes posible en interés de todas las partes afectadas por el fallo judicial y nos mantenemos abiertos al diálogo".