La guerra por la herencia de los Larios decide el futuro del arbitraje en España

Nuevo capítulo en la millonaria guerra por la herencia del marqués de Paúl. Hace unos días, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por Bárbara Kalachnikoff, viuda del marqués de Paúl, para blindar el arbitraje ganado a Carlos Gutierrez-Maturana-Larios Altuna, primogénito del marqués, por el reparto de una herencia que supera los 600 millones de euros, según apuntan fuentes próximas al tribunal. El recurso fue presentado hace más de un año.

La admisión a trámite de este recurso tiene una especial relevancia, no solo porque ayudará a dirimir el reparto de la disputada herencia sino porque además establecerá el papel de la Justicia ordinaria en la anulación de arbitrajes, uno de los grandes quebraderos de cabeza del sector por la inseguridad jurídica que genera.

Actualmente, tras dictarse un laudo arbitral, la ley permite que una de las dos partes (o las dos) presente un recurso de nulidad ante la Justicia ordinaria, más concretamente ante los tribunales superiores de Justicia (TSJ). El problema radica en que los TSJ en general y el de Madrid en particular entran al fondo del asunto de los laudos y los valoran como si fueran sentencias revisables y no como decisiones finales.

Esto se debe a que los tribunales ubican el arbitraje dentro del artículo 24 de la Constitución española (derecho de tutela judicial) en vez del artículo 10 (autonomía de voluntad), lo que en opinión del mundo del arbitraje sería más adecuado y que es lo que ahora reclaman Kalachnikoff y sus dos hijas, también personadas en el proceso. Las tres están asesoradas por Bernardo Cremades.

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Según explican las mismas fuentes, el Constitucional ha acordado examinar este asunto dado que afecta a un derecho fundamental sobre el que todavía no ha fijado doctrina, por lo que el pronunciamiento del tribunal pondrá fin, para bien o para mal, al conflicto que mantienen los árbitros con los tribunales superiores de Justicia.

Si el tribunal considera que los arbitrajes son decisiones finales, como así piden los árbitros, la Justicia ordinaria solo podrá controlar que se han cumplido todas las garantías procesales, pero en ningún caso podra 'rejuzgar' los asuntos que ya han sido vistos por los árbitros, como ocurre hasta ahora.

El sector espera que el Constitucional reconozca el arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y disipe la inseguridad jurídica que genera la anulación de laudos, especialmente cuando está a punto de nacer la nueva corte unificada de arbitraje.

Una herencia muy disputada

El origen del conflicto está en el reparto de la herencia del marqués de Paúl, vehiculada a través de la sociedad Mazacruz y que asciende a algo más de 600 millones de euros. Actualmente, el hijo del marqués tiene el 27% de la sociedad y su madrastra y sus dos hermanastras, el 73%.

Según apuntó en un principio el hijo, su padre le hizo una donación en vida del citado 27% que incluía unos privilegios de voto que le permitían controlar la sociedad pese a tener un porcentaje minoritario.

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Esta donación se produjo en un momento en que el marqués estaba ingresado en el hospital por una enfermedad de la que más tarde se recuperó. De hecho, posteriormente le revocó los poderes a su hijo. Tanto Kalachnikoff como sus hijas han defendido siempre que esta donación fue fraudulenta.

En 2014, las tres mujeres recurrieron a un arbitraje tras no lograr un acuerdo para disolver la sociedad y lograron un pronunciamiento favorable: la herencia se repartiría en función del porcentaje de participación accionarial. El laudo, firmado por Rafael Jiménez de Parga, fue entonces recurrido por el hijo del marqués, que ha encargado su defensa al abogado Antonio Hernández-Gil.

Frente a este recurso de nulidad, la viuda y sus hijas han optado por recurrir al Constitucional, que ya tiene sobre la mesa un pleito que marcará el futuro del arbitraje en España.