ACUERDO ALCANZADO EN VERANO

Atlantia aprueba la venta de su negocio de autopistas 2 años tras la tragedia de Génova

La compañía controlada por la familia Benetton ha puesto sobre la mesa dos opciones para llevar a cabo esta desinversión

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El consejo de administración de Atlantia ha aprobado la venta de todo su negocio de autopistas italianas, tras los acuerdos alcanzados durante el verano con el Gobierno del país, que pretende que todos los activos pasen al control del Estado como consecuencia del desplome del puente de una autopista en Génova en el verano de 2018.

La compañía controlada por la familia Benetton ha puesto sobre la mesa dos opciones para llevar a cabo esta desinversión, la primera a través de una venta directa al Estado y a inversores institucionales y, la segunda, mediante el traspaso de todos sus activos a una nueva empresa que saldría a Bolsa para acometer la desinversión.

En cualquier caso, según defiende en un comunicado, una vez terminada la transacción, Atlantia "se convertirá en un grupo estratégico con amplia experiencia en el sector que le servirá para entrar en nuevos proyectos de infraestructuras".

La empresa italiana defiende que, dada su alta diversificación geográfica, será capaz de aprovecharse de varias oportunidades de crecimiento del negocio en todo el mundo, continuando así con su proceso de internacionalización lanzado en los últimos años.

Atlantia, que controla junto con ACS, la española Abertis, constituyó el 8 de septiembre una nueva sociedad llamada 'Autostrade Concessioni e Costruzioni' para llevar a cabo la segunda de las dos opciones planteadas para la venta de Autostrade (ASPI), su filial de autopistas italianas.

En el caso de elegir esta opción, antes de su salida a bolsa, Atlantia mantendría en un principio el 62% del capital y sus accionistas el 38% restante. Posteriormente, lanzarían los títulos a negociación para completar la transacción a mediados de 2021.

Por el contrario, si se decanta por la primera opción, Atlantia venderá su 88% en ASPI directamente a la entidad pública Cassa Depositi e Prestiti (CDP) y a inversores institucionales, que estarían obligados a comprar el 12% restante en manos de minoritarios.

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