¿Llegará España al 84% de renovables? "Por cada empleo perdido, habría cuatro nuevos"

La Comisión Europea se ha fijado el objetivo de descarbonizar la economía para 2050. En este sentido, la mayoría de países está adoptando estrategias para reducir sus emisiones, pero la realidad es que los datos siguen siendo alarmantes. Según Eurostat, España emitió 285 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2017, lo que representa un 7,5% del total de las emisiones de la Unión Europea, y le lleva a ocupar la sexta posición entre sus miembros.

Sobre la realidad del cambio climático y sobre cuáles son las necesidades y retos a los que se enfrenta el planeta para lograr frenar el calentamiento global ha tratado el foro ‘Descarbonizar la economía’, organizado por El Confidencial en colaboración con Acciona. Nacho Cardero, director de El Confidencial, dio la bienvenida a los asistentes y presentó a Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, quien se encargó de hacer la apertura institucional de la jornada. A continuación, Michael Grubb, profesor de energía y cambio climático en la UCL Institute for Sustainable Resources, expuso las realidades científicas que confirman que para el planeta no existe una opción B, y la necesidad de abordar la transición del modelo económico de manera global.

Por último, se celebró la mesa redonda ‘Sociedad y economía en una España descarbonizada’, donde José López–Tafall, director de regulación de Acciona; Arturo Rojas, socio de Afi; Sergio de Otto Soler, vicepresidente de la Fundación Renovables; Mar García Ramos, socia de Grant Thornton, y Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, debatieron sobre los retos a los que se enfrenta España para cumplir con el Acuerdo de París y el resto de compromisos europeos.

La evolución hacia una economía descarbonizada implica un cambio en nuestro modelo productivo, económico y social. Ante esta realidad, Nacho Cardero, quien lamentó la cancelación de la cumbre del cambio climático por parte de Chile, dada su crisis política y social, no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento al Gobierno, empresas y sociedad para trabajar de manera unida. “El mayor reto al que nos enfrentamos es el cambio climático, y aunque algunos dicen que llegamos tarde, yo me niego a que así sea, lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos y remar todos en una misma dirección”, afirmó.

"Si las entidades incorporaran los riesgos climáticos en coste y capital, se convertirían en facilitadores del cambio"

Sobre el papel que juega el sector financiero a la hora de cumplir con los objetivos marcados, hizo especial hincapié la subgobernadora del Banco de España. Si hasta hace pocos años la involucración del sector financiero en esta lucha era bastante reducida, desde que el Acuerdo de París subrayó, por primera vez, la importancia del sistema financiero para transformar la economía hacia un modelo sostenible, su implicación ha ido gradualmente en aumento. Delgado explicó también ese cambio por los riesgos financieros a los que se enfrenta la economía, una realidad que recogió el primer informe de la red de bancos NGFS el pasado año. En relación con los riesgos, la subgobernadora pidió llevar el cambio de un modo cuidadoso y gradual con el fin de minimizar consecuencias indeseadas.

En su opinión, “si las entidades incorporaran los riesgos climáticos en coste y capital, se convertirían de un modo indirecto en facilitadoras del cambio, abaratando la financiación de aquellas actividades que contribuyen a la transformación sostenible de la economía, a la vez que se desincentivan las actividades más contaminantes". Un proceso que empezaron a acometer los inversores antes del Acuerdo de París a través de los bonos verdes. “En los últimos años, el mercado ha sido muy activo con los bonos verdes”, afirmó Delgado, y cifró el nivel de bonos en circulación a junio de este ejercicio en los 630.000 millones de dólares.

En este sentido, Michael Grubb aseguró que el papel del sector financiero es uno de los más interesantes y de los que más rápido se van a desarrollar. En cuanto a la financiación, admitió la necesidad de invertir más dinero, pero también trasladarla desde objetivos tradicionales a nuevos sectores. Por ejemplo, de los combustibles fósiles a la electricidad y también a gas e hidrógeno, “porque tienen mucho que decir en la transición”.

El profesor advirtió de que nadie ha podido dar la solución contra el cambio climático si se continúan emitiendo 40.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. “Estamos viendo cómo hay ecosistemas, como el arrecife de coral, que están sufriendo. Todos los días, vemos en las noticias eventos extremos, y estos impactos tendrán peores consecuencias en los países más pobres, dando lugar a migraciones forzosas”, sintetizó.

En España, el 39% de la energía que se produce es renovable, y el sector asegura que en 10 años podría llegar a suponer el 84%

Para Grubb, la innovación juega un papel fundamental en ese camino. Pero no solo desde el punto de vista de la inversión y el desarrollo de mercados o de nuevas aplicaciones, sino también desde el compromiso y la regulación. “Si pensamos que la innovación es solamente desarrollo e investigación, nos olvidaremos de la revolución solar y eólica, hace falta el compromiso de todos”, afirmó.

En España, el 39% de la energía que se produce es renovable, y el sector asegura que en 10 años podría llegar a suponer el 84%. “De cumplirse estos datos, seríamos el país que más empleo crearía, porque por cada empleo que se quitara, se crearían cuatro nuevos”, expuso José López-Tafall, director de regulación de Acciona. Es en las energías renovables donde tenemos nuestra mayor oportunidad. “El sol, el viento y el agua antes no valían nada, pero ahora son nuestro petróleo, porque somos capaces de producir mucho más barato, y por esos bajos costes, cada vez más industriales compran energía renovable”, matizó.

Marco legal estable y políticas fiscales

En esta misma línea, Valentín Alfaya expuso que de igual manera que se necesita un marco legal, “algo que llevamos esperando 20 años”, es indispensable uno fiscal que obligue a pagar a quien contamine y a desgravar a quien descontamine. “Hay que hacer presión y agilizar el cambio. Es cierto que hay riesgo, pero consideramos que las oportunidades son mayores”, afirmó Alfaya. El presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde tasó en 256 millones lo que va a costar la transición energética en España, pero, ante esa realidad, recordó que el último plan de infraestructuras invirtió en 15 años 260 millones únicamente de carácter público, mientras que ahora el 80% será privado.

Para atraer esas inversiones, el socio de Afi también coincidió en que es necesaria una ley que aporte un marco estable y seguridad. “La inversión es alta, pero la buena noticia es que estamos ante un entorno de tipos de interés bajos”, afirmó Rojas, y solicitó un modelo de precios que garantice la rentabilidad y que asegure al capital recuperar la inversión. “Si hacemos esto, no va a haber ningún problema a la hora de buscar financiación”, aseguró. Del lado de las empresas, López-Tafall afirmó que las inversiones aportan un efecto neto positivo, ya que les permite crear empleo, avanzar en nuevas líneas de negocio y ser más eficientes energéticamente.

Una línea que apoyó Sergio de Otto Soler. En los últimos informes sobre el cambio climático, se ha establecido que el Acuerdo de París resulta insuficiente, “y si pensamos en que solo media docena de países están cumpliendo con esos objetivos, es muy preocupante”, afirmó el vicepresidente de la Fundación Renovables, y agregó que lo peligroso no son los riesgos de la transición, sino no acometer la transición demasiado deprisa. “No se trata de un cambio, es una revolución, y la fiscalidad es nuestra herramienta más potente para acometerla”, aseguró.

Entre los sectores que más pueden hacer por el clima, está el de la automoción, ya que de él depende el 10% del PIB del país. Un tercio de las emisiones generadas en España corresponde al transporte. “El sector automotriz ha dado un vuelvo. Hace solo unos años, todos queríamos diésel. El 60% de las ventas eran diésel y un 40% gasolina, pero surgieron problemas y actualmente esos números se han dado la vuelta”, expuso Mar García Ramos. El problema, según la socia de Grant Thornton, es que el parque español cuenta con 26 millones de vehículos cuya antigüedad media es de 13 años.

"Necesitamos políticas fiscales favorables para cometer la transición de este parque", dijo García Ramos, y añadió que otra dificultad es que el ciudadano quiere inmediatez. De Otto Soler criticó la postura de los que dicen que el vehículo eléctrico solo es para ricos. “También decíamos eso de los móviles hace 20 años y ahora todos tenemos uno”, interpuso, y respecto a la fiscalidad, sumó que es necesario que además de penalizar sea un sistema solidario con los hogares, poblaciones y sectores que dispongan de menos ingresos.

“Necesitamos marcar un escenario que case los aspectos estratégicos con los tácticos para cumplir con el Acuerdo de París”, afirmó García Ramos. "Dentro de esa hoja de ruta, es imprescindible introducir los nuevos modelos de movilidad en los que entran conceptos como el coche compartido o el 'car sharing", concluyó.