El negocio de la lucha contra el cambio climático: "España podría ser líder"

Tradicionalmente, la lucha contra el cambio climático se ha visto como un gasto y no como una oportunidad de negocio a largo plazo que, eso sí, requiere de un esfuerzo inversor. Desafíos como la polinización de las plantas, el tratamiento del agua, el control de las inundaciones o la eliminación del CO2 por medios forestales, son algunos de los grandes retos del calentamiento global y cuya resolución generará nuevos servicios valorados en una horquilla de entre 125 y 140 billones de dólares al año, según la OCDE, un punto y medio más del PIB mundial, lo que pone de relieve lo beneficioso que será luchar contra el cambio climático.

“España, que tiene escasos recursos energéticos convencionales, pero es abundante en agua, sol y viento, y paga una factura energética elevada, es un país que tiene grandes posibilidades de convertir en una oportunidad económica la descarbonización”, asevera José López-Tafall, director de Regulación de Acciona, en la mesa redonda organizada por El Confidencial bajo el título 'Supervisar la lucha contra el cambio climático'. En el encuentro también participaron Ángel Estrada, director del Departamento de Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial del Banco de España; Teresa Rodríguez Arias, coordinadora de Sostenibilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): Ana García Barona, inspectora jefe del área de Regulación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial.

El Acuerdo de París de Naciones Unidas fijó una reducción del 40% de los gases contaminantes para dentro de una década y la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pretende incrementar esta cifra hasta el 55% para hacer realidad las cero emisiones en 2050.

Esta transición energética supondrá un cambio productivo y estructural que traerá consigo riesgos y provocará un reajuste económico en el que “habrá ganadores y perdedores, pero podemos ser un país líder en esta revolución y hay que aprovechar las ventajas de ser el primero, pero eso requiere invertir. Es una apuesta estratégica”, afirma el directivo de la empresa de infraestructuras y energías renovables. Sin duda, “es una oportunidad de negocio para las compañías, pero aún no hay muchas comprometidas. La legislación y la obligatoriedad van a dar un empujón a la sostenibilidad en la empresa que, hasta ahora, lo había materializado de forma voluntaria”, reconoce la responsable de la CNMV.

“Es imprescindible la participación del sector público con un marco regulatorio, una ley de cambio climático con el mayor consenso posible y que marque el terreno de juego para que las compañías sepamos por dónde ir y ajustar las inversiones, y que elimine riesgos a futuro, que nos permita lanzar nuevas líneas de negocio de descarbonización”, añade López-Tafall desde Acciona.

Esta idea fue apoyada por la responsable de la Red Española del Pacto Mundial, que afirmó que es fundamental el liderazgo de la Administración Pública para establecer una hoja de ruta que dirija los esfuerzos inversores”. Ahora bien, el rol que tiene el sector privado en la lucha contra el cambio climático también es crucial ya que es quien puede cubrir “la brecha entre financiación y sector público”, pero hoy “las empresas españolas que apuestan decididamente por ello se cuentan con la mano”, se lamenta. Por eso “desde los organismos internacionales como es el Pacto Mundial de Naciones Unidas ayudamos a las empresas a introducir en sus estrategias el cambio climático. No solo se trata de medidas de lucha, sino que se fijen unos compromisos públicos cuantificables y con un límite de tiempo para ir todos avanzando”.

La receta, subir impuestos

En economía, para desincentivar el consumo, no hay nada como subir impuestos. Y eso es lo que plantea el Fondo Monetario Internacional (FMI) para propulsar la lucha contra el calentamiento global. Se trataría de encarecer las emisiones de carbono y que las empresas internalizasen esos costes de tal manera que el producto o servicio final sería más caro, provocando un rechazo por parte del consumidor. Desde Europa, Bruselas ya ha puesto sobre la mesa un impuesto en frontera, para evitar desventajas competitivas frente a terceros países.

“El diseño de los incentivos es un avance fundamental, pero lo que hay que impedir es que cerremos aquí plantas de carbón y que las abran en países cercanos de donde importamos energía”, apunta el Banco de España en referencia al impuesto en fronteras.

Es imprescindible una ley de cambio climático que permita a las empresas lanzar nuevas líneas de negocio de descarbonización

¿Y qué hacer con esa mayor recaudación? Uno de los planteamientos es revertir esos beneficios en la sociedad y/o en las empresas. Sin embargo, todos deben arrimar el hombro en la lucha contra el cambio climático. “El consumidor tiene que entender que coger un avión tiene sus consecuencias y costes en polución y que es imposible viajar a París por 40 euros. Todos tenemos responsabilidad y si queremos que la Administración Pública invierta, los consumidores también tenemos que asumir un gasto”, recalca Sánchez.

Pero la subida de precios provoca “desigualdad”, advierte Acciona, quien también destaca la importancia de ayudar a las empresas a que no pierdan competitividad. En su opinión, “las empresas que no quieran hacer nada van a perder competitividad”.

Los riesgos

También es importante que las compañías se puedan cubrir de los riesgos que trae consigo el cambio climático en función de su área de negocio. “El sector asegurador está replanteándose el concepto de las coberturas”, afirma la inspectora jefe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Hasta ahora, las empresas cubren riesgos catastróficos y de la naturaleza como inundaciones o grandes tormentas a través del Consorcio de Compensación de Seguros, “pero el del cambio climático es un concepto más amplio y aún no está contemplado”. De lo que se trata es de ver si también hace frente a sequías (sí están cubiertas actualmente en agricultura) y/o a los efectos de la subida de la temperatura, “para lo que es necesario disponer de datos a partir de experiencias pasadas”, aclara García Barona. En este sentido, también remarca la importancia de que las empresas tomen medidas preventivas para tener un más fácil aseguramiento.

Para prevenir riesgos en el sector financiero, desde el Banco de España se plantean realizar test de estrés en los próximos dos años para medir el impacto del cambio climático en el mismo. Los riesgos a los que se enfrentan los bancos, según Estrada, son dos: físico, cuando el impacto se haya materializado en algún activo en el que tenga exposición la entidad, como podría ser en la agricultura o en el turismo; y de transición, que es el efecto de las medidas, cuyos costes “serán mayores si se aplican de forma brusca, sin dar tiempo a que los agentes se adapten, y cuanto más cerca del cambio estemos, más abrupto será”. Para suavizar el proceso de adaptación, una de las tareas del regulador es ser un facilitador “para que la financiación no sea un impedimento para que esos cambios se produzcan”.

“En la medida que se permita una transición, los costes serán mucho menores que los beneficios, pero si no hay consenso o una ley que fije cada área, los riesgos serán muy altos”, insiste Acciona. Ahora bien, estamos ante una transición global que “no atiende fronteras y no podemos esperar que se regule en otros sitios y no tomar la iniciativa”, subraya Sánchez.

Por su parte, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha puesto el acento en vigilar que haya una información “veraz, clara y accesible” para el inversor. “En los últimos años, en la CNMV hemos venido observando una mayor preocupación por parte de las empresas hacia la sostenibilidad”, dice Rodríguez de la propia CNMV y afirma que las grandes cotizadas presentan anualmente, junto al informe de gestión, un estado no financiero en el que incluyen el impacto del medio ambiente. Al mismo tiempo, también observa una “proliferación de fondos solidarios, de fondos ESG, bonos verdes, bonos sociales, etc., que sirven para financiar estos esfuerzos, y una demanda creciente por exigir productos sostenibles”.