Inversión verde: el sector pide visibilidad y certidumbre en la era covid

Tan solo unos meses después de cerrar el segundo año más caluroso de la historia, el coronavirus eclipsó una urgencia que ya venía pidiendo a gritos un hueco en las agendas políticas: la crisis climática. Dos problemas que no son opuestos, y que el pasado mes de mayo el Gobierno entrelazó al presentar la ley del cambio climático como una palanca para la recuperación tras la pandemia.

“A través de la energía renovable, España ha desarrollado no solo un sector económico, sino también un sector industrial muy importante (es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada y el tercer exportador de aerogeneradores después de Alemania y Dinamarca), y esto es una doble oportunidad en un momento en el que las economías necesitan reactivarse y las empresas queremos invertir”, explicó Rocío Sicre, directora general de EDPR para España, durante una mesa redonda organizada por El Confidencial de la mano de Siemens Gamesa bajo el título 'Inversión verde: claves para evitar una crisis climática tras el covid-19'.

En el debate también participaron Enrique Pedrosa, chief regions officer onshore de Siemens Gamesa; Juan Virgilio Márquez, director general de AEE (Asociación empresarial eólica); Luis Atienza, miembro de la comisión de expertos Ley Cambio Climático y socio presidente de Argo Capital Partners, y Ricardo García, catedrático de físicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), experto en clima y expresidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En este contexto, el expresidente de la AEMET explicó que tenemos dos fenómenos de escalas diferentes (crisis sanitaria y climática), y en este momento estamos en un 'sprint' en la lucha contra el covid. Si el covid son años, el cambio climático son decenios: “Cuando pase la pandemia nos encontraremos un escenario donde el cambio climático estará acelerado. Lo que se ha firmado en el Acuerdo del Clima de París no es un acuerdo para volver a un clima como el que había hace 20 años, sino para ir a algo mucho más extremo, porque en este momento estamos un grado por encima del histórico”, recordó.

Ley de cambio climático: subastas y fiscalidad

El Gobierno y las empresas siguen dando pasos. Y cada vez con más fuerza. Desde la Administración central se está trabajando en cuatro herramientas para desarrollar toda esa normativa que sirva como telón de fondo en la lucha contra el cambio climático y proporcione a los inversores un marco de actuación claro que dé certidumbre a largo plazo: el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Pero ¿qué falta por hacer?

En general, el Gobierno está avanzando en la dirección correcta al empujar el desarrollo normativo, “se nota que nos han escuchado”, opinó Sicre. Pero ¿es suficiente? “Las empresas necesitamos un poco más, se está impulsando, pero a veces las compañías tenemos que tomar decisiones sin conocer el marco completo, necesitamos que se termine de desarrollar ya”, detalló.

Los expertos ponen el foco en los largos procesos administrativos, las diferencias normativas entre CCAA, las subastas y la fiscalidad. “El punto más crítico o menos avanzado es la parte de la tramitación. Desde el Gobierno se dan directrices, pero por otro lado está el desarrollo de las CCAA, y en función de donde inviertas tienen que ir adaptando su normativa. Nos falta certidumbre en este sentido”, añadió la directora general de EDPR, quien considera que sería importante alinear estas posturas para que las inversiones se hagan de una forma ordenada y cumpliendo los objetivos.

"La fiscalidad energético-ambiental es una suma de dobles imposiciones y desequilibrios entre consumidores" (Luis Atienza)

Por otro lado, las subastas de energía renovable han dado de qué hablar en los últimos años. Las últimas, celebradas en 2017, en las que se adjudicaron cerca de 9.000 MW de potencia eólica y fotovoltaica, no fueron como se esperaba, y aunque hay poca visibilidad al respecto, el sector estima que una parte de los proyectos no cumplieron con los plazos exigidos. Ahora, el PNIEC aborda esta cuestión tratando de brindar seguridad y confianza a los inversores para el desarrollo de nuevos proyectos: contempla unos 60.000 MW de nuevas renovables hasta 2030, que se repartirán a través de subastas anuales.

La industria espera ahora los detalles del primer lanzamiento antes de diciembre. En este contexto, ¿qué demanda el sector para los próximos meses? Aunque el marco regulatorio está bien orientado, desde Siemens Gamesa consideran que aún queda por hacer: “Es necesario seguir trabajando en el diseño de estas subastas y de tecnologías específicas, además, queremos trabajar junto con los actores del sector en un diseño específico de esas subastas que nos permitan extraer los aspectos más positivos de todas las tecnologías de las que disponemos”.

En concreto, Pedrosa cree que existen dos puntos cruciales para asegurar un proceso ordenado en este camino, que son urgentes y que todavía están sin resolver: convocatorias de subastas renovables específicas para cada tecnología y desafíos de penetración de energías renovables más ambiciosos. En este sentido, el objetivo que contempla el PNIEC para 2030 es duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta un 42% y alcanzar con las energías renovables el 70% del sistema eléctrico.

En materia fiscal, “el escenario en el que nos movemos es una especie de equilibrio inestable”, afirmó Márquez desde la Asociación Empresarial Eólica, quien echa en falta algún tipo de avance en esta materia en la Ley del Cambio Climático: “Podría haber sido un buen momento para planificar o lanzar algún proyecto piloto y empezar a ver así las consecuencias de esos cambios fiscales. Podríamos haber aprovechado ese paraguas y tener esa base fiscal, porque queremos que esta ley dure al menos dos legislaturas”. Lo cierto es que, a día de hoy, la energía eléctrica generada por las renovables, y en concreto la eólica, está muy gravada, y “no tiene sentido que algo que va a ser la solución esté más gravado que algo que se tiene que dejar”, añadió Márquez.

En este sentido, la diferencia entre CCAA también salpica al ámbito fiscal. El miembro de la comisión de expertos de la Ley del Cambio Climático tachó la revisión de esta fiscalidad como una carencia fundamental que aún está pendiente, expresando que, a día de hoy, “la fiscalidad energético-ambiental es una suma de dobles imposiciones, desequilibrios entre consumidores y entre vectores energéticos. Al no haber ordenación, muchas comunidades autónomas buscan huecos para obtener algunos recursos que lo que hacen es generar muy poca capacidad recaudatoria, mucho coste de gestión de los tributos y señales económicas inadecuadas, porque se produce cierta competencia entre territorios”, señaló.

En esta línea, Márquez añadió que “durante años, algunas CCAA, por sus capacidades y sus competencias, han ido tomando decisiones propias, y la consecuencia ha sido que la energía eólica ha estado muy gravada en muchos casos que, desde AEE, no consideramos lógicos”, matiza Márquez.

Inversiones y oportunidades

¿Cómo conseguir movilizar las inversiones en este contexto de crisis sanitaria? Los ponentes demandan un marco regulatorio estable en un escenario donde las prioridades climáticas competirán con otras urgencias sanitarias y sociales. “Las decisiones de inversión están atenazadas por una gran incertidumbre. Es importante movilizar al máximo la inversión privada porque los recursos públicos estarán limitados y tenemos que utilizarlos para reducir esta incertidumbre y movilizar esas decenas de miles de millones para invertir en renovables, eficiencia energética o infraestructuras de recarga”, añadió el socio presidente de Argo Capital Partners.

Con 227 centros de fabricación en 16 de las 17 Comunidades Autónomas, la industria eólica en España da trabajo a 24.000 personas, y solo en 2019 evitó la emisión de 28 millones de toneladas de CO2. El sector se consolida cada vez más, y según Atienza, invertir ahora reduciría un gasto futuro asegurado: “Se trata de generar actividad económica en un momento en el que las decisiones de gasto e inversión están paralizadas por la pandemia”. Explicó además que España ha estado destinando alrededor del 2% o el 3% del PIB a importar combustibles fósiles, llegando incluso al 7% en momentos de crisis: “Impulsar la inversión en descarbonización es crear empleo sabiendo que no es un gasto más, sino una inversión que generará renta en el futuro porque nos ahorrará estas importaciones”.

Para Siemens Gamesa, la oportunidad es única. “La energía eólica tiene un rango de mejora fantástico. En los últimos años ha llegado a ser la más competitiva junto a la fotovoltaica”. Por tanto, “si existe suficiente apoyo generando un marco de visibilidad y certidumbre legislativa que permita a los actores invertir a largo plazo, si se dan esas circunstancias, la oportunidad es magnífica”, expuso.

Por su parte, García concluyó poniendo encima de la mesa que cuando finalice la pandemia, el foco volverá a los problemas asociados al cambio climático: “Esto hará que la opinión pública y la conciencia social empujen hacia el tema de la descarbonización, es algo que cada vez será más visible porque el escenario que hemos acordado en todos los países es el de limitar los daños, pero no de eliminarlos”.