Los dueños de Almirall cierran 2 sicavs en plenas dudas por el futuro de su fiscalidad

Los Gallardo mueven ficha. Este verano, la familia dueña del imperio farmacéutico Almirall ha echado el cierre a dos de sus sicavs, Elitia Invest y Red Rock Invest, ambas con un patrimonio conjunto de más de 400 millones de euros, y las ha convertido en una sociedad anónima y limitada, respectivamente. Una fórmula que les permite 'protegerse' de la amenaza de reforma que planea sobre las sicavs desde hace unos años.

La primera, con un patrimonio de más de 400 millones de euros, era el brazo inversor de los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, dueños de los laboratorios. Según consta en los registros de la CNMV y adelantó 'Valencia Plaza', la junta general acordó su disolución como sicav el pasado 2 de julio y su conversión en una sociedad anónima que ahora se llama Hera Inversiones Iberia.

Red Rock, con un patrimonio mucho más pequeño, unos 14,5 millones, acordó transformarse en sociedad limitada (SL) el pasado 14 de junio, si bien no fue comunicado a la CNMV hasta el pasado 10 de julio.

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Esta sicav, presidida por Susana Gallardo, heredera de los laboratorios, causó baja oficial el pasado 30 de julio. "Como consecuencia de la pérdida de la condición de sicav de la sociedad y su transformación en una sociedad de responsabilidad limitada, se acuerda establecer el nuevo capital social en la cifra de 8.947.278 euros", reza el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicado este lunes. No obstante, la conocida empresaria se mantiene al frente de Balema Inversiones, su otra sicav, con una capitalización de 14,7 millones.

La conversión de las sicavs en sociedades anónimas o limitadas es una de las opciones que los inversores manejan como respuesta al posible cambio normativo de estos instrumentos. Las otras dos alternativas son una fusión con un fondo de inversión o bien una 'mudanza' a Luxemburgo. Al igual que otros vehículos de inversión, las sicavs son sociedades de inversión de capital variable que solo tributan por el 1% de beneficio. La condición para esta exención es que tengan al menos 100 accionistas. Y aquí está el 'truco', porque muchas grandes fortunas poseen más del 99% del capital (o al menos una parte muy significativa) y el resto queda repartido entre un centenar de accionistas, conocidos como 'mariachis', que son facilitados por la entidad que actúa de depositaria de la sicav pero que en la práctica no tienen ninguna influencia.

Al convertirse en una SL o SA, las compañías mantienen el control de sus inversiones y, además, si mantienen contablemente en cartera el valor de compra de los valores que adquieran (no el de mercado), no tienen que tributar por las plusvalías que obtengan.

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Aunque la ofensiva contra las sicavs fue mucho más intensa hace unos años, el pasado enero el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) una propuesta para que la Agencia Tributaria sea la encargada de vigilar que las sicavs cuenten con el centenar de accionistas reales. Hasta ahora, esas competencias recaen en la CNMV.

Ya en 2016, PP y Ciudadanos firmaron un acuerdo de investidura en el que acordaron que para que las sicavs disfruten de sus beneficios fiscales deben acreditar que cada uno de los 100 socios controla al menos el 0,55% del capital. De esta manera, se evitarían los accionistas 'de paja' que también han criticado PSOE y Unidas Podemos y se obligaría a que, al menos, 99 accionistas se repartan el 54,5% de la inversión.

Pese a que estas amenazas regulatorias no han llegado a concretarse, lo cierto es que el simple hecho de nombrarlas ha provocado una fuerte reacción en el sector durante los últimos años. Desde 2014, último año de crecimiento en el número de sicavs, los datos recopilados por la CNMV acreditan una tendencia a la baja: a comienzos de 2014, la CNMV declaró 3.051 sicavs, 421.574 socios y un patrimonio de 28.838,2 millones de euros; al cierre de 2018, se contabilizaron 2.712 sicavs, 416.029 accionistas y un patrimonio de 27.835,9 millones.