Choque entre Gobierno y Banco de España con las exigencias a la banca en hipotecas

La banca se encuentra entre las pretensiones del supervisor y las amenazas del Gobierno. Las entidades tendrán que asumir el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que no podrán deducirse desde 2019, y además se ha deteriorado una vez más su reputación. El Ejecutivo quiere que el nuevo coste no se repercuta al consumidor y alude a la competencia, pero el Banco de España (BdE) incide en la necesidad de apuntalar la rentabilidad.

El argumento del BdE está encuadrado dentro del foco que ha puesto la supervisión europea. El entramado supervisor que comanda el Banco Central Europeo (BCE) tiene entre sus objetivos que la banca vuelva a tener niveles de rentabilidad que superen el coste del capital. Esto es, que generen más dinero del que reclaman los inversores para realizar una inversión, algo que no ha sucedido así de forma mayoritaria durante la última década.

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El BCE, y por extensión el BdE —que está dentro del órgano de supervisión MUS—, apunta a la rentabilidad como requisito de sostenibilidad a largo plazo. En otras palabras, para que generen capital suficiente. Por ello, “los supervisores están muy insistentes con la rentabilidad, y dicen abiertamente que cobremos más comisiones y hagamos mejor negocio, incluso de forma sutil lo expresan en público”, asegura un banquero. “El supervisor quiere que el precio incorpore todos los costes”, añade otro ejecutivo.

Esta idea choca con los mensajes del Gobierno. El propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró al anunciar el decreto ley para cambiar el sujeto pasivo del AJD que “cree y espera” que la banca no repercuta el coste al cliente, y recuerda la “competencia” del mercado hipotecario. La creación de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros reforzará la defensa de los consumidores, añadió la ministra de Economía, Nadia Calviño. Al impuesto se suman el resto de gastos hipotecarios que, salvo la tasación, pagará el banco tras el acuerdo político en el Congreso esta semana con la reforma de la Ley Hipotecaria.

Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró esta semana que el organismo vigilará que no haya acuerdos en el sector. “Quien crea que puede ocurrir es que no conoce cómo funciona el mercado, no hay reuniones secretas en las que fijamos precios. Ni nos ponemos de acuerdo y encima damos la imagen de que sí”, lamenta un ‘primer espada’ de la banca.

Sensibilidad a los precios

La teoría económica dice que el pago efectivo de un impuesto que se añade sobre el precio de un producto (AJD sobre la hipoteca) se reparte entre vendedor y comprador en función de la sensibilidad que tienen ambas partes al precio, lo que en la jerga se conoce como elasticidad. El nivel de competencia es clave para la elasticidad de oferta y demanda, así como la necesidad de adquirir el bien, en este caso el préstamo hipotecario. De hecho, en un caso extremo, la ley de Dalton dice que es irrelevante quién sea el sujeto pasivo de un tributo.

En cualquier caso, los supervisores llevan tiempo preocupados con la posibilidad de que los bancos vendan a pérdidas. Esto es, que el precio que cobren sea menor que el coste que soportan. La inquietud surgió hace dos años cuando los tipos de interés se desplomaron con la política del BCE y el euríbor, referencia para la mayor parte de hipotecas, entró en territorio negativo. Si el precio baja del valor razonable de mercado, el banco debe apuntárselo como pérdida. Un ejecutivo asegura que, directamente, las entidades no van a poder vender por debajo de coste, y “muchas hipotecas están en el límite de no ser rentables, barrera que podrían sobrepasar si la banca asume el AJD”.

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La circular del Banco de España con la que trabajan las entidades recoge un mensaje claramente contrario al del Gobierno. Pide a los bancos que incorporen en el precio todos los costes, implícitos y explícitos, y una prima de riesgo. La propia subgobernadora, Margarita Delgado, hizo referencia en su primer discurso público a la política de fijación de precios. “Tradicionalmente se han venido prestando servicios a los clientes que no se cobran explícitamente y cuyo coste se ha cubierto con el margen de intereses. Creo que es importante introducir transparencia y rigor en la fijación de precios”, señaló en octubre en un encuentro organizado por Deloitte y ‘Expansión’. “La fijación de precios es uno de los elementos que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) incluye en los resultados de su revisión temática entre los aspectos sobre los que recomienda a las entidades hacer mejoras”, añadió Delgado.

“El mensaje de la subgobernadora va en la misma dirección que el BCE. A los supervisores les preocupa el reto de la rentabilidad”, insiste un ejecutivo. El Banco de España estima que el coste del capital supera el 10% en la banca. Sin embargo, la rentabilidad sobre el capital de la actividad bancaria española se sitúa en el 7,6%, por encima de la media europea pero lejos de cubrir el coste del capital. Solo Bankinter y BBVA lo superan.