El antiguo dueño de Valdebebas se querella contra Popular y Santander por estafa

Refuerzos para las acusaciones del caso Banco Popular. Uno de los integrantes de la familia Cort Lagos, que hizo negocio con los suelos de Valdebebas, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional por presunta estafa en la ampliación de capital de Banco Popular de 2016. El que lidera este proceso es Luis Cort con su sociedad Calatrava Real State 2015, quien ha figurado en los últimos años como uno de los mayores morosos ante Hacienda.

Cort presentó su querella el pasado 17 de abril ante la Audiencia. Su admisión está pendiente del informe de la Fiscalía Anticorrupción. Este empresario tiene como abogada a la penalista independiente Mónica Balibrea, exletrada de Santander que ya le ha asesorado en otros procesos.

A diferencia de otras querellas del caso Banco Popular, Cort centra la suya en la financiación que recibió para suscribir acciones por valor de 1,5 millones de euros en la ampliación de 2016. Este empresario lleva años intentando alcanzar un acuerdo para reestructurar esta deuda. En 2017, Santander pactó con él una compensación parcial (650.000 euros) con un bono fidelización y un aplazamiento de la deuda a cinco años con dos de carencia. Sin embargo, el préstamo entró en periodo de amortización en enero con cuotas mensuales de 25.000 euros que Cort no ha abonado. Tras varios burofaxes, ha decidido recurrir a la vía penal para intentar evitar esta deuda.

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Rafael Méndez

El empresario dirige su querella contra Popular —actualmente, absorbido dentro de Santander—, contra dos directores de oficina del grupo y contra Santander como responsable civil subsidiario. El empresario del ladrillo aporta como documentación varios correos con empleados del Popular en los que se expone que fue el propio banco el que ofreció a Cort acudir a la ampliación a través de un crédito.

Este aspecto es clave dentro de la investigación, ya que la financiación de acciones en la ampliación es una de las presuntas irregularidades contables que se analizan en la ampliación de capital. El juez José Luis Calama señaló, en una de las últimas vistas antes del parón forzado por el covid-19, que profundizaría en este asunto aunque tuviera que llamar uno a uno a los accionistas que recibieron financiación.

"Estimado Armando, estamos muy preocupados con el asunto del préstamo de 1,5 millones que nos ofrecisteis para ir a la ampliación de capital. En aquellos momentos, nada sabíamos del resto de cosas que el banco pensaba hacer, recuerdas que comentamos que después de la ampliación, y con todo ya saneado, volveríamos a hablar sobre alguno de los solares que vimos en su día", expone Cort a su director de oficina en un correo del 7 de abril de 2017, dos meses antes de la resolución del banco.

Cort hizo un último intento de negociar con Santander entre noviembre del año pasado y marzo. El banco le comunicó que pignoraría el bono fidelización, a lo que ahora se niega el empresario, acudiendo a la Audiencia. Junto a la admisión de su querella, Cort reclama que se fije una fianza de dos millones, 1,5 millones por el crédito que recibió y 500.000 euros por daños y perjuicios.

Cuentas pendientes con Hacienda

Gran parte de la querella se centra en la presunta estafa que cometió Popular en la ampliación de capital, por la presunta falsedad del folleto remitido a los inversores. "Le hicieron entender la gran solidez y solvencia que tenía el banco, la rentabilidad que le supondría, las inversiones que se harían", expone el escrito. "Todo inversor es consciente de que una inversión de este tipo conlleva un riesgo, asumiendo que es posible un descenso de la cotización por las razones que fueran, pero mi mandante no podía imaginar que el folleto informativo que adjuntaran no fuera real", añade.

Al margen de este proceso, Luis y otros Cort Lagos, que heredaron una gran bolsa de suelo en Valdebebas, tienen una relación tormentosa con Hacienda. En junio de 2015, la Abogacía del Estado se querelló contra ellos por delito fiscal de 112,78 millones, de los que 111,5 millones correspondían a 2009 y 1,2 millones a 2010, aunque los Cort ganaron la causa por un error judicial. Actualmente, tienen otra en marcha.