Abogacía plantará batalla

Ayuso recurrirá hasta el Constitucional la nulidad de la venta de VPO a Goldman-Azora

La Comunidad de Madrid está dispuesta a pelear y, si hace falta, llegar hasta el Tribunal Constitucional para defender la licitud de la venta de 3.000 viviendas sociales a Goldman Sachs

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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La Comunidad de Madrid está dispuesta a pelear hasta el final la validez de la venta de 2.935 viviendas públicas a Encasa Cibeles, sociedad controlada por Goldman Sachs y Azora, que ayer recibió un auténtico varapalo al conocerse el auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso del Gobierno regional y deja al filo del abismo la operación, ya que avala los fallos de instancias inferiores que declararon nula esta transacción.

La noticia es todo un jarro de agua fría para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que hereda un problema gestado durante el mandato del popular Ignacio González, que era el presidente de la comunidad cuando se diseñó y ejecutó la venta de 32 promociones del Ivima por 201 millones de euros.

Una operación que la Justicia considera que no fue suficientemente explicada ni motivada en los pliegos del concurso que se organizó para llevar a cabo la venta, y que tampoco fue aprobada por el consejo de administración del Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid), como era preceptivo, motivos que ahora, seis años después, han llevado a declarar nula la transacción.

"La Abogacía de la Comunidad de Madrid está valorando el auto, contra el que cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional", ha señalado un portavoz del Ejecutivo de Díaz Ayuso. Todo un aviso a navegantes de la batalla legal que se avecina y que promete dilatar varios años el capítulo final de esta batalla.

Viviendas de Goldman Sachs-Azora adquiridas al Ivima.
Viviendas de Goldman Sachs-Azora adquiridas al Ivima.

En esta disputa, la pelota está en el tejado del Gobierno regional más que en el de Encasa Cibeles, para quien estos fallos responden a "un vicio procedimental únicamente imputable a la Administración".

De hecho, la inmobiliaria de Goldman y Azora considera que "existirían, en principio, fórmulas jurídicas para subsanar el vicio procedimental, si bien su adopción depende, en última instancia, de que la Comunidad de Madrid las considera viables y oportunas", según confiesa la entidad en su informe de gestión.

En este documento, la sociedad también recuerda que la declaración de nulidad "lleva aparejada como efecto la necesaria restitución de las prestaciones recibidas", es decir, que si finalmente la comunidad se ve obligada a tener que retrotraer la operación, Goldman y Azora reclamarán el dinero que pagaron por las viviendas.

Al haber recibido este jueves la sentencia, la Abogacía todavía está analizando todas sus opciones, incluida la solicitud de aclaraciones al Supremo, según explican desde el Gobierno regional. En cualquier caso, tanto si opta por buscar una fórmula jurídica que permita subsanar los errores del pasado como si termina recurriendo hasta el Constitucional, la comunidad insiste en aclarar que, en ningún caso, se podrá anular la venta de todas las viviendas.

El motivo es que, de los 2.935 pisos que se vendieron, más de 1.200 fueron adquiridos por los inquilinos que vivían en ellos cuando se selló la operación y que decidieron ejecutar su derecho de compra, lo que reduce a unos 1.700 hogares el alcance de las consecuencias que se deriven de esta batalla judicial.

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