Súper, alimentarias e industrias piden a Sanidad poder comprar 15M de mascarillas

La continuidad en las operaciones de sectores como el alimentario, el de la distribución, de proveedores industriales o los centros de atención telefónica a clientes ('call centers') depende de que sus plantillas puedan trabajar protegidas del coronavirus Covid-19. Es decir, que cuenten con equipos de protección individual (EPI), que incluyen, entre otros elementos como guantes o gafas, las hoy escasas mascarillas. Varias decenas de pymes españolas, en torno a 60, están tratando de poner en marcha una plataforma de compra conjunta de esos EPI para adquirir hasta 15 millones de ellos. Así abaratarían su precio, que se está disparando, al entorno de los 60 céntimos por mascarilla —un producto que antes del estallido de la pandemia se adquiría al por mayor a 30 céntimos la unidad—.

Ninguno de los miembros de este grupo quiere dar su nombre, pero la petición se viene trasladando desde inicios de semana al Ministerio de Sanidad. Este departamento, que desde la declaración del estado de alarma el sábado tiene la potestad de controlar todos los EPI de España para ir distribuyéndolos con los centros sanitarios como prioridad, en teoría no prohíbe esa compra. Una nota aclaratoria enviada ayer martes sobre este asunto por el Ministerio de Sanidad, ante las peticiones de información sobre la posibilidad de comprar EPI por parte de empresas y sobre si estos equipos serían confiscados por Sanidad, no ha terminado sin embargo de dar seguridad jurídica suficiente a estos empresarios.

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"Necesitamos material para que nuestros empleados sigan trabajando. Aglutinar la compra nos permite lograr un mejor precio. Un avión nos las podría traer a España en cuestión de horas. Tenemos los contactos en el mercado mundial para surtirnos. Hay que darse prisa, porque los fabricantes mundiales están desbordados, la demanda aumenta y por ejemplo Turquía ya ha decidido cerrar la exportación de estos equipos", advierte uno de los promotores, que pide hablar bajo condición de anonimato. Esos 15 millones de EPI equivalen, según sus cálculos, al consumo que se hace en el sector sanitario en 25 días. A las empresas agrupadas en este embrión de plataforma les abastecería para 10 días.

La nota aclaratoria de Sanidad, firmada ayer por el ministro Salvador Illa, señala que fruto de la labor de identificación del 'stock' existente de EPI a que lo mandata el real decreto de declaración del estado de alarma, no se ha previsto "actividad de incautación, confiscación o requisa alguna". También matiza que la estrategia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en relación, en concreto, con las mascarillas es destinarlas prioritariamente a los centros y servicios sanitarios, aunque "no con carácter exclusivo". Por último, precisa que la habilitación dada a Sanidad para adquirir y distribuir distintos productos de protección no va en perjuicio "de las facultades que otras entidades pudieran tener al respecto".

400.000 trabajadores en distribución

El traslado, en la madrugada del pasado lunes, de 150.000 mascarillas desde la fábrica de Diseños NT en Alcalá la Real (Jaén) a Madrid por parte de la Guardia Civil ha generado una polémica política entre la Junta andaluza y el Estado. La empresa ha asegurado que no hubo confiscación y que ellos están a las órdenes de la única autoridad competente, que es Sanidad. La Junta andaluza ha denunciado que este hecho deja desabastecida a la sanidad andaluza y lo ha denominado "requisamiento" en una carta enviada por el consejero Jesús Aguirre al ministro Illa. La polémica ha generado incertidumbre en este grupo de decenas de pymes, que aún no se deciden a dar el paso.

Opinión

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Sin relación con este grupo de compañías, la cooperativa de supermercados Covirán ha pedido también hoy públicamente a Sanidad que los empleados del sector distribución sean considerados en una segunda línea de prioridad tras los sanitarios para contar con equipamiento de seguridad básica. Patrocinio Contreras, presidenta de Covirán, ha señalado que son 400.000 los empleados que en España están esforzándose por mantener la normalidad en la distribución de productos alimentarios y que deben contar con guantes, mascarillas o geles en su labor de contacto con la población.

“Desde las diferentes cadenas de supermercados en nuestro país, estamos tomando medidas para paliar y minimizar al máximo estos efectos de contagio y de riesgos para nuestros trabajadores y clientes, pero dentro de los protocolos y planes de emergencia para garantizar una compra segura que estamos diseñando y activando, nos estamos encontrando con dificultades serias a la hora de comprar y/o adquirir nuevas mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos de manos portables en pequeño formato personal para dotar, a todos los trabajadores de este sector, de esas medidas de seguridad que deben ser prioritarias para todos”, describe la directiva andaluza.