Lleva ya seis pleitos perdidos

Azora demanda a España por los recortes a las renovables pese a los nuevos incentivos

Canepa Green Energy lanza un arbitraje ante el CIADI y eleva el pulso contra el Reino de España, que tiene pendientes casi 40 pleitos por los que se le reclaman cerca de 10.000 millones

Foto: Parque eólico en Galicia. (EFE)
Parque eólico en Galicia. (EFE)

Canepa Green Energy, la división de renovables de la gestora de fondos centrada en la inversión inmobiliaria Azora, ha elevado un arbitraje contra el Reino de España en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI), según recoge en su página web la institución.

La disputa invoca el Tratado de la Carta de la Energía, el acuerdo para reclamar por los recortes a las primas renovables que realizaron tanto el PP como el PSOE entre 2010 y 2013. Esta reclamación es la primera contra España en 2019 y la trigésimo tercera ante la corte arbitral del Banco Mundial.

Además, es la primera reclamación tras el anuncio que realizó el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2018 para no rebajar la retribución razonable hasta 2031 para los afectados por los recortes, con el objetivo de evitar nuevos pleitos. Como ya adelantó El Confidencial, el plan de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para frenar los arbitrajes no enfrió a los inversores, alguno de los cuales se preparaba para lanzar un nuevo arbitraje.

Canepa Green Energy está domiciliado en Luxemburgo. "Es un vehículo de inversión creado en 2010, destinado a la inversión y gestión de activos de energías renovables, fundamentalmente energía eólica. Cuenta con inversiones en cinco parques eólicos en España distribuidos por Galicia, La Rioja y Cataluña; que cuentan con una capacidad instalada de unos 130 MW y una producción anual total cercana a 300.000 MWh" según destaca en su página web.

Actualmente, España arrastra aún 40 reclamaciones en diversas instancias internacionales como el CIADI, Uncitral o La Cámara de Comercio de Estocolmo. Se reclaman, según la última comunicación del Gobierno, alrededor de 10.000 millones de euros. Hasta la fecha, los últimos seis laudos han sido contrarios a España y daban la razón a los inversores. Solo los dos primeros pleitos, que no atacaban la reforma energética del PP en 2013, la más drástica de todas y la que ha motivado la mayoría de las demandas.

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