El Gobierno, empujado a cambiar su decreto de hipotecas por olvidar las cajas rurales

El decreto ley sobre las hipotecas iba a traer seguridad jurídica al sector después del caos generado por el Supremo. Pero ha provocado lo contrario en las cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Tras desvelar este diario que un olvido en la norma las exime del impuesto todas temen la llegada del lunes. Cajamar, la mayor de ellas, ha anunciado que de momento pagará el tributo pero que espera "clarificaciones". Caja de Zamora dice que no lo pagará y otras reclaman a Hacienda que confirme su interpretación de que están exentas. "No queremos otro lío jurídico", resumen fuentes del sector. Todos creen que el Gobierno tendrá que modificar su decreto ley en la tramitación parlamentaria. No ha durado ni 24 horas con su redacción actual. Hacienda no quiso hacer comentarios pero la oposición da por hecho que el Congreso lo cambiará.

A final de agosto, el Gobierno aprobó el decreto ley para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. La redacción no incluia ninguna cautela para evitar que el dictador acabara enterrado en la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid. Ahora, según ha anunciado, su plan es modificar ese decreto pero en la tramitación parlamentaria como ley. PP y Ciudadanos no tienen prisa y hasta 2019 no se dará el cambio.

Cajamar ha anunciado que pagará el impuesto hasta que se "clarifique" el asunto. La de Zamora dice que ni lo pagará ni lo cargará al cliente

Eso da una idea de los problemas que tiene dejar un cabo suelto en un decreto ley. El de Franco es un problema político, pero el agujero que hay en el decreto ley de las hipotecas es económico y afecta a miles de oficinas de cajas rurales y cooperativas de crédito que el lunes no sabrán a ciencia cierta si tienen que pagar o no el impuesto de actos jurídicos documentados, unos 3.500 euros de media por hipoteca.

Como desveló este diario, el decreto ley aclara que son los bancos -"el prestamista"- quienes deben pagar ese tributo. Pero el Ejecutivo olvidó que cajas rurales y cooperativas de crédito -un 5% del mercado- están exentas de ese impuesto desde 1990. Hasta ahora ese impuesto lo pagaba el cliente y no había diferencia. La ley de 1990 estaba pensada para eximirles del tributo cuando pedían un préstamo pero su redacción es tan amplia que puede afectar también a cuando lo suscriben.

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Este diario no ha obtenido respuesta del Ministerio de Hacienda, que está analizando la situación. Pero ni la exposición de motivos del decreto ley, ni la referencia del Consejo de Ministros que lo aprobó, ni la rueda de prensa posterior dan pistas de que fuera deliberado. De hecho, en el Ejecutivo hubo quien recibió con sorpresa la publicación.

Lo mismo ocurrió en el sector. La propia patronal Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) había participado con las de los bancos y cajas, AEB y CECA, en los comunicados sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), pidiendo seguridad jurídica y aceptando la decisión del Supremo, antes de conocerse el real decreto ley del Gobierno. Ahora, Unacc está en fase de análisis sobre las implicaciones.

Un diputado de la oposición explica que el cambio de sujeto pasivo para que la banca pague el impuesto de las hipotecas se tramitará como proyecto de ley en el Congreso, porque el Gobierno no tiene votos para impedirlo. En este caso, la exención para las cooperativas "tiene toda la pinta de caerse". Si no, se podría considerar "una ayuda de Estado de libro", y el resto de la banca podría llevar el asunto a Bruselas y considera que "lo ganarían". No obstante, los bancos tienen miedo a realizar cualquier acción que les vuelva a poner en el disparadero.

Ventaja competitiva

Ninguna caja rural consultada esperaba la normativa, que les da una ventaja competitiva respecto a la banca y que además reducirá la recaudación del impuesto cedido a las comunidades autónomas. Cajamar, la mayor de ellas y líder en la provincia de Almería, anunció que "las 19 cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajamar se hacen cargo del pago del IAJD desde la entrada en vigor del real decreto ley, y por tanto desde el próximo lunes en las operaciones de préstamos hipotecarios que se vayan formalizando". Eso sí, añadió que lo hacen "a la espera de su clarificación". Caja Rural de Zamora, por su parte, ha indicado que ni cargarán el tributo a los clientes ni lo asumirán, siguiendo la ley actual, según informa la 'Cadena SER'.

Las cajas rurales no quieren nuevos problemas jurídicos y temen que si no lo pagan el Gobierno acabe actuando contra ellas y que el caso acabe judicializado y de nuevo a expensas de una interpretación de los tribunales. Aunque por más que los departamentos jurídicos han pasado el fin de semana releyendo las normas no encuentran cómo les pueden obligar a pagarlo. "Se abre un bonito debate en nuestras cajas rurales. En la ley estamos exentos pero vamos a tener diversión", pronosticaba un asesor jurídico de las cajas rurales. "La normativa fiscal es clara, y no vemos posible que se nos pida pagar el impuesto si no se añade explícitamente en la convalidación del decreto ley, pero aun así estamos estudiando si Hacienda nos podría pedir pagar el AJD", añade otro asesor jurídico.

"Llegar a los tribunales por impugnar un AJD si Hacienda nos lo pide sería difícil, pero estrictamente es lo que dice la ley, tenemos la exención. Pero estamos a la espera de cómo puede interpretar Hacienda el decreto ley y la norma fiscal sobre cooperativas", señala un ejecutivo de la banca cooperativa. No es la primera vez que un Ejecutivo se olvida de esta parte del sector financiero. Con la incertidumbre política derivada del 'procés', el real decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy en octubre de 2017 que facilitaba los cambios de sede se refirió a las sociedades anónimas -incluyendo los bancos-, pero sin incluir a las cooperativas de crédito, que operan por acuerdos asamblearios.

En cualquier caso, las cooperativas admiten la ventaja competitiva. Desde la banca rechazan un impacto relevante en la mayor parte de los territorios donde tienen más negocio, ya que las cajas rurales apenas tienen presencia en las grandes ciudades. De hecho, fuentes del sector descartan movilizarse para presionar al Gobierno con un trato igualitario sobre el impuesto de las hipotecas para evitar más daño reputacional.

Hacienda no quiso comentar si cambiará el decreto. En cualquier caso, el periodo de incertidumbre está garantizado porque hasta que el Congreso no lo convalide -lo tiene que hacer en menos de un mes- no hay forma de presentar enmiendas. De ahí el texto lo tiene que aprobar el Congreso, luego el Senado y de vuelta al Congreso. Con el parón legslativo por Navidad, hasta primavera no se podría enmendar. Salvo que el Gobierno opte por otro decreto ley para modificar este decreto ley. Podría intentar una corrección de errores en el BOE pero es algo reservado a erratas, no a fallos del Ejecutivo.

Peso de las cooperativas

El número de hipotecas constituidas este año oscila en torno a las 40.000 al mes, según datos del INE entre enero y agosto. Casi el 90% de estos préstamos está concedido por cajas de ahorros o bancos, mientras que el resto son, mayoritariamente, de las cooperativas de crédito. Es decir, en torno a 4.000 hipotecas al mes escaparán del impuesto AJD según el último decreto ley y la exención fiscal que recoge la norma que regula su fiscalidad.

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Las cooperativas de crédito, según su patronal Unacc, cuentan con más de 3.200 oficinas, lo que supone el 12% de las 26.000 sucursales que tienen las entidades de crédito, según los últimos datos del Banco de España. Su importancia radica especialmente en áreas rurales donde tienen influencia relevante, aunque también hay otras como Arquia o Caja de Ingenieros, enfocadas a ciertos colectivos profesionales, que tienen la mayor parte de su negocio en grandes ciudades. El número de empleados de las cooperativas superó los 12.000 al cierre de 2017, frente a los 192.000 del sector bancario. Es decir, con un peso del 6%.

La banca cooperativa generó un beneficio neto de 455 millones de euros en 2017, gracias principalmente a la contención de gastos y el incremento de ingresos por comisiones, como todo el sector. El balance aumentó un 5%, con una cifra de 55.000 millones de euros en préstamos a la clientela. Los números se comparan con unas ganancias de la banca en el pasado ejercicio de 15.000 millones, con lo que la porción en el beneficio total, del 3%, es inferior al peso de la red comercial y la actividad hipotecaria.