sigue la Guerra judicial

Bruselas recurre la anulación de la sanción de 13.000 millones a Apple

La Comisión Europea ha anunciado este viernes el recurso de la sentencia de la justicia europea por la que se anuló su sanción de 13.000 millones de euros a Apple

Foto: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (EFE)
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (EFE)

La sentencia del Tribunal General de la UE (TUE) se siguió con una enorme tensión en Bruselas. Finalmente la corte de Luxemburgo anuló la decisión de 2016 por la que la Comisión Europea obligó a la multinacional Apple a pagar 13.000 millones de euros en impuestos no aportados a las arcas públicas de la República de Irlanda por un acuerdo fiscal cerrado entre el Gobierno y la empresa americana que el equipo del Ejecutivo comunitario consideró como selectivo y por lo tanto ilegal.

No era una decisión más. Aquella era la clave de la estrategia de la Comisión Europea y del equipo de competencia, dirigido por la danesa Margrethe Vestager, para conseguir poner la lupa sobre aquellos Estados miembros que con esquemas fiscales agresivos drenan ingresos de otros países. La lista de sospechosos era clara: Irlanda, Luxemburgo, Bélgica o Países Bajos entre ellos. Apple había pagado entre el 1% en 2003 hasta el 0,005% en 2014, y como ella otras multinacionales se beneficiaban de acuerdos fiscales con algunos países europeos que le permitían pagar mucho menos de lo que debían.

La decisión de Apple coronó a Vestager como la pesadilla de las multinacionales e impulsó el esfuerzo de la Comisión Europea para lograr que estos países modificaran sus esquemas fiscales. Por lo tanto la anulación de aquella sanción por parte de la justicia europea este verano era muy simbólica. "La Comisión se equivocó al declarar que se había otorgado a Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE) una ventaja económica selectiva y, por extensión, una ayuda estatal”, rezaba la sentencia, que se conoció en julio de 2020.

Este viernes el Ejecutivo comunitario ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales europeos, lo que significa que el asunto acabará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la más alta corte europea. “La Comisión considera respetuosamente que en su sentencia el Tribunal General ha cometido varios errores de Derecho”, ha explicado Vestager en un comunicado. El rol de la danesa ha sido tan destacado que no solo ha logrado que un Gobierno de otro signo le vuelva a designar como su comisaria designada, sino que ha logrado que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, le haya convertido en vicepresidenta ejecutiva y le haya permitido retener la cartera de Competencia.

“Asegurarse de que todas las empresas, grandes y pequeñas, paguen su parte justa de impuestos sigue siendo una de las principales prioridades de la Comisión”, ha explicado Vestager este viernes, señalando que el propio TUE ha señalado en otras ocasiones que “si bien los Estados miembros tienen competencia para determinar su legislación fiscal, deben hacerlo respetando la legislación de la UE, incluidas las normas sobre ayudas estatales”. “Si los Estados miembros otorgan a determinadas empresas multinacionales ventajas fiscales que no están a disposición de sus rivales, esto perjudica la competencia leal en la Unión Europea, incumpliendo las normas sobre ayudas estatales”, ha señalado la danesa.

“Tenemos que seguir utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para garantizar que las empresas paguen su parte justa de impuestos”, ha subrayado Vestager. La Comisión Europea tiene entre sus prioridades acorralar los esquemas fiscales agresivos. Por eso esta misma semana Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha anunciado que para aprobar los Planes Nacionales de Reforma, que dan acceso al Fondo de Recuperación, los países con planificación fiscal agresiva tendrán que presentar propuestas para limitar dichos sistemas.

El Ejecutivo comunitario también sopesa la utilización del artículo 116 de los Tratados para considerar estos esquemas fiscales agresivos como distorsiones del Mercado Interior, lo que permitiría aprobar normas por mayoría cualificada en vez de por la unanimidad que permite el bloqueo en este área.

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