Nuevo revés de Cataluña contra Enagás y la banca: el Supremo anula más pagos al Castor

Nuevo revés judicial para las empresas atrapadas en el Proyecto Castor, la infraestructura gasista fallida construida por ACS en la costa de Vinaroz, entre Castellón y Tarragona. El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que los pagos reconocidos para 2018 a Santander, CaixaBank, Bankia y Enagás son nulos.

El alto tribunal ha estimado un recurso contencioso administrativo de la Generalitat de Cataluña para que deje sin efecto la Orden Ministerial ETU/1283/2017, que permitía en su artículo 5 cobrar de la factura gasista más de 80,6 millones a las tres entidades financieras y más de 15,7 millones a Enagás por el mantenimiento de la instalación para ese año.

Los magistrados que firman la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se amparan en el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró nula la fórmula legal de pago por la instalación fallida: un real decreto que cargaba la indemnización en el recibo del gas de los ciudadanos de a pie, durante 30 años, no era la vía adecuada.

Esta última decisión judicial, firmada el pasado 29 de mayo, es la última de una larga lista de fallos que han declarado nulos los pagos que se hicieron entre 2014 y 2018. Es decir, que Santander, Caixa, Bankia y Enagás son conscientes de que la Justicia considera, de manera firme, que casi 400 millones cobrados del recibo de los consumidores son nulos.

Estas resoluciones llegan como consecuencia de los recursos que, en su día, interpusieron tanto la Generalitat de Cataluña, gobernada primero por Carles Puigdemont y posteriormente bajo mando del Gobierno de Rajoy —por aplicación del artículo 155 de la Constitución—, como la patronal catalana multisectorial Cecot, quien también se lanzó a reclamar estos pagos en los tribunales.

Enterrado en los tribunales

La situación de Castor está ahora mismo enquistada en los tribunales. El almacén de gas cuya construcción fue encargada a la empresa Escal UGS, filial participada mayoritariamente por el Grupo ACS, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Durante las primeras pruebas de inyección de gas, se produjeron terremotos junto a la costa mediterránea que hicieron saltar las alarmas y se paró la infraestructura.

Entonces, el Gobierno de Rajoy pagó los 1.350 millones de euros, que reclamó la firma presidida por Florentino Pérez. El pago fue financiado por Enagás, que posteriormente titulizó la deuda y traspasó los derechos de cobro a Santander (700 millones), CaixaBank (450 millones) y Bankia (200 millones), y se quedó en la instalación solo para su mantenimiento.

Los consumidores estaban pagando el desastre cada mes en su recibo del gas, hasta que el Constitucional declaró que esa no era la vía correcta. Por ello, la CNMC ya dejó de liquidar este concepto desde inicios de 2018.

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Sin embargo, el Constitucional nunca puso en duda que había que resarcir al ejecutor de la obra, pese a que el contrato que firmó el presidente del Real Madrid con la Administración contaba con una cláusula que le permitía reclamar incluso si había habido dolo o negligencia durante la construcción.

Tras dejar de cobrar, tanto los bancos como Enagás han recurrido a la Audiencia Nacional para pedir cuentas al Gobierno y reclamar esos cerca de 1.000 millones que aún no han percibido. Hasta ahora, solo el Escal UGS (ACS) ha cobrado por la infraestructura que nunca se ha utilizado y ya no se utilizará, y por ahora nadie le ha reclamado su devolución hasta que se clarifique la situación, aunque algunos de los implicados crean que deberían solicitarle también responsabilidades. ACS declaró en 2019 que iría a los tribunales para no devolver los 210 millones que cobró y han sido anulados.

El Gobierno de Rajoy pagó 1.350 millones de euros reclamados por ACS. Lo financió Enagás, que traspasó los derechos de cobro

Enagás, por su parte, ya devolvió los pagos recibidos por el periodo 2014-2018 y, actualmente, está realizando las labores de mantenimiento de Castor sin cobrar. Por otro lado, hay un dictamen del Consejo de Estado que reconoce que tanto Santander, CaixaBank y Bankia como el gestor del sistema gasista tienen derecho a recibir esas cantidades. Lo que aún no se sabe es cómo.

Sigue la batalla política

Mientras, el Gobierno espera a que la Audiencia Nacional dicte sentencia para resolver este entuerto que tiene atrapadas a cuatro empresas. De manera paralela, los partidos buscan reabrir una nueva comisión de investigación sobre Castor en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el PSOE pidió ayuda al PP para tumbar esta iniciativa de Compromís, según publicó 'El Mundo'.

Y por si todo esto fuera poco, ahora Cecot, que cuenta con cuatro fallos del Supremo a su favor, presentará una demanda de ejecución de sentencia contra el Estado para que devuelva a los consumidores gasistas el dinero que no se debió pagar y que Enagás ya ha devuelto a las arcas públicas, según 'El Periódico'. Los terremotos del Mediterráneo cesaron, pero las aguas siguen, siete años después, muy revueltas.