Benjumea demanda a los bancos que dejaron caer Abengoa por 1.000 millones

La caída de Abengoa tenía guardada aún una traca judicial final. No por tardía, menos esperada. Se trata del frente legal que acaba de abrir el expresidente del grupo durante 25 años, el abogado sevillano Felipe Benjumea, contra los bancos que le obligaron a dimitir dos meses antes de que la empresa entrara en preconcurso el 25 de noviembre de 2015. Una exigencia, unida a su negativa final a apoyar una ampliación de capital de 650 millones para la que obligaron a Benjumea a dimitir, que no evitó el derrumbe del grupo de ingeniería. Hasta 1.000 millones exige como daños Benjumea a Santander y HSBC, según fuentes conocedoras de la demanda. Estos eran los bancos que negociaban cubrir esa ampliación, liderados por el primero. Participó un tercero, Crédit Agricole, que no es parte de la demanda, según fuentes financieras.

Las demandas son dos: una en representación de Inversión Corporativa, que suma 900 millones en razón de su papel como accionista de control (56% de los derechos de voto y 27% de los económicos); y otra de Finarpisa (filial al 100% de IC) y Ardachon (sociedad de Benjumea y su esposa, Blanca de Porres), que exige otros 105 millones. Benjumea emprende estas acciones en el mismo año en que, en enero pasado, fue absuelto por la Audiencia Nacional del delito de administración desleal por el cobro de 11,7 millones de indemnización como consecuencia de esa salida de la presidencia. Diez meses después, y tras considerar la Audiencia creíble su versión de que fue obligado a irse por Rodrigo Echenique, en ese momento presidente de Santander España, Benjumea exige que reparen el daño causado tanto a él como al resto de socios. Álvaro Remón, abogado de IC en esta demanda según el artículo 1902 del código civil, señaló que desconocen si hay otros accionistas que quieran demandar y que su despacho no es proactivo buscando sumar otros accionistas. Pablo Ureña (Ureña Abogados) lidera la demanda de Finarpisa y Ardachon.

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Según los letrados, el quid de la cuestión para armar la demanda es la sentencia de enero pasado de la Audiencia Nacional. "Considera un hecho probado que el 14 de septiembre de 2015 el Santander, pese al consenco previo de los días anteriores para firmar el aseguramiento de la ampliación de capital, exigió una condición nueva muy relevante como era la salida del presidente de su cargo y del consejo. HSBC ya no podía firmar tampoco ante el cambio tan relevante que eso suponía, y que no se había sometido a su comisión de riesgos. Por tanto, esa condición nueva es la que provoca que no se firme el aseguramiento y que toda la previsión sobre la que se venía trabajando para tener liquidez se derrumbe".

La demanda de IC ya ha sido admitida en el juzgado número 45 de Madrid, y la de las otras dos sociedades está asignada al 86, ambos en primera instancia. Dentro de un año o año y medio podría haber una sentencia, según los abogados. La cifra de 900 millones surge de los peritajes (dos) encargados a las empresas Brattle y Accuracy y se basan en criterios generales para la valoración de esos daños, como flujos de caja o derechos económicos de los demandantes.

Alegaciones de los bancos

A la demanda de IC ya han respondido tanto Santander como HSBC con cuatro argumentos. Primero, que se ha presentado la demanda fuera de plazo, pues hay un año desde que se produce el daño. IC asegura que el año empieza a contar desde el pasado 11 de enero, cuando se considera probado en la sentencia de la Audiencia que esa exigencia de Santander hizo descabalgar la operación. También señalan que la situación de Abengoa ya era débil antes del 14 de septiembre, pero los demandantes entienden que hay que centrarse en ese día porque es donde se prueba que hay una conducta que genera un daño y recuerdan que ninguna entidad cuestionó las cuentas y su solidez cuando las examinñó para seguir adelante con la ampliación.

Los dos bancos también replican que la propia Abengoa no ha demandado, pero IC señala que es lógico porque quienes reclaman daños son los accionistas que son quienes se han visto perjudicados. Además, según los letrados, "Abengoa seguía las directrices de las entidades financieras" que la rescataron tras fracasar la ampliación y se convirtieron en nuevos accionistas. Por último, los bancos aseguran que esa exigencia se produjo dentro de una negociación que no había terminado, mientras que Benjumea alega que el hecho individual del 14 de septiembre tiene suficiente trascendencia por sí mismo dentro de ese proceso como para ser el centro de las actuales acciones judiciales.

Benjumea ya relató a los jueces de la Audiencia Nacional que él personalmente había perdido 60 millones de euros con la caída de la empresa

En su declaración judicial en octubre de 2017 ante la Audiencia Nacional, Benjumea cifró en 60 millones la pérdida patrimonial personal que le supuso el derrumbe financiero de la empresa. Los abogados de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa le reprocharon en su interrogatorio que IC no hubiera demandado a los bancos en coherencia con el relato de los hechos que hacía Benjumea ante los magistrados. Ahora se produce esa demanda, ya que al papel protagonista que jugó Santander como principal acreedor del grupo (1.550 millones acumulaba), se sumó la actitud de HSBC y Crédit Agricole de amoldarse a las exigencias del banco que preside Ana Patricia Botín.

Benjumea fundamenta su demanda en el cambio de criterio radical expresado por Santander entre inicios de verano de 2015 y el último trimestre del año. En junio, recordó el expresidente en el juicio, Santander aprobó todas las operaciones de riesgo de Abengoa y recomendaba comprar acciones a cuatro euros; en julio, le concedió 270 millones adicionales, y a primeros de agosto, Echenique garantizó a Felipe y su hermano Javier respaldo a la citada ampliación de capital. Un mes después, a inicios de septiembre, Santander concreta a Benjumea que tomaría 200 de los 650 millones de la ampliación.

Batalla contra el 'split' devaluador

Pero el primer intento de firma de la ampliación, a mediados de septiembre, acabó fracasando como se recoge en la demanda debido a que Santander (y el resto de bancos 'a posteriori') exigió la salida de Benjumea. Se hizo una segunda propuesta una semana después. Y pese a que el presidente renunció al cargo y a su puesto en el consejo, tampoco acabó firmándose la ampliación —que ya incluía una línea de liquidez extra de 120 millones por el deterioro sufrido por el retraso en la firma de la propuesta inicial—. "El consejo me destituyó pensando que los bancos cumplirían su compromiso. Pero los bancos no plasmaron la condición de mi salida en ningún documento, no parece normal que un banco se entrometa en la gestión interna de una empresa", declaró Benjumea.

Las distintas acciones legales emprendidas por Benjumea se producen además pocos días después de que la citada Inversión Corporativa (agrupa a las familias Benjumea, Abaurre, Guardiola, Solís y Sundheim) presentara solicitud de preconcurso en Sevilla (donde tiene su sede social). La entrada en vigor de la orden dada por BME (gestor de la bolsa) a instancias de la CNMV para permitir a las acciones del Continuo cotizar por debajo del precio mínimo de un céntimo ha derrumbado el valor de las acciones de la empresa. Tanto las tipo B (afectadas por esa eliminación del suelo de cotización y que se venden a 0,004 euros) como las A (con 10 veces más derechos políticos, que son las que mayoritariamente posee IC y que han perdido casi la mitad de su valor en este año, hasta 0,17 euros).

El expresidente exigió una junta extraordinaria para que Abengoa (cuya cúpula apoyó la medida de BME y la CNMV) tomara medidas que contrarrestaran el 'split'. Pero esa junta no reunió a inicios de septiembre el quórum necesario. Hay que recordar también que, tras conocer la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional a inicios de enero, Benjumea emitió un comunicado en el que volvía a cargar contra Santander y Echenique por obligarle a dejar el cargo en pleno proceso de ampliación de capital.