El presidente de Panamá favoreció a FCC en un contrato al que aspiraban Acciona y OHL

El Gobierno de Panamá presidido por Juan Carlos Varela (julio de 2014-julio de 2019) estimaba prioritario ampliar la línea 2 del metro para conectar la capital con el aeropuerto internacional de Tocumen. En agosto de 2017, el entonces ministro para Asuntos del Canal y también director general de Metro de Panamá, Roberto Roy, apremiaba al presidente a que llamase al magnate mexicano Carlos Slim para negociar cuanto antes la construcción de ese ramal ferroviario. No había tiempo que perder, en opinión del ministro. En aquel entonces, la licitación pública de esa obra aún no se había publicado. Varela contestó a Roy que no había problema; él mismo se pondría en contacto con Slim.

Carlos Slim es desde 2014 el máximo accionista de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que preside Esther Koplowitz. Los contactos personales entre el presidente de Panamá y Slim dieron sus frutos. En noviembre de 2018, el consorcio formado por FCC y la multinacional brasileña Odebrecht ganó el concurso para construir el ramal del metro hasta el aeropuerto, que se inauguró en la primavera de 2019, por un valor de 103 millones de dólares. La mediación presidencial desfavoreció a otras ofertas que afectaban a empresas españolas que también se habían presentado a la licitación, como Acciona y OHL.

Estos hechos los revelan las conversaciones que mantuvo por WhatsApp el entonces presidente de Panamá Juan Carlos Varela con los ministros y altos cargos de su Ejecutivo. Los mensajes del móvil de Varela entre 2017 y 2018 han sido 'hackeados' por piratas informáticos que los han publicado en un sitio web denominado Varela Leaks. Los 25 GB de información de los wasaps exponen las conversaciones de Varela con autoridades de Panamá y de otros países, así como charlas con su familia y su entorno más íntimo. En un comunicado emitido, Varela reconoció el robo de los mensajes de su móvil y denunció que con ese 'hackeo' se ha "violado la privacidad de los panameños, la mía y la de muchos otros".

El director del metro pedía a Varela que intentara recabar el apoyo del arzobispo de la Archidiócesis de Panamá, José Domingo Ulloa, para que ese proyecto se hiciera con FCC-Oderbrecht. El contenido de los wasaps del presidente da fe de su profundo sentimiento católico y de sus magníficas relaciones con la Iglesia panameña y con el Vaticano.

En una conversación por WhatsApp en noviembre de 2017 entre el presidente y la embajadora de Panamá en España (2014-2017) María Mercedes de la Guardia del Corró, Varela asegura que todas las empresas pagan coimas o sobornos para conseguir los contratos, aunque él lo refiere a la época de su antecesor en el cargo, Ricardo Martinelli. En ese mismo diálogo con la diplomática, el presidente dice que él no podía paralizar todas las obras multimillonarias adjudicadas a esas multinacionales porque debía proteger esa inversión y 40.000 empleos. Por eso, exigió a las compañías que hicieran obras de caridad y donaran a escuelas, iglesias e hicieran complejos deportivos como compensación mientras actuaba la Justicia. Varela señala en uno de sus mensajes que FCC había donado dos millones de dólares a un centro educativo.

A pesar de esas cuitas del presidente del país del Istmo, sus wasaps no dejan lugar a duda de su mediación en las licitaciones de obras públicas a favor de las empresas relacionadas con Carlos Slim. En marzo de 2018, Varela se comunica con un responsable de su Gobierno no identificado en su teléfono. Este le dice al mandatario que en los próximos días se anunciaría la adjudicación a FCC del segundo proyecto de ampliación de la autopista Interamericana, denominado “corredor de las playas”. Varela manifiesta por escrito su alegría por esa adjudicación al consorcio formado por FCC y a la operadora Cicsa, también controlada por el 'holding' de empresas Grupo Carso, del mexicano Slim. El conjunto del contrato fue valorado en 892 millones de dólares en dos tramos diferentes.

Durante el mandato de Juan Carlos Varela, FCC ganó varios contratos más en infraestructuras. Su filial de gestión de agua, Aqualia, se adjudicó varias licitaciones de decenas de millones de dólares en inversiones públicas en el país centroamericano. Como ejemplo, a comienzos de 2018, logró un contrato de asesoría para el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) durante cinco años por un valor de 63 millones de dólares.

Poco antes, Aqualia fue elegida para la construcción de plantas de tratamiento de aguas y mejora del alcantarillado en la ciudad de Burunga por un total de 85 millones de dólares. En fechas previas a que fuera anunciada públicamente la adjudicación de este contrato, alguien no identificado wasapeaba al presidente y le adelantaba que iba a ganar FCC Aqualia, lo que Varela aplaude.

FCC, investigada en España y Panamá

La empresa presidida por Esther Koplowitz ha declinado responder a las preguntas formuladas por este diario. Se ha remitido a un comunicado que publicó a finales de octubre en el que manifiesta que “en el Grupo FCC está establecido un compromiso total con el principio de tolerancia cero con la corrupción” tras tener “conocimiento de un presunto acto de corrupción ocurrido en Panamá en 2010”. Pero ese escrito de FCC no se refiere al tema consultado por El Confidencial, sino que está relacionado exclusivamente con los mensajes sustraídos al expresidente panameño.

El comunicado de la multinacional española se refería a la investigación que instruye el magistrado Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. FCC Construcción SA, FCC Construcción América SA y Construcciones Hospitalarias SA han sido citadas para declarar el próximo 22 de noviembre por los pagos de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá en consorcio con Odebrecht. Se les atribuyen supuestos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales. La Fiscalía General de Panamá también investiga esos posibles sobrecostes y comisiones ilegales. Ya ha imputado a 14 personas de nacionalidad panameña.

TE PUEDE INTERESAR

La Audiencia Nacional imputa a FCC por sobornos de hasta 82 millones en Panamá

Pablo Gabilondo

En el auto del juez Moreno, se destaca que "los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional” por parte de FCC. Entre 2010 y 2014, los directivos de las multinacionales española y brasileña habrían pagado sobornos a empleados y políticos panameños para garantizarse la adjudicación de las licitaciones.

Esas actividades delictivas que habría llevado a cabo FCC y que investiga la Audiencia Nacional se produjeron bajo el mandato del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), rival político de Juan Carlos Varela. Pero una de las personas que han sido señaladas por supuestamente repartir comisiones ilegales en varios países en nombre de Odebrecht, el abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla, contó a ‘El País’ (28/07/2017) que el máximo responsable de la constructora en Panamá, André Rabello, era amigo de Varela, a quien le habría llegado el dinero de las comisiones a través de una persona de su confianza, Michelle Lasso. Odebrecht había creado el banco Meiln Bank en el paraíso fiscal de Antigua y Barbuda para canalizar los sobornos a políticos y funcionarios de 10 países americanos y dos africanos con el objetivo de ocultar esas transacciones a las autoridades nacionales correspondientes.

En una de sus conversaciones por WhatsApp, en diciembre de 2017, un interlocutor le sugiere que Tacla está hablando demasiado por ahí, a lo que Varela le responde que acababa de charlar con él. El entonces presidente de Panamá añade que Tacla estaba enredando con FCC y que sabía que el abogado de Odebrecht tenía relaciones con Martinelli.

Si tiene información relevante sobre este tema u otro de relevancia para la opinión pública, no dude en escribirnos a investigacion@elconfidencial.com. Gracias.