IBM y la abogacía madrileña negocian para evitar un pleito millonario por un contrato

La sangre no ha llegado al río, al menos por ahora. Desde hace semanas, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la compañía tecnológica IBM negocian para buscar una solución extrajudicial ante el fracaso de la implementación del proyecto tecnológico 'Colegio 3.0', según apuntan fuentes del sector.

El ICAM contrató el pasado febrero a Clifford Chance, un conocido despacho de abogados de internacional, para apuntalar la demanda que iba a presentar contra IBM por un presunto incumplimiento de contrato. No obstante, la demanda todavía no se ha formalizado y ambas partes negocian para tratar de reconducir la situación y evitar que el asunto acabe en los tribunales.

El ICAM contrató a Clifford Chance para estudiar acciones legales contra IBM. Ambas partes negocian para evitar acabar en los tribunales

Bautizado como 'Colegio 3.0', la anterior Junta de Gobierno puso en marcha en abril de 2016 un ambicioso plan para desarrollar la transformación digital del colegio, y la empresa elegida para llevarlo a cabo fue la multinacional estadounidense. Tras varios tiras y aflojas, el proyecto nunca llegó a arrancar y desde hace meses el decano José María Alonso ha manifestado su malestar con la situación y los más de cinco millones de euros que ya se han 'tirado' en un proyecto que, sin duda, es uno de los principales quebraderos de cabeza de la actual junta.

Desde que se anunció, el proyecto tecnológico ha tenido hasta tres fechas diferentes para ponerse en marcha: 30 de junio de 2017, 2 de julio y 1 de octubre de 2018. Tras este ultimátum, Alonso formuló un requerimiento a Marta Martínez, presidenta de IBM, para manifestarle las deficiencias que, a juicio del ICAM, todavía pesaban sobre el proyecto. Uno de los aspectos en los que ambas partes chocaron fue el número de horas que IBM había dedicado al proyecto.

En un principio, el ICAM contrató 20.000 horas, una cifra que a ojos de la abogacía madrileña fue finalmente superada con creces y que derivó en la contratación de KPMG para elaborar una auditoría sobre el asunto. La tensión entre ambas partes fue a más y el pasado mes de diciembre Alonso anunció que había decidido resolver el contrato con la tecnológica "ante su flagrante incumplimiento".