Telefónica esquiva el pago de una multa de Hacienda alegando impacto en el 'rating'

Telefónica ha logrado eludir un pago a Hacienda tras alegar ante la Justicia el efecto "devastadoramente perjudicial" que tendría su abono inmediato para la salud financiera de la operadora de telecomunicaciones.

La Audiencia Nacional ha estimado una medida cautelar en un recurso presentado por la firma presidida por José María Álvarez-Pallete. En un auto firmado por la sala de lo contencioso del alto tribunal, los magistrados suspenden el desembolso de 28,23 millones de euros (23 millones más otros 5,2 millones por intereses de demora) correspondientes al IVA de 2009 a 2011 que le viene reclamando desde 2015 la Agencia Tributaria, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En dicho auto, Telefónica asegura que "más allá del elevado importe de la deuda tributaria que se encuentra en el origen del presente recurso (que supera los 28 millones de euros), el pago de dicho importe incide muy negativamente, entre otros, en dos aspectos de especial relevancia para la compañía: el acceso a los mercados financieros y la atracción/pérdida de inversores".

Para acreditar esta situación financiera, la operadora aporta al caso un informe elaborado por Moody´s Analytics. Dicho documento expone, siempre según el auto judicial, que "el pago de la deuda y la incidencia que el mismo pueda ocasionar en la inversión externa, conllevaría la posible degradación del nivel de 'rating' expuesto, dificultando enormemente el acceso a la financiación bancaria, imprescindible para abarcar todos los proyectos que TSA [Telefónica Sociedad Anónima, por sus siglas] tiene planificados para afrontar la evolución tecnológica que el mercado requiere, por lo que la existencia de trabas al acceso de esta financiación tiene un efecto devastadoramente perjudicial".

Los argumentos de Moody´s Analytics son clave para los magistrados de la Audiencia Nacional. En sus conclusiones, destacan que "este informe constituye un indicio claro de que el pago de la multa recurrida, cuyo importe asciende a 28.239.649,03 euros, podría provocar perjuicios de un alcance que justifican su suspensión en este trámite".

No obstante, el alto tribunal destaca en la parte dispositiva del auto que la suspensión queda condicionada a que Telefónica "aporte garantía en forma de aval bancario u otra admisible en derecho por el referido importe".

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Con este recurso de reposición, la multinacional cotizada logra revocar un auto previo de enero de 2020 que desestimó la medida cautelar de la suspensión del pago sobre la resolución emitida en septiembre de 2019 por el Tribunal Económico-Administrativo Central. Ese auto previo no aceptaba como justificación el daño que causaría a Telefónica la ejecución de la multa. Aseguraba que "dicha afirmación carecía del más mínimo sustrato probatorio en el que pudiera apoyarse, más allá de la invocación al elevado importe de la liquidación recurrida".

Es por ello que creía que dicha medida es una "abierta vulneración del principio general que impone su ejecutividad". Entonces señalaba que la medida cautelar era "una opción inaplicable cuando falta en todo caso el presupuesto previo de la acreditación del carácter irreparable o de muy difícil reparación, del perjuicio irrogado".

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Fuentes al tanto de la situación señalan que los servicios jurídicos de Telefónica habrían buscado eludir el pago de esta multa porque creen que en la cuestión de fondo tienen razón. Con este auto, logran evitar el abono de los 28,2 millones y simplemente tendrán que hacer el depósito de un aval bancario que no supera los 70.000 euros al año.

Poco antes de que se conociera este auto, el Tribunal Supremo dio la razón a la operadora en otra cuestión también relativa al pago del IVA sobre ciertas operaciones con derivados, donde el alto tribunal entendió que había algunos pagos que se le reclamaban y que no tenía que hacer. Ese hecho les lleva a pensar que en este caso finalmente tampoco tendrán que pagar, ya que el litigio es de naturaleza similar. En este caso, las fuentes consultadas señalan que Telefónica centró su defensa en el daño financiero que podría provocar el abono de la multa como estrategia judicial para evitar el pago y la posterior reclamación, si es que finalmente la Justicia les da la razón.

La cantidad que se reclama en concepto de IVA parte de un acuerdo de liquidación dictado el 26 de junio de 2015 por la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Telefónica logró en el primer semestre de 2020 unos ingresos de 21.706 millones de euros. El beneficio cayó un 53%, hasta los 831 millones de euros, lastrado por los efectos de la pandemia.