Moncloa apoyará a los nuevos competidores digitales de la banca para abaratar hipotecas

La polémica entre la banca y las instituciones del Estado por los gastos hipotecarios y la descontada subida de las comisiones por parte de las entidades financieras ya tiene una respuesta oficial desde Moncloa. Según una declaración oficial en respuesta a una pregunta del Partido Popular sobre cómo iba a evitar repercutir en los ciudadanos la nueva regulación, el Gobierno asegura que fomentará el desarrollo de los nuevos competidores de los bancos tradicionales, especialmente las aplicaciones tecnológicas y los establecimientos financieros de crédito, para forzar a los grandes transatlánticos a no subir los precios de sus productos estrella.

Esta declaración la hizo el Ejecutivo el pasado 8 de octubre para responder a una diputada del PP que había preguntado si el nuevo impuesto anunciado por Pedro Sánchez contra la banca acabaría pagándolo el bolsillo de los clientes. El Ejecutivo socialista contestó que en ese momento se encontraban “en fase de estudio distintas opciones para que las entidades de crédito contribuyan en mayor medida al sostenimiento de las cargas públicas”.

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Según fuentes gubernamentales, la respuesta es perfectamente aplicable al debate surgido por la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia que beneficiaba a los ciudadanos en referencia a los gastos hipotecarios y el posterior real decreto del Gobierno que carga estas tasas contra la cuenta de resultados de la banca. Una serie de decisiones controvertidas que han avivado el debate sobre un más que posible aumento de las comisiones contra los clientes por parte de la banca.

Desde el Gobierno, se indica que “hay que recordar que las entidades de crédito también tributan por el impuesto sobre sociedades, y eso implica más opciones que establecer un impuesto propio a la banca”.

No obstante, “respecto a las medidas para garantizar que la banca no transfiera el coste del nuevo impuesto a los usuarios y clientes, hay que partir de la base de que en el ordenamiento jurídico español la fijación de comisiones y tipos de interés es libre”. Lo cual es positivo, desde el punto de vista de Moncloa, ya que “el principal factor limitante de una transferencia de un hipotético impuesto a los clientes es el elevado nivel de competencia en productos y servicios bancarios”.

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Aunque tras la crisis financiera el número de entidades con peso específico en el sector se ha limitado a apenas cinco grupos con presencia nacional (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia), más otro colectivo reducido con una red más local, como Unicaja, Abanca, Liberbank, Ibercaja y las cajas rurales, el Gobierno sostiene que “en España subsisten 163 entidades de distinto tamaño, desde cooperativas de crédito de ámbito local hasta bancos de alcance global”. Pero especialmente hace hincapié en la llegada de los nuevos competidores digitales.

“Mediante el uso de las nuevas tecnologías y la implantación de la zona única de pagos en euros [SEPA o 'single euro payments area'], nuevas entidades de crédito, tanto españolas como de la Unión Europea, comienzan a prestar servicios por internet”, argumenta, por lo que, en su opinión, un incremento de los precios en el sector bancario hace más atractivos los servicios de estas nuevas entidades. En su opinión, “en un contexto de desarrollo de las nuevas tecnologías, las empresas tecnológicas comienzan a convertirse en competidoras relevantes de los bancos en la prestación de servicios financieros. Algunas ya ofrecen servicios de pago y pronto podrían comenzar a ofrecer otros servicios”.

Por si no fuera poco, el Ejecutivo de Sánchez destaca el desarrollo en los últimos años de la financiación no bancaria gracias a alternativas como el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) o las plataformas de financiación participativa, donde están acudiendo empresas de pequeño y mediano tamaño para levantar fondos al margen de la banca, emitiendo valores de renta fija, como bonos y pagarés. “La traslación a precios de un mayor gravamen relativo a la banca puede hacer más atractivas estas formas de financiación”, concluye, no sin avisar del “papel de la política de defensa de la competencia como salvaguardia de posibles pactos colusorios en precios”.