acciones civiles, administrativas y penales

Azora se harta y lleva ante los tribunales al equipo de Colau por acusaciones falsas

Cinco días después de que el Ayuntamiento de Barcelona anunciara un expediente sancionador contra Azora por tener viviendas vacías, la gestora ha denunciado que es falso y que irá a la Justicia

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (c). (EFE)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (c). (EFE)

La paciencia de Azora ha llegado a su límite y, cinco días después de que la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, convocara una rueda de prensa para anunciar la apertura de un expediente sancionador contra el fondo, este ha replicado con un comunicado oficial en el que acusa el equipo de Ada Colau de mentir y su decisión de acudir ante los tribunales.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Azora ha sido ver cómo desde el consistorio se le ha acusado de tener 20 viviendas de protección oficial sin alquilar por un periodo de hasta tres años, cuando “con un mínimo de diligencia y de forma muy sencilla, el Ayuntamiento podría haber comprobado en registros públicos que dichas viviendas habían estado ocupadas antes de iniciar el expediente”, ha replicado Azora.

En sus alegaciones, la firma asegura haber detallado medio centenar de contratos de arrendamiento firmados sobre las 20 viviendas en los periodos denunciados, además de haber dado pruebas de la labor comercializadora en este edificio, ubicado en la calle Alfons Comí 11-12, en el que se han firmado 124 contratos sobre un total de 66 viviendas en los últimos cuatro años.

“Al tratarse de viviendas protegidas los contratos se visan y autorizan por la Administración Pública. Resulta extraño e inexplicable que la Concejalía de Vivienda no haya solicitado a la Agencia de L’Habitatge los contratos de alquiler de esas viviendas, pudiendo haber comprobado que han estado y están alquiladas de forma acorde la normativa y precios establecidos por la propia Administración”, señala Azora en su comunicado.

Viviendas de Lazora, sociedad controlada por CBRE GI y Madison.
Viviendas de Lazora, sociedad controlada por CBRE GI y Madison.

La gestora dirigida por Concha Osácar y Fernando Gumuzio afirma estar siendo víctima de una “continuada e injusta campaña de desprestigio y acoso concertada contra Lazora por razones ideológicas e intereses partidistas”, y califica lo ocurrido hace cinco días, “de uso de la potestad sancionadora de los poderes públicos con fines propagandísticos y políticos para acosar a los administrados”, gota que ha colmado el vaso de su paciencia.

“Tanto Azora, como sujeto erróneo del expediente incoado, como Lazora, como propietario del edificio, van a iniciar las acciones legales (civiles, administrativas y penales) que en su caso puedan corresponder contra el ayuntamiento y las personas físicas responsables de estas actuaciones, incluido aquellas dirigidas a denunciar procedimientos administrativos llevados a cabo de forma irregular”, han advertido desde la firma de inversión.

Azora denuncia falta de investigación previa, lo que va contra las leyes de Procedimiento Administrativo, de Régimen Jurídico del Sector Público y de Vivienda Catalana

Suma y sigue, porque desde el fondo no dudan en afirmar que“el Ayuntamiento organiza con gran publicidad y utiliza la potestad sancionadora de forma irregular e ilícita para exigir a Lazora que entregue esos pisos a la bolsa social del Ayuntamiento y que aplique precios de alquiler por debajo de los precios oficiales establecidos por la propia Generalitat. La escasez de acierto del Ayuntamiento llega hasta el extremo incluso de abrir erróneamente un expediente a Azora, cuando ni siquiera es la propietaria del edificio”.

La rueda de prensa que organizó Martín y la apertura del expediente llegó después de que algunos vecinos del edificio se movilizaran contra el incremento de rentas que está aplicando Azora, incremento que ha podido hacer gracias a que se ha cumplido el periodo de protección y el régimen de estas viviendas han pasado ser de concertadas.

Intereses políticos

Además de lamentarse de que se “intente sacar rédito político” del problema social que es el acceso a la vivienda, y de recordar que la concejala Lucía Martín ya le acusó en enero “de cobrar rentas por encima de lo estipulado”, algo que Azora asegura haber demostrado como falso, la gestora asegura que esta actuación del consistorio dirigido pro Ada Colau “está plagada de irregularidades legales y de procedimiento” que le abren la puerta a tomar las citadas acciones legales.

En concreto, detalla que “la incoación del expediente no ha venido precedida de investigación previa, inspección ni comunicación de ninguna naturaleza, en lo que supone una clara violación de los principios más básicos de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Pública y la propia Ley del Derecho a la Vivienda Catalana que buscan prevenir las incoaciones infundadas, como es este caso”.

A esto se suma que “con la divulgación de la apertura del expediente sancionador declarando a Azora culpable de la infracción, el Ayuntamiento ha infringido el principio de presunción de inocencia, los principios de “objetividad” y el de “buena fe” que establece la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector Público, y el derecho de los administrados a la confidencialidad que establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo y la Ley Estatal de Transparencia. Igualmente, las personas concretas del Ayuntamiento que han divulgado los datos relativos al expediente han incumplido numerosos principios regulados en el Estatuto Básico del Empleado Público como el de confidencialidad e imparcialidad”.

"Desde Lazora, se entiende que todo esto no es casual, y que detrás de esta lamentable actuación impregnada de falta de buena fe, hay otros intereses. Es por ello que debemos denunciar la utilización partidista e ideológica de este asunto y de esta campaña, en un tema que, por su importancia, debería primar la gestión y el rigor y no los anuncios efectistas que en nada benefician a los ciudadanos, en particular a aquellos que más necesitan el acceso a la vivienda", concluye el fondo.

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