De la Cueva: "Necesitamos una regulación homogénea para lograr una economía verde"

El parón que ha supuesto la pandemia del covid-19 y la crisis que ha provocado a nivel global han tenido lugar en un momento en que el planeta estaba inmerso en el reto de la descarbonización de la economía. Un reto que no se puede dejar de lado a pesar de las circunstancias, ya que podría suponer una de las palancas de la recuperación económica a través de inversiones que generen empleo y riqueza, según los expertos.

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El Confidencial

Para analizar estas y otras cuestiones, El Confidencial y Acciona organizaron el foro digital 'Descarbonizar la economía tras el covid-19'. Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, fue la encargada de hacer la apertura institucional del evento, que contó con la participación de Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona; Ignacio Vicente, director general de Financiación y Estrategia del ICO (Instituto de Crédito Oficial); Jonás Fernández, eurodiputado y portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo; Natalia Fabra, catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, y Cristina Linares, científica titular en la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III).

Durante su intervención, Ana de la Cueva defendió que la descarbonización de la economía no es un reto que haya surgido con el covid-19 ni que implique solo a un país. A su juicio, no se puede “posponer” a la espera de “un momento más propicio” e insistió en que en la celebración de la Cumbre del Clima COP25, celebrada en Madrid el pasado mes de diciembre, todos los países reafirmaron su compromiso en que la lucha contra el cambio climático tenía que ser una prioridad para todos y tenía que formar parte de la agenda de reformas de todos los países.

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa explicó que, como consecuencia de la pandemia, España está en un escenario económico marcado por una contracción “sin precedentes” que ha llevado al Gobierno a la puesta en marcha, desde el mes de marzo, de un conjunto de medidas excepcionales dirigidas a retomar la actividad económica, asegurar la solvencia de las empresas, reforzar las inversiones y garantizar la creación de empleo estable y de calidad.

Ana de la Cueva quiso subrayar uno de los ejes fundamentales del plan del Gobierno, el relativo al impulso a la transición ecológica y al desarrollo de la economía verde, que necesita una regulación homogénea para ser viable. Precisamente, “el Marco Estratégico de Energía y Clima anunciado a principios de año es un fiel reflejo de este compromiso y cuenta con tres grandes instrumentos: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la estrategia de transición justa”, matizó.

La economía verde crea riqueza y empleo

Para Joaquín Mollinedo, los “caminos de la recuperación verde” son “la única estrategia válida” para cumplir con los objetivos de recuperación del empleo de manera inmediata y de reestructuración del modelo económico. “Soluciones empleadas para crisis anteriores ahora no valen”, sentenció. En este sentido, el director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona recordó que por cada dólar invertido en energías renovables hay unos beneficios arrojados de entre tres y ocho dólares, y que, según la Organización Mundial del Trabajo, por cada empleo en energías fósiles que se pueda perder como consecuencia del proceso de transición energética, pueden llegar a crearse hasta cuatro puestos de trabajo en la economía verde.

Asimismo, señaló que actualmente tenemos dos ventajas que no existían en crisis anteriores: “A diferencia de lo que ocurría en 2008, no existe una crisis de liquidez e instituciones. Estados e incluso el sector privado están dispuestos a realizar esfuerzos financieros y de inversión para afrontar esos retos. Además, contamos con mayor desarrollo tecnológico y digital”, expuso.

Natalia Fabra también señaló que existen otros estudios de carácter académico que ponen de manifiesto que estas actividades “tienen unos fuertes multiplicadores económicos” y que por cada euro invertido se multiplica por dos o por tres el beneficio. “Cuando nos endeudamos para financiar estas actividades, conseguimos un aumento superior del PIB que de la deuda. En definitiva, estamos mejorando la solvencia del país”, sostuvo.

En opinión de la catedrática de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente “estamos ante una oportunidad única”, ya que, si como defiende la Comisión Europea, se apuesta por el Pacto Verde —que pone el foco en la necesidad de avanzar hacia la rehabilitación energéticamente eficiente de edificios e infraestructuras y en impulsar la generación de energías renovables, la movilidad eléctrica, el transporte y la economía circular—, podemos aprovecharnos de la simbiosis entre desarrollo económico y desarrollo sostenible.

"Por cada empleo en energías fósiles que se pierda por el proceso de transición, pueden crearse hasta cuatro en la economía verde" (Mollinedo)

Además, los expertos pusieron de manifiesto que el sector público ya no es el único preocupado por el medio ambiente. Existe un compromiso por parte de los inversores privados para impulsar el mercado de bonos sostenibles como una de las palancas de recuperación. En este sentido, según Ignacio Vicente, "los inversores institucionales ya no compran únicamente bonos verdes por la rentabilidad financiera, sino porque también quieren ser parte de la solución a un problema como el climático". El director general de Financiación y Estrategia del ICO señaló que agentes privados y públicos reman en la misma dirección y que "la novedad de este año es que muchos privados se han lanzado a la emisión de estos bonos, sobre todo bancos".

Por otra parte, Ignacio Vicente hizo hincapié en que cuando el ICO participa en operaciones crediticias, no solo busca la rentabilidad financiera: “Nosotros vemos también las externalidades que generan las inversiones. Si el Estado considera que las inversiones son favorables más allá de las rentabilidades, vamos a ir a por ellas”, subrayó.

Los ponentes coincidieron en que la seguridad jurídica es necesaria para que la iniciativa privada se materialice y debatieron sobre si se debe aumentar o no la presión fiscal para financiar determinados proyectos y desincentivar determinadas actividades. “En el tema climático, tiene que existir reconocimiento de que hay actividades que tienen que ser incentivadas y otras penalizadas”, indicó Ignacio Vicente. En la misma línea, Natalia Fabra consideró que los impuestos “son un arma muy efectiva” para desincentivar ciertas actividades y promocionar otras. En su opinión, "es necesario que la sociedad perciba que abandonar ciertas actividades también tiene beneficios".

Por otra parte, los ponentes comentaron que es necesario que los recursos públicos que se vayan a inyectar para cambiar el modelo económico estén condicionados a que sean utilizados para los fines a que han sido destinados. “Si hablamos de transición energética, hubiera preferido que las ayudas de Estado que se van a otorgar al sector de la automoción hubieran ido destinadas a los vehículos sin emisiones y no a los de combustión”, aseveró Fabra.

El papel de la Unión Europea

Para el eurodiputado y portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, “la estrategia del 'Green New Deal' [conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el calentamiento global y la crisis financiera], la necesidad de modernizar nuestra economía y reducir nuestras emisiones, puede y debe incrementar no solo el bienestar de los ciudadanos europeos sino también mejorar su renta disponible". Jonás Fernández explicó que en estos momentos hay costes ambientales que no están bien internalizados en nuestras contabilidades públicas. "Tenemos constancia de que los costes de no actuar son mucho mayores que los de actuar”, explicó.

En este sentido, el eurodiputado indicó que, además del fuerte programa de inversión lanzado en torno al 'Green New Deal', la Unión Europea ha dispuesto un instrumento adicional para hacer que el esfuerzo para modernizar la economía no suponga que ningún territorio ni ningún ciudadano se queden atrás. “Se trata de un mecanismo de transición justa dirigido a que el beneficio de la transición energética sea un beneficio para todos”, expuso.

Efectos del cambio climático en la salud

Además de las ventajas que la descarbonización de la economía puede tener en la creación de riqueza y el empleo, en el encuentro se abordaron otros aspectos positivos que puede traer aparejados, como la mejora de la salud de los ciudadanos.

Según Cristina Linares, llevamos décadas sufriendo los impactos negativos del cambio climático en la salud. Como ejemplos, mencionó el impacto de las cada vez más frecuentes olas de calor, que empeoran patologías como la diabetes, la hipertensión y pueden provocar brotes de párkinson; y de las lluvias torrenciales, que cuando se producen implican que los afectados puedan sufrir traumatismos, desarrollar enfermedades mentales o abandonar sus tratamientos en caso de sufrir diferentes patologías.

La científica titular en la Escuela Nacional de Salud (Instituto Carlos III) recordó que las emisiones de dióxido de nitrógeno han bajado en Europa un 40% a causa del confinamiento, lo que ha supuesto que en los últimos meses haya disminuido la mortalidad asociada a la contaminación en el viejo continente en 11.000 personas. No obstante, “tendríamos que seguir así una década más para notar algún cambio o algún efecto de mitigación”, advirtió.