Un empresario español reclama 100 M a Costa Rica por boicotear su fábrica de pollos

Un empresario hispano-venezolano ha puesto en jaque a Costa Rica. Se trata de Alejandro Díaz Gaspar, empresario hijo de españoles emigrados a Venezuela, que ha llevado al gobierno costarricense a un arbitraje ante el Banco Mundial por el cierre de su negocio de pollos tras una presunta campaña de desprestigio. Sobre la mesa, una indemnización de unos 100 millones de dólares (90 millones de euros al cambio actual) por daños materiales y un millón más por daños morales.

Según denuncia Díaz Gaspar, su planta de producción de pollos Ibérico fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por las autoridades de Costa Rica que le obligó a cerrar hace ahora tres años. Todo empezó, según explican desde el entorno de Díaz Gaspar, cuando un constructor inició un proyecto en unos terrenos adyacentes de Ibérico y consideró que la presencia de la planta productora podía afectar al valor de su inversión.

Gaspar denuncia que su empresa fue víctima de una campaña de desprestigio orquestada por las autoridades de Costa Rico y por ello tuvo que cerrar

A partir de ahí, siempre según las citadas fuentes, Ibérico sufrió una campaña difamatoria a la que siguieron una serie de inspecciones por parte de las autoridades sanitarias que terminaron provocando el cierre de la compañía. Ibérico, muy conocida en el país, tenía empleadas a unas 900 personas. Previamente, también había denunciado el impacto de una batería de medidas proteccionistas aprobada por el Gobierno que también afectó a compañías canadienses y norteamericanas.

"El señor Díaz Gaspar argumenta que el Gobierno de Costa Rica ha incumplido el acuerdo referido [Tratado bilateral de Costa Rica y España de 1997] a través de supuestas actuaciones arbitrarias por parte de autoridades administrativas que culminaron con el cierre de su negocio de producción y comercialización de embutidos de pollo", señala a El Confidencial el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. "El Gobierno ejercerá la defensa de los intereses nacionales en el proceso arbitral interpuesto por el señor Díaz Gaspar, siempre teniendo como norte el respeto del derecho internacional, y el compromiso por brindar reglas claras y seguridad jurídica en nuestras relaciones de comercio y de inversión".

Tras iniciar el procedimiento arbitral el pasado abril, este verano ambas partes han elegido a dos de los árbitros que formarán parte del tribunal que dirimirá el caso: el mexicano Luis González García ha sido elegido por Costa Rica y el norteamericano Adolfo Jiménez por Díaz Gaspar, que ha fichado a Hogan Lovells y WDA Legal para llevar el asunto. El tribunal estará presidido por el francés Alexis Mourre, que ha sido acordado por ambas partes y ha aceptado el encargo esta misma semana.

Costa Rica recibió la notificación del pleito a comienzos de 2017, tal y como se desprende de la carta adjunta a esta información, pero no ha sido hasta el pasado 17 de abril, una vez agotadas las vías de conciliación previas, cuando el arbitraje fue registrado en el Ciadi.

Este asunto puede ser conocido por la corte arbitral del Banco Mundial en tanto es un arbitraje presentado por Díaz Gaspar como accionista. Según consta en el artículo 25 del convenio CIADI, el hecho de que la empresa esté constituida en el estado demandado no impide la demanda si el inversor es extranjero y está amparado por un tratado de protección de inversiones.

El Confidencial se ha puesto en contacto con la representación legal de Díaz Gaspar, que ha declinado hacer comentarios sobre esta información y se ha limitado a señalar que el arbitraje se refiere a "violaciones por parte del gobierno de Costa Rica" del citado tratado bilateral.