AUMENTA EL CONTROL Y SUBE LA FISCALIDAD

Hacienda estrecha el cerco a las grandes fortunas en sicavs, socimis y patrimonio

Endurece el tratamiento fiscal de las rentas más elevadas subiendo tipos o aumentando la fiscalización. La CNMV pierde competencias en favor de Hacienda, pero de forma limitada

Foto: María Jesús Montero (i) entrega a Ana Pastor (d) el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
María Jesús Montero (i) entrega a Ana Pastor (d) el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incorpora significativas novedades sobre el tratamiento fiscal que reciben hoy las grandes fortunas. En particular, en tres direcciones. Por un lado, se refuerza el control de las sicavs, sociedades de inversión colectiva, pero también se endurece la tributación de las socimis, las sociedades de inversión inmobiliaria. Por último, el impuesto sobre el patrimonio pasa a ser permanente, lo que quiere decir que, al contrario de lo que sucede ahora, su vigencia no tendrá que ser renovada anualmente en la Ley de Presupuestos, como ocurre desde 2012.

En el caso de las sicavs, lo aprobado por el Gobierno —la medida forma parte de lo pactado con Unidos Podemos— supone que la CNMV pierde competencias de fiscalización, que asume la Agencia Tributaria, algo que ya sucedía hace algunos años, pero que fue eliminado en su día traspasando todos los poderes al regulador en detrimento del fisco.


En concreto, en lo relacionado al número mínimo de partícipes. El artículo 9.4 de la actual ley obliga a que este tipo de sociedades tengan un mínimo de 100 accionistas, pero en la práctica eso es papel mojado, porque muchas grandes fortunas huyen de este requisito aportando nombre ficticios, los llamados mariachis, lo que supone una clara infracción de la norma.

Hacienda, sin embargo, no tendrá la última palabra y la Ley de Presupuestos deja bien claro que en caso de que una sicav incumpla la ley, “se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos oportunos”. Es decir, que en última instancia será la CNMV la que decida, lo cual supone una suavización evidente del texto pactado con Pablo Iglesias, que siempre ha reivindicado que sea Hacienda y no la CNMV la que fiscalice sus actividades.

Pese a ello, la patronal de inversión colectiva, Inverco, aseguró este lunes que lo aprobado por el Gobierno “no hace sino alejar aún más las sicavs españolas del régimen europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de gestión”. Es más, considera que existe el riesgo de que se destruya empleo y baje la recaudación “al desplazar sus inversiones hacia otras jurisdicciones comunitarias”.

Más transcendente, si cabe, es la modificación del tratamiento fiscal de las socimis, las sociedades creadas en 2009, en tiempos de Rodríguez Zapatero, para estimular el mercado de la vivienda en unos años particularmente duros para el sector y para la economía, lo que explica sus ventajas fiscales respecto de otros canales de inversión.

Pues bien, la Ley de Presupuestos mantiene la obligación a las socimis de pagar un gravamen especial del 19% sobre el importe íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios cuya participación en el capital social de la entidad sea igual o superior al 5%, y siempre que los socios estén exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10%. Ahora bien, el tipo de gravamen será del 4,75% si los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos proceden de beneficios que hayan estado sujetos al gravamen especial regulado en la propia ley.

Beneficios no distribuidos

Igualmente, la socimi estará sometida a un gravamen especial del 15% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no hayan sido distribuidos, si bien dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del impuesto sobre sociedades.

Este cambio legislativo nace de una realidad. La proliferación de socimis ha provocado un agujero en la Hacienda pública. La última 'Memoria de beneficios fiscales' aprobada —que forma parte de la documentación que acompaña a la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado— refleja una minoración de ingresos para las arcas públicas de 261 millones. O lo que es lo mismo, esa es la cantidad que dejará de ingresar Hacienda por los beneficios fiscales que obtienen las socimis en el impuesto de sociedades al tributar con tipos reducidos o, incluso, nulos: 19% y 0%, según los casos. Lo singular no es solo la cifra, sino su evolución al alza, en la medida en que este instrumento de inversión inmobiliaria —que ha sustituido a los fondos de inversión en bienes raíces— crece año a año de forma acelerada.

El Gobierno ha elevado el tipo máximo del IRPF para las rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros, respectivamente, con lo que espera recaudar 326M


La Ley de Presupuestos, igualmente, incorpora una novedad. La vigencia del impuesto sobre el patrimonio no se renovará año a año, sino que se convierte en permanente. Según la ministra Montero, este impuesto lo pagan actualmente unos 200.000 contribuyentes, aunque ha sido bonificado total o parcialmente en todas las regiones con elevados mínimos exentos.

Es más, en el proyecto de cuentas para 2019, también se eleva un punto el último tramo de la tarifa estatal del impuesto, hasta el 3,5% a partir de bases liquidables a partir de 10,69 millones de euros de patrimonio. Esta escala es la que se aplicará cuando la autonomía no tenga aprobada una propia. En Cataluña, que es donde el tipo es más elevado, es del 2,75%. Hacienda estima que el aumento del último tramo provocará un aumento de la recaudación de 339 millones en las comunidades que gravan la riqueza, aunque en muchas de ellas la bonificación del 99% hace que los ingresos sean residuales. El reciente pacto de gobierno en Andalucía, incluso, lo destierra del ordenamiento jurídico.

El Gobierno, por último, incorpora una subida de dos puntos del IRPF en las bases imponibles superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos en las que superan los 300.000 euros. Las rentas del capital aumentan cuatro puntos el gravamen cuando superen los 140.000 euros (del 23% al 27%). Todo ello supone que el 99,5% de contribuyentes no verá modificada su contribución por IRPF, asegura Hacienda.

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